El día 15 de Junio de 1977, los ciudadanos españoles acudían a votar en unas elecciones libres, después de una larga dictadura en la que los derechos más elementales a la libertad de expresión, reunión o asociación entre muchos otros, no podían ser ejercitados. Algo que, afortunadamente, hoy resultaría incomprensible para cualquier ciudadano.

Los diputados y senadores elegidos en las elecciones, elaboraron y aprobaron una Constitución. Después esta pasó a Referéndum y fue ratificada por una amplia mayoría de ciudadanos españoles y posteriormente se disolvieron las Cortes y se celebraron nuevas elecciones, de acuerdo con la nueva Constitución.

Aunque ahora desde la distancia todo parezca que fue un camino previamente trazado, esto no responde a la realidad, ya que los protagonistas fueron los ciudadanos quienes, con sus votos, hicieron posible que las primeras Cortes fueran constituyentes, hecho que no quedo claro en la convocatoria de las elecciones. Y forzaron, no dándole mayoría absoluta a un gobierno designado y creando un fuerte partido en la oposición, el PSOE, y unas minorías nacionalistas sólidas, las condiciones para que la Constitución necesariamente hubiera de contar con todos.

De los constituyentes de entonces se pueden decir muchas cosas positivas, pero sin duda la más importante es que supieron interpretar correctamente el mandato que habían recibido de sus electores, quienes fueron los auténticos protagonistas de esta historia. Un voto mas desequilibrado a favor del gobierno o una mayor representación de quienes se denominaban a sí mismos como los sucesores del franquismo sociológico hubiera dado como resultado una Constitución distinta, mas cerrada y sin duda no habría tenido la capacidad de integración de la que hoy celebramos.

Sin embargo su vigencia representa un equilibrio delicado. En esta ultima legislatura especialmente, hemos asistido casi a un intento de apropiación por parte del gobierno y a la negativa a cualquier interpretación que no sea la suya, así como a negar cualquier modificación.

Solo desde esta perspectiva cerrada puede entenderse que el Patrón de los empresarios José María Cuevas diga en una intervención que “en las próximas elecciones generales no se hablará de economía, sino de la unidad de España” y que el candidato a presidente Mariano Rajoy, diga algo similar. Que hoy se hable de la unidad de España no es sino el resultado de una interpretación excluyente de la Constitución que sin embargo recoge la pretensión contraria.

El título VIII en el que se recoge la organización territorial del Estado, en su día muy criticado por los conservadores, lo cierto es que fue un modelo de integración. En él, además de la Administración local, se recogen las Comunidades Autónomas y sus competencias y aunque muchos reclamaban un cierre, en este caso no solo conservadores sino también algunos progresistas con voluntad más centralizadora ó simplemente por establecer una mayor claridad en la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, lo bien cierto es que los constituyentes, atendiendo a la complejidad y diversidad de la situación española, dejaron abierta la distribución competencial, que a través del articulo 150.2 puede ser modificada en función de circunstancias que no necesariamente son previsibles y que dan una garantía a cualquier gobierno para trabajar por la integración de todos en la Constitución.

Al margen de que los responsables primeros de haber abandonado el actual marco constitucional porque según ellos les queda estrecho, son los que lo han hecho, y me estoy refiriendo al actual gobierno vasco por ejemplo, creo que hay una responsabilidad directa en el gobierno por haber utilizado de una manera cerrada y unilateral nuestra actual Constitución, que como hemos visto tiene una vocación claramente integradora de la diversidad de España y que hasta el actual gobierno en mayoría absoluta del PP no había tenido ningún problema.

Me gustaría añadir que para la vigencia de otros 25 años de libertad constitucional, deberíamos hacer la reflexión de hacia donde nos conduce la actual situación, aunque la razón no me acompañase en mi reflexión anterior: ¿a procesar al gobierno vasco? : ¿A suspender la autonomía del País Vasco vía art. 155 de la Constitución? ¿Van a cambiar de opinión por que hagamos eso? o por el contrario se van a reforzar en sus posiciones. Con ese clima de incertidumbre, ¿se van a hacer muchas inversiones?

Le podemos dejar hacer eso al actual gobierno o por el contrario, podemos hacer la política de integración y organización de la convivencia con el discrepante que nos mandata la Constitución y con ello, la tendremos vigente otros 25 años para poder tener libertad y pensar en un futuro mejor que también podemos construir

Joan Lerma

Valencia 6 de Diciembre de 2003.