La reforma valenciana del Estatuto de autonomia

La reforma valenciana

Hace años que en las Cortes Valencianas se constituyó una ponencia para reformar nuestro Estatuto de Autonomía y aunque en 1982, cuando se aprobó el primer texto, logramos las máximas competencias que entonces poseían tan sólo algunas comunidades autónomas, al tener que hacerlo por una vía singular, la del artículo 143 de la Constitución, más Ley Orgánica de Transferencias, a muchos nos pareció que el Estatuto, por voluntad de la derecha gobernante de entonces, había salido cualitativamente (políticamente) mermado: Por un lado, las competencias asumidas, especialmente en educación y sanidad, aunque nunca tuvimos ningún problema para ejercerlas, lo cierto es que no fueron realmente nuestras hasta la derogación de la Ley Orgánica de Transferencias a la Comunidad Valenciana (Lotrava). Por otra parte, no se podían disolver anticipadamente las Cortes, sino que había que hacerlo a fecha fija y celebrar elecciones junto con las municipales y otras doce comunidades autónomas, de forma obligada y no por elección.

Finalmente, la vía seguida para la consecución de la autonomía impedía al pueblo valenciano pronunciarse sobre su Estatuto en referéndum, ya fuera para una aprobación inicial o para una posterior reforma, aunque sí se consiguió al menos que las Cortes Valencianas tuvieran la última palabra en su aprobación o no tras su paso por las Cortes Generales.

Todas estas cuestiones se han superado con la actual reforma estatutaria. Después de que el Gobierno Aznar mantuviera cerradas las expectativas de reformas que se tradujeron en los más peregrinos pretextos por parte del PP en la ponencia que trabajaba en las Cortes Valencianas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abrió de nuevo las posibilidades de cambio promovidas por los parlamentos autonómicos, sin mas límites que un amplio acuerdo para su aprobación y el respeto a la Constitución, siempre que se garantizara que eran de interés para todos.

Elevar el nivel cualitativo del Estatuto de Autonomía de los valencianos era, para el Partido Socialista, una obligación moral, y así lo entendió nuestro secretario general. Adaptarse a las nuevas circunstancias después de más de veinte años de vigencia, especialmente en derechos sociales y libertades, desarrollo sostenible y defensa del medio ambiente, o en la mejora del funcionamiento de la administración de Justicia o la propia Hacienda, así como dar un tratamiento adecuado al nuevo fenómeno de la inmigración, no cabe duda que eran cuestiones de amplio interés general. Así pues, el Partido Popular en la Comunidad de Valencia tenía difícil negarse a la reforma. Ésta se encuentra ya en su fase de discusión en el Senado para la aprobación definitiva.

Aunque el acuerdo inicial en las Cortes Valencianas comprendía un apoyo muy amplio -sólo seis diputados de ochenta y nueve se oponían al mismo-, al pasar el proyecto de reforma de Estatuto a su discusión en el Congreso de los Diputados había una segunda oportunidad para incluir en el acuerdo a más grupos parlamentarios y el secretario general del PSPV-PSOE lo quiso intentar proponiendo algunas modificaciones: en particular, la que hacía referencia al porcentaje mínimo de votos para obtener escaño en el Parlamento valenciano.

Hay que decir que la propuesta no fue muy bien acogida por alguno de sus destinatarios, que llegaron a decir que como mucho serviría para negociar su abstención pero nunca su respaldo al Estatuto. Y sin embargo, pese al poco entusiasmo demostrado, Joan Ignasi Pla consiguió que el mínimo electoral para poder obtener representación saliera del Estatuto de Autonomía y pasase a ser materia de la Ley Electoral. No es un cambio menor, puesto que la reforma estatutaria no sólo requiere una amplia mayoría en las Cortes Valencianas para promoverse; también requiere mayorías absolutas en el Congreso de los Diputados y en el Senado para aprobarse, y es difícil pensar que con las mayorías requeridas puedan plantearse situaciones más favorables que la actual para su ratificación. En cambio, su remisión a la Ley Electoral, aunque también necesita una amplia mayoría para su aprobación, permite el debate político a lo largo de toda la legislatura, dejando al PP como un partido poco democrático si intenta excluir alguna opción y, sobre todo, separa este debate de las cuestiones identitarias que tantas veces se han utilizado como pretexto para impedirnos avanzar en la autonomía valenciana.

No es, pues, un éxito despreciable el conseguido por Joan Ignasi Pla en esta actuación. Seguir criticándola sólo presta un servicio: que el PP se sienta cómodo en su posición de negarse al cambio porque piensa que el Partido Socialista es quien paga el coste de su negativa.

Con esta reforma estatutaria hemos iniciado un proceso necesario que habrá de concluir con una mejora en la financiación, y en este punto la Generalitat tiene la obligación (la necesidad) de convencer a todas las comunidades autónomas, puesto que una y otra vez ha reclamado que se trata de una cuestión multilateral y no bilateral con el Estado.