No tengo la pretensión de poner de manifiesto que los gobiernos del PP, contrariamente a lo que explican, han subido la presión fiscal en España; de eso ya se han encargado los organismos internacionales independientes simplemente publicando las cifras oficiales. Pretendo poner de manifiesto que cuando el gobierno dice que el nuevo impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos era necesario para financiar la sanidad, no está diciendo toda la verdad.

En síntesis, el nuevo impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, introducido como una enmienda del PP al propio proyecto del Gobierno de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social para evitar un debate más amplio que si lo hubiera introducido en el proyecto inicial, consiste en un recargo sobre el precio de las gasolinas, gasóleos y queroseno de uso general de 24 euros por cada mil litros, de seis euros por mil litros de gasóleo de usos especiales y de calefacción y para el queroseno de calefacción y un euro por Tm. para el fuelóleo; en lo que se refiere al tramo estatal del impuesto más unas cantidades similares que podrán ir adicionando las comunidades autónomas; que pagarán los consumidores de dichos productos y que deberán ingresar en la Administración tributaria los vendedores de los mismos.

Si la única pretensión hubiese sido recaudar más ingresos, simplemente el gobierno podría haber aumentado el actual impuesto sobre hidrocarburos, mucho más fácil de recaudar puesto que se paga en origen y no es necesario implicar ni a todas las gasolineras, ni a una Administración tributaria que no están preparadas para hacerlo. Pero hacerlo así habría hecho aparecer al gobierno como responsable de la subida, cuando se había comprometido a lo contrario en las anteriores movilizaciones por la subida de los carburantes, y no a las comunidades autónomas y a la financiación sanitaria que es como el gobierno lo ha explicado.

La subida de las gasolinas además, al menos hasta ahora, no ha tenido una respuesta ciudadana de protesta porque ha quedado enmascarada con la entrada en vigor del euro, con lo que el precio real no parece haber variado por decisión gubernamental sino por el llamado redondeo.

Los ingresos previstos por este nuevo impuesto suponen alrededor de 811 millones de euros (unos 135.000 millones de pesetas).

Pero estos mayores ingresos, que pagaremos entre todos los consumidores son necesarios, no para financiar los gastos sanitarios, sino para financiar la merma de ingresos que la Hacienda Pública tendrá con el nuevo tratamiento fiscal que el gobierno ha introducido para las plusvalías (ingresos extraordinarios). También muy sintéticamente, el Gobierno ha introducido en el Impuesto sobre Sociedades modificaciones que harán que quienes reinviertan los beneficios extraordinarios, paguen el 18% de impuestos en lugar de pagar el 35%. Como puede verse, una buena rebaja para aquellos que tengan plusvalías.

¿Quién tiene plusvalías? Según afirmaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las empresas han generado alrededor de 700.000 millones de pesetas en 2.001 y generarán alrededor de 850.000 millones en 2002. ¿De dónde vienen esas plusvalías? No de la actividad normal de las empresas sino fundamentalmente de las grandes empresas que eran de todos y han sido privatizadas y de grandes empresas que controlan sus sectores y se han querido fusionar, teniendo que desinvertir por razones de defensa de la competencia, a las que el Gobierno ha recompensado en la ley con esta desgravación.

Aunque es cierto que antes tenían un tratamiento aplazado para la cotización y por tanto a corto plazo se puede ingresar más, no así al final que se perderán ingresos claramente, lo que es verdad es que el Gobierno del PP les ha hecho un buen regalo a estas empresas rebajándoles el pago del 35% al 18%, la misma cotización que las rentas del capital y muy por debajo de lo que se paga por rendimientos de trabajo o por actividad empresarial.

Aunque los ingresos perdonados sean difíciles de calcular porque también podrían acogerse a otras exenciones, lo cierto es que superarían en mucho los 811 millones de euros que se espera obtener por el nuevo impuesto sobre las gasolinas supuestamente como se ha dicho para financiar la sanidad y eventualmente temas de medio ambiente en el tramo autonómico.

No entraré a valorar si el nuevo tratamiento fiscal dado a las plusvalías es bueno o no. Todo el mundo puede hacer su valoración pero en primer lugar sería pronto para hacerlo porque todavía no sabemos el resultado que dará para el futuro de las empresas y sus posibilidades de crecimiento y creación de empleo, aunque parece que las grandes empresas despiden más.

Lo que sí puedo decir es que las grandes empresas después de privatizadas, no parecen haber incrementado sus inversiones en mejorar los servicios e investigar. Tampoco parece que las empresas eléctricas después del regalo para adaptarse a la competencia de más de un billón de pesetas que el Gobierno les ha dado, hayan mejorado mucho su gestión, si nos atenemos a los últimos cortes de suministro.

Lo que sí es evidente es que el Gobierno ha trasladado el impuesto de las empresas que tienen beneficios extraordinarios, es decir no por su actividad normal, a todos los consumidores de hidrocarburos sin distinción. Y lo ha hecho además siguiendo una mala técnica legislativa mediante enmiendas en el Senado, y justo antes del cambio del Impuesto sobre Sociedades que tiene previsto hacer y además, a través de una ley, la de acompañamiento del presupuesto que todos los años, sin saber siquiera el resultado que da, modifica la legislación fiscal e impide por tanto planificarse a empresas y particulares.

Todo un derroche de virtudes y centrismo, como se puede ver.