El Consejo de Ministros  del 25 de Mayo, acordaba incorporar a la Sociedad Estatal de participaciones Industriales (SEPI) un conjunto de sociedades, entre ellas la agencia EFE o Transmediterránea, que estaban adscritas a la Dirección General de Patrimonio. Era el acto previo para seguir privatizando empresas publicas. Unos días antes el Gobierno había cambiado la Ley de Patrimonio del Estado para darse a si mismo esa facultad sin tener que pasar por el Parlamento. Después analizaremos las consecuencias de la falta de transparencia en la política de privatizaciones del PP, ahora veremos como esta política de no discutir los planes de privatización es un hecho insólito en la historia democrática española.

Cuando en 1964 se aprueba la Ley de Patrimonio del  Estado, todavía en plena Dictadura, para vender mas del diez por ciento de una empresa publica era necesaria una ley. Posteriormente la Ley General Presupuestaria de 1977 y el Real Decreto-Ley 1091/1988 Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria modifican esa situación atribuyendo la competencia al Consejo de Ministros. La anterior reordenación de participaciones del Estado en las empresas publicas, echa por el gobierno socialista en Junio de 1995 por Real Decreto-Ley fue posteriormente discutida en el parlamento como Ley, creando la Agencia Industrial del Estado y la SEPI.

El gobierno del PP al iniciar su acelerado proceso de privatizaciones de empresas publicasen 1996 tenia la opción de hacer una Ley  que explicase lo que pretendía hacer con las empresas públicas, que se pudiese discutir en el Parlamento por los representantes de la voluntad popular y dotar de transparencia al proceso de venta del patrimonio publico acumulado durante años, pero opto por la oscuridad  de que sus puntos de vista no se discutieran y aprobó en Consejo de Ministros el 28 de Junio de 1996 unas normas para la privatización con las que ha vendido alrededor de 5 billones de pesetas de patrimonio de todos los españoles.

¿Cuáles han sido las consecuencias de esta falta de transparencia?.Podemos decir ahora, ya transcurrido algún tiempo que los propósitos de modernización y mejora de la economía que aducía el PP como fines de las privatizaciones poco tienen que ver5 con el resultado final. Lo cierto es que se privatizo sin completar el proceso de liberalización de algunos sectores y nos hemos encontrado con que la resistencia a abrirse a la competencia  la estamos pagando con mayor inflación y por tanto menor competitividad mas algún que otro deterioro de los servicios que como en el caso de la telefonía y la dificultad de acceso a Internet ,dificulta nuestro proceso de modernización..

Lo cierto es que en el proceso privatizador del PP parece haber una fuerte carga ideológica mas que criterios de racionalidad económica puesto que como señalan Germá Bel y Anton Costas, los datos empíricos no revelan la evidencia de la superioridad sistemática de la gestión privada en empresas de gran dimensión que operan en sectores poco sujetos a la competencia”.

2)los ritmos de privatización de empresas dominantes en sus sectores no han respetado la secuencia reestructuración –liberalización-privatización con lo cual siguen habiendo monopolios en este caso privados que hacen que el consumidor pague mas caros los servicios.

3) Se aplicaron indebidamente ingresos por privatizaciones a la reducción de déficit de tal manera que tal y como señala un estudio (Verges, 1998) “el déficit Publico estatal en 1997 se redujo aproximadamente a la mitad de la cifra que aparecería de no existir los ingresos procedentes de las operaciones de privatización; y en 1998,la reducción habría sido aun proporcionalmente mayor”.

Concluiría diciendo que, sin entrar a discutir el fondo del proceso de privatización, seria bueno que los ciudadanos pudieran saber a través de sus representantes en el Parlamento cual es sentido de los planes privatizadores de Gobierno porque la anterior etapa de falta de transparencia ya hemos visto que no ha tenido un resultado positivo.