Lo sustancial de la actual polémica, es que en España las pensiones son realmente bajas. Nuestro país, supuestamente uno de los más desarrollados del mundo, ofrece a 1.800.000 pensionistas una paga mensual menor de 45.000 pesetas. Además, el 70% de los más de cuatro millones de pensionistas españoles tienen una retribución mensual inferior al salario mínimo, hoy establecido en 69.270 pesetas.

El PSOE ha mantenido siempre un arraigado compromiso con el bienestar de los jubilados que es plenamente identificado por ellos y que genera en los conservadores una gran irritación. La etapa de Gobierno socialista supuso sustanciales avances en la dignificación de nuestros jubilados y la estabilidad y mejora de sus pensiones incluso en tiempos de crisis.

El Gobierno alardea de un periodo de bonanza económica, con recortes fiscales y grandes mejoras en las cuentas de la Seguridad Social. En los presupuestos de 99, el PSOE propuso aprovechar la favorable coyuntura para mejorar la situación de los pensionistas. Estas propuestas se han realizado en el Parlamento en varias ocasiones a lo largo de 1999. La Junta de Andalucía, antes de tomar su propia iniciativa, solicitó al Gobierno que diera un paso adelante. Sin embargo, el Gobierno rechazó de plano las modestas iniciativas socialistas afirmando que esas pretensiones eran inasumibles.

Los Pactos de Toledo contemplan la mejora de las pensiones más bajas si el estado de la economía lo permite. Además, señalan que en los presupuestos del 2000 debe verse reflejada la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. Las pensiones no contributivas deberán dejar de estar incluidas en el presupuesto de dicho organismo. La solidaridad con los ciudadanos que no pudieron cotizar debe ser asumida por toda la sociedad y no sólo por los trabajadores que financian con sus cuotas la Seguridad Social.

La Junta de Andalucía ha tomado una decisión sensata y comedida que supone 700 pesetas mensuales en 1999. No ha utilizado fondos de la Seguridad Social, sino los de su propio presupuesto. Esta decisión ha impulsado también iniciativas en otras comunidades como Cataluña. Aunque los socios del Gobierno aparecen algo incoherentes si se tiene en cuenta que hace tan sólo dos meses se unieron al Gobierno para rechazar en el Congreso una proposición socialista en el mismo sentido.

El Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional para bloquear la medida de la Junta. Pero esta intransigente posición sirvió para clarificar la legalidad de la medida. El Tribunal Constitucional no entró en el fondo de la cuestión, pero permitió a la Junta de Andalucía aplicar la subida.

Estamos claramente ante una polémica generada por la falta de iniciativa y de sensibilidad social del Gobierno. La mejora de las pensiones no contributivas y de las pensiones más bajas, hoy en límites inaceptables, es una exigencia del momento actual que vive nuestro país y con la necesaria prudencia será necesario seguir avanzando en este camino de justicia.

Joan Lerma es secretario federal de Empleo del PSOE.