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SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 12 DE AGOSTO DE 1982 |
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El señor PRESIDENTE: La Presidencia estima que no ha lugar ya a más intervenciones, y por lo tanto, ruega al señor secretario, siguiendo el orden del día, proceda a leer la propuesta del grupo socialista, en cuanto al candidato.El señor SECRETARIO: ,,A la vista de la Asamblea de la Comunidad Valenciana, Vicente Antonio Sotillo Martí,en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de proponer como candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana al Diputado Ilmo. Sr. D. Juan Lerma Blasco. -Firmado: Vicente Antonio Sotillo. -Valencia, 6 de agosto de 1982.) El señor PRESIDENTE: Don Juan Lerma tiene la palabra. El señor LERMA BLASCO: señor Presidente, señoras Y señores Diputados: llegamos por fin a esta reunión, tras un largo camino preautonómico, camino en el que, necesariamente, han debido quedar muchas de las que fueron y siguen siendo ilusiones para los valencianos, pero que han dejado paso a la necesidad de la integración de los valencianos en un proyecto estatutario común. Cuando con frecuencia alguien se pregunta de qué han servido tantas salidas a la calle para reivindicar la autonomía, tantos pronunciamientos como nuestros ayuntamiento hicieron pidiendo la máxima autonomía, hay que responderle que para esto. Para que hoy estemos aquí, estas Cortes Valencianas provisionales, a juzgar el programa de un candidato a Presidente; a poder elegirle y a pedirle cuentas de su gestión, para que tengamos un Estatuto con las Compentencias que la Constitución garantiza a las nacionalidades históricas, y cuando un Estatuto como el nuestro se consigue, y en él hay constancia de algo tan importante como loque pretende expresarse con el término nacionalidad, que no es sino algo que indica la profundidad y la serenidad de la autonomía, es porque detrás hay un pueblo, un gran pueblo que, a pesar de todas las trabas que se le han puesto en el camino, a pesar de los intentos de confundirle, sigue creyendo en la autonomía como expresión de un derecho histórico y, también, como profundización de un proceso democrático, solidario y vertebrador. Para hablar de un programa de gobierno en esta etapa, con una duración que necesariamente es breve, hay que hablar del Estatuto y de cuál ha sido la voluntad de los socialistas en su elaboración. Era y sigue siendo previsible que, en una etapa de puesta en marcha de nuestra autonomía, se procure la mayor colaboración entre todos los sectores implicados en el proyecto, y, por tanto, era y sigue siendo necesario un pacto de institucionalización. De ahí que el período transitorio hasta las elecciones esté regido por un Consell que es de concentración de las fuerzas políticas parlamentarias en las eleccienes de 1979; pero este pacto, que quiero insistir de nuevo en SU necesidad, sigue siendo dificultado por 1.año de crisis de la representación política de los sectores conservadores Y SU dificultad para vincularlos al proyecto autnómico. . En consecuencia, el motor objetivo de nuestra autonomía en la etapa provisional, sólo puede ser una mayoría progresista en las Cortes Valencianas, abierta, tal y como ya se ha demostrado con la elaboración del Estatuto, a la integración de todos en la autonomía. De acuerdo con esta visión, la oferta socialista para esa mayoría se va a centrar en el desarrollo de las instituciones de autogobierno, administración pública y transferencias, politica territorial, desarrollo del modelo económico valenciano, política de empleo, política sanitaria y de bienestar y y educativo. Todo ello teniendo en cuenta el marco temporal necesariamente reducido en que nos movemos Y, Por reconociendo de entrada que nuestras pretensiones habrán de Ser modestas, pero sabiendo también que es mejor no prometer grandes cosas que después su incumplimiento pudiera decepcionar. En nuestra convicción, en el ejercicio del poder que pretendemos, la de garantizar la libertad para todos los ciudadanos, la de alcanzar progresivamente la transformación de las estructuras. Manifiesto que nuestro modelo de sociedad sigue siendo aquel en que la justicia, la solidaridad y la responsabilidad sean las virtudes de convencida y sila al práctica para todos. A pesar que las circunstancias históricas más recientes han venido sembrando la entre formulaciones teóricas y las actitudes, ocasionando rl fenómeno de que las conductas de muchos no sean, significadamente, ni congruentes ni apropiadas, quiero señalar que la ideología que represento, y bajo la que me esfuerzo en actuar en consecuencia, hace imposible el ccnfundir los ideales de plena democratización, de solidaridad y de progresismo, en 10s que creo firmemente y de 10s que nunca renunciaré. Porque democracia, solidaridad y progresismo son la clave de mi concepto del moderno humanismo que garantiza el desarrollo de nuestra especie y la liberación de las trabas que se oponen a una humanidad más libre, más justa, más perfecta (por encima de un mensaje partidiista). En estos momentos en los que señalo ante vosotros las claves de mi gestión como Presidente de la Generalitat Valenciana, quiero significaros, en primer lugar, mi concepción genérica sobre la Administración pública autonómica. Destacaré inicialmente la primacía de la Generalitat en el ejercicio del indudable poder político que tanto la Constitución como nuestro Estatuto de Autonomía le asignan. Claro está que esta primacía hay que concebirla dentro de un referencia1 marco estatal, que es España, patrimonio común de los españoles, y cuyo desarrollo y defensa es obra común que i n ~ ~ mab toed os. La solidaridad con las demás nacionalidades y regiones es. pues, complementaria Y no antitética con este de la primacía de nuestras instituciones autonómicas respecto de los demás entes territoriales, tanto locales como provinciales. La autonomía alcanzada por el pueblo valenciano no es, pues, una acumulación o yuxtaposición de ayuntarnientos y diputaciones o un macroconsorcio; no es tampoco un fenómeno de simple descentralización de servicios, funciones o administrativas; significa, por el contrario, la moderna concepción del derecho público, que pretende acercar viva y eficazmente al pueblo los órganas soberanos de autogobierno. Representa la concreción en el espacio, en el tiempo y en las instituciones formales jurídicas de potestades y de poderes basados en el pleno y total autogobierno, como garantía del servicio al pueblo del que indudablemente proceden. La Epaña de las autonomías es hoy el esfuerzo de adentrar en la entraña del pueblo a los órganos para garantizar así la participación en el poder, para profundizar en las conciencias las convicciones y los hábitos democráticos y para lograr el desarrollo de las virtudes cívicas más apreciadas. Esta concepción de la primacía política de la Generalitat dentro del territorio que le corresponde, supone el reconocimiento de la personalidad de los entes municipales, como el ejercicio autónomo por los mismos de las funciones administrativas que legalmente les corresponden.La autonomía municipal, manifiestamente reconocida por nosotros, será potenciada mediante las oportunas transferencia y delegaciones que en su favor estableceremos. Por otra parte, la referida primacía de la Generalitat supone también la necesidad de articular o coordinar con racionalidad a las corporaciones locales, garantizando la deseable eficacia de los servicios que los ayuntamiento deben prestar a sus poblaciones. Esta doble posibilidad, la dela autonomía y la de la coordinación de los entes locales, queda expresamente reconocida en los artículos 46 y siguientesde nuestro Estatuto de Autonomía. En estas cuestiones estimo que no es posible ni retomendable el separar la resolución de los problemas encompartimientos estancos, puesto que la indudable interconexión de los variados aspectos que concurren en toda problemática, harían ficticio y asistemático todo intentode solución por separado; así, entiendo que entre la función administrativa que corresponde ejercitar a las corporaciones locales y las potestades políticas del ente autonómico no debe producirse separación, sino que, en mi creencia y en mi propósito, es necesario, por el contrario, que se produzca la lógica coordinación. Si dicha coordinación existe, se garantizará, en beneficio de las poblaciones, la sistematización de las funciones, la armónica pltnificación y la atribución óptima de las competencias administrativas. Una visión globalizada de los problemas que tradicionalmente aquejan a nuestros ayuntamientos, permitirá, gracias a la articulación o coordinación de soluciones,sin duda y sin quebranto del principio de autonomía municipal, la oportuna aplicación de los correspondientes recursos, superando el alcance de medidas individualizadas, que siempre pecan de parciales.La coordinación entre los entes locales y la Generalitat parte, y lo respeta profundamente, del principio y de las consecuencias de la significación de la autonomía administrativa de dichas corporaciones, y supone sólo la dirección funcional y lógica de los esfuerzos de todos hacia una meta ya inicialmente determinada con toda claridad: el pleno desarrollo económico, social y cultural de las poblaciones vdencianas. Quiero igualmente manifestar nuestra voluntad de proceder a la institucionalización de la llamada división comarcal, configurando como entes locales las circunscripciones territoriales correspondientes que agruparán a 10s distintos municipios valencianos, para la prestación de servicios y gestión de asuntos comunes. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 141-3 y 152-3 de la Constitución española y en el artículo 46 de nuestro Estatuto. Entiendo que, en la formulación de un modelo racional de comarcalización, su aceptación por las poblaciones interesadas y su institucionalización generarán los beneficios derivados de la aproximación de las potestades administrativas y de las decisiones públicas a sus fuentes populares, garantizarán la funcionalidad de los costes de prestación de servicios y, sobre todo, representará una alternativa de dimensiones sociológicas a las actuales, y muchas veces irracionales, corrientes migratorias y flujos económicos. Por lo que se refiere a las Diputaciones provinciales, las consideramos como entes territoriales encargados de la prestación de determinados servicios, en régimen legal de descentralización. Señalo que reconocemos en favor de estos entes provinciales las facultades de administración autonóma que la Constitución establece en su favor. Ahora bien, dicho reconocimiento no implica la abdicación por nuestra parte de 10s principios de coordinación,control y dirección que corresponde ejercer a la Generalitat sobre las Diputaciones valencianas y que con toda claridad se determinan en el artículo 47 de nuestro Estatuto de Autonomía. Esta dimensión de la primacía de la institución autonómica resulta, evidentemente, de su propia esencia Y virtualidad Jurídica, puesto que, como sujeto que es de soberanía territorial, está innegablemente dotada de facultades políticas, que trascienden y superan las netamente administrativas que corresponden solamente a las Diputaciones provinciales. Desde otro punto de vista, que estimo también de significada trascendencia, la consecución de nuestra plena autonomía representa para nosotros la consagración del principio de la participación de los ciudadanos en el POde', así como la de su efectiva implantación. La participación de la población en las potestades administrativas supone la necesaria determinación y la subsiguiente puesta en marcha del conjunto de medidas que garanticen el logro de dicho concepto. En este sentido, quiero afirmar que, reconociendo la Suma importancia del fenómeno democrático, dentro del juego electoral Y de la representación política, no nos basta alcanzar y perfeccionar dicha meta; ambicionanios con toda nuestra voluntad y toda nuestra imaginación una dimensión de la administración pública en la que nuestros ciudadanos puedan estar presentes. Pretendemos la presencia del pueblo en los procesos de planificación y elaboración de programas, en el control de las decisiones administrativase incluso en los procesos de gestión de todos los servicios. La participación de los ciudadanos en la vida administrativa, indudablemente, generará como fruto el incremento de la responsabilidad cívica, la cooperación ciudadana la eficacia en la prestación de los servicios. Esta concepción nuestra supone la superación que, sin duda, todos los presentes pretendemos de los rígidos esquemas que presidieron las actuaciones del Estado centralista y autoritario, cuya defensa, la de los principios, a todos nos corresponde. Quiero seguidamente, desde mis postulados de afirmación de libertad para todos que se enraízan tanto en la Constitución como en nuestro Estatuto, expresar mi concepto de la Administración pública autonómica como poder político, cuyas potestades deben, inexorablemente, tener como límites el ordenamiento jurídico y la exigencia de que todas sus actuaciones esten presididas necesariamente por el principio de la legalidad. El cumplimiento y la inexcusable sujeción a las leyes será el postulado esencial del gobierno autonómico cuya presidencia ostentaría. No caben en este sentido otras interpretaciones. No será admitida ninguna actuación pública que contradiga o no tenga en cuenta lo que la ley establece. Estoy firmemente convencido que la consolidación del moderno Estado de las autonomías, que todos los demócratas pretendemos, supone el rechazar con todas nuestras fuerzas cualquier quebrantamiento del llamado principio de legalidad. Esta convicción servirá de ejemplo a los que pretendan la destrucción del sistema democrático. No aceptaré, pues, desviaciones de ningún tipo en esta materia y no toleraré la infracción de la ley. Decidida y definitivamente entiendo que debe garantizarse plenamente la subordinación de todos los actos, potestades y competencias de la Administración pública a lo que las vigentes disposiciones legales establezcan. Este expreso y rotundo reconocimiento del sometimiento de la Administración pública autonómica a la ley, así como el que formulo de la necesaria divisi6n de los poderes políticos que con toda eficacia servirán a la resolución de los asuntos en función de sus respectivas competencias legislativas, judiciales y ejecutivas, son, a mi juicio, la inequívoca garantía de la defensa y protección de los derechos públicos subjetivos. Por ello, entiendo que esta finalidad, que todos debemos pretender, debe quedar instaurada formalmente; impulsaré la presentación ante esta Asamblea legislativa del oportuno proyecto de Ley de Régimen Jurídico de la Administración Auttonómica de la Comunidad Valenciana, en la que se establezcan los diferentes niveles de poder y de sujeción de los mismos a la norma. Aspiro, pues, a instaurar una administración que garantice eficazmente el régimen de libertades públicas, sin merma de pretender también la consecucióii del bienestar común y, desde luego, la concreción de un sistema que garantice la actuación, con racionalidad y eficacia, de la Administración autonómica en el ejercicio de sus atribuciones. Por ello, quiero con toda claridad determinar mi propósito de que la Generalitat ejercite con todo rigor todas sus facultades, en beneficio de todos los valencianos. Así excitaré continuadamente a todas sus instituciones de autogobierno, para que sin excusa ejerzan tanto sus competencias exclusivas las llamadas de validez provisional y las de ejecución, que nuestro Estatuto sistematiza en sus artículos 23-26 a 43. Sólo el ejercicio pleno por la Generalitat de las competencias, tanto las que son constitucionalmente propias como las que le han sido delegadas y atribuidas, garantiza la progresión y el camino hacia la democratización y el general bienestar. Por ello, estimo que en esta materia no cabe ni es posible la dejación de fuero o la renuncia de atribuciones. La autonomía no es renunciable. Significo, en este ámbito de lo competencial, que asumiremos con todo vigor los compromisos de plenitud que hemos venido ofreciendo y que se han concretado en nuestro Estatuto. En este sentido, exigiremos inexorablemente que la Administración central cumpla con toda exactitud sus obligaciones en relación a los traspasos, tanto de los servicios cuya titularidad nos corresponde estatutanamente, como de los idóneos medios, tanto humanos como materiales, que resulten procedentes. Adecuar la eficacia de la gestión con la deseable rapidez y lograr la racionalización serán los ineludibles objetivos que señalo para la institución autonómica valenciana. Junto a este compromiso, nos proponemos con la mayor urgencia el proceder a la puesta en marcha inmediata de los mecanismos de designación de los representantes de la Generalitat en la Comisión Mixta Paritaria de Transferencias, que prevé la disposición transitoria 4.= del Estatuto. Quiero significar, en la materia de traspasos o transferencias de competencias entre la Administración estatal y autonómica, mi propósito de evitar la aparición de apreciaciones o valoraciones voluntaristas o no objetivas y declarar, desde este inicial instante, mi convencimiento respecto a la necesaria solidaridad de nuestra autonomía con las demás nacionalidades o regiones. El Gobierno cuya Presidencia ostentaré tendrá como esencial finalidad en este terreno, en garantía del pleno ejercicio de todas las competencias que se establecen en nuestro Estatuto, el del cumplimiento de los mandatos de la objetividad y de la racionalidad. El modelo de administración pública autonómica, que conceptuamos como complejo orgánico integrado en el poder político ejecutivo de la Generalitat, tal y como pretendemos, representa la consecución de las notas de agilidad, eficacia, coordinación y descentralización. Estas características evidencian claramente nuestra intención de proceder a una reflexiva pero indudable reforma administrativa. En dicho sentido, avanzaré, como propósitos iniciales, nuestra voluntad de luchar contra la ineficacia y la inexplicable lentitud de los Número 2 Año 1982 órganos de los servicios o las unidades administrativas, allá donde éstos se produzcan. Para ello impulsaré la aprobación de unos organigramas que no representen disfuncionalidades y que sean instrumento eficaz para el desarrollo de la actividad administrativa que conlleva nuestro proyecto político de autonomía, en el marco de la legalidad vigente, evitando en todo caso, la proliferación de altos cargos, práctica corriente en el régimen anterior. El cumplimiento de esta actividad administrativa hace necesario emplear adecuadamente los recursos materiales y financieros que se nos transfieren, esperando y deseando que no sea necesario acudir a un aumento en las cargas a los ciudadanos para desarrollar dicha actividad administ~ ativa. En definitiva, habrá que optimizar los recursos mareriales y financieros mencionados para el cumplimiento ae los objetivos trazados en este discurso. En cuanto a los recursos personales, señalaré que hay que dedicarles un tratamiento especial, pues de nada valdrá este proyecto si no contara con las personas que lo han de realizar. Se trata, pues, de devolver la moral a los trabajadores de la Administración, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, para que lleguen a sentir que su trabajo es socialmente considerado y dignamente retribuido. Se impulsará desde esta Presidencia la aprobación de las plantillas de trabajadores de la Administración autonómica, que se corresponderán con los organigramas de funciones; se tratará por los propios trabajadores de eliminar la proliferación de cuerpos y escalas en que se dividen los mismos, disfuncional e innecesariamente en la actualidad, todo ello con riguroso respeto a los derechos adquiridos. Asimismo, se procederá, en la medida en que los presupuestos lo permitan, a normalizar u homogeneizar las retribuciones de dichos trabajadores, tendiendo, en todo caso a que sus haberes sean lo más claros posibles, desapareciendo los conceptos retributivos que no tengan una base jurídica manifiesta o consolidándose en salarios los restan- Promoveré desde la Presidencia el que se dicten normas para el acceso a la función pública, de conformidad con la legislación general del Estado, a fin que accedan a este trabajo las personas más adecuadas, los profesionales más cualificados. La formación continuada y la promoción de los citados trabajadores será otra pieza clave para la necesaria transformación de la actual Administración. Esta tarea, olvidada o deficientemente tratada, tendrá carácter preferente para esta Presidencia. La estricta aplicación de la ley de incompatibilidades y demás normas vigerites en tal materia, la disminución del abseiitismo y la total erradicación de la corrupción, donde la hubiera, es, asimismo, labor urgente que esta Presidencia asumirá desde el primer momento. Se potenciará la participación ciudadana a los niveles adecuados, completando la necesaria ligazón entre administrados y administradores. Estas medidas de política de personal, que no se agotan en las enumeradas, no serían del todo eficaces sin que los cargos públicos de la Generalitat que dirigen la actividad administrativa ejerzan una labor ejemplarizante. Para ello me propongo enviar a esta Asamblea el correspondiente proyecto de ley de incompatibilidades de los mismos. Y se impulsará desde esta Presidencia la creación del registro de intereses de los mencionados cargos. Y ya finalmente, respecto a esta exposición relativa a la Administración pública autonómica, quiero añadir la expresión de mi voluntad de iniciar la puesta en marcha del total conjunto de las instituciones que, junto con las Cortes, el Consell y la Presidencia, componen el autogobierno de nuestra Comunidad. En definitiva, aspiro sinceramente a movilizar todos los recursos que el Estatuto concede a esta Presidencia. a emplear toda sensibilidad, toda mi voluntad y tomo mi entendimiento en la tarea de construir, con la ayuda de todos vosotros y en beneficio del pueblo, de establecer, repito, las instituciones autonómicas cuya representaciin ostentaré, que ayuden a consolidar los ideales de justicia, democratización, solidaridad y valencianismo. El extenso y complejo aspecto de competencias exclusivas que recoge el articulo 31 de nuestro Estatuto, en materia de política territorial, que afecta al uso del territorio y al establecimiento de asentamientos urbanos e instalaciones productivas e infraestructurales sobre el mismo, viabiliza de forma definitiva la aplicación de una política autónoma de ordenación del territorio y urbanismo para la Comunidad Valenciana. Pero una política territorial que dé solución integrada a todos los graves problemas heredados, debe plantearse, necesariamente, con horizontes temporales que se sitúen entre el medio y largo plazo. En el actual período de provisionalidad de las instituciones de autogobierno, hay que abordar, fundamentalmente, aquellas actuaciones que permitan racionalizar y consolidar el ejercicio de las competencias ya asumidas, al tiempo que se crean los cimientos para asumir y ejercer plenamente, en el futuro inmediato, la totalidad de las atribuidas por el Estato a la Generalitat valenciana en orden a desarrollar una política de ordenación territorial y urbanística que responda a los intereses de la Comunidad Valenciana y sea asumida mayoritariamente por nuestra sociedad. Para ello, nos proponemos impulsar la negociación del traspaso de los servicios correspondientes al ejercicio de nuestras competencias exclusivas en estas materias, mediante la intervención de la comisión mixta y de las comisiones sectoriales previstas en la Disposición Transitoria 4.a del Estatuto, al tiempo que abordamos la necesaria adecuación orgánica de nuestras instituciones autonómicas atemperando dicha adecuación a los traspasos de recursos humanos, económicos y materiales que se produzcan gradualmente a medida que se vayan adoptando los acuerdos previstos estatutariamente. Un primer nivel de problemas que nos proponemos resolver hace referencia a la estructuración orgánica de la administración urbanística de la Generalitat valenciana, y específicamente a la necesidad de dotar a los órganos urbanísticos de la Generalitat Valenciana, para el ejercicio pleno de todas las competencias que le son propias, complementarias con aquellas que sean adecuadas para el correcto desempeño de sus funciones y desarrollando las existentes en la actualidad para recibir los correspondientes servicios que hayan de ser traspasados. En esta línea de actuación planteamos los objetivos programáticos siguientes: - Constitución de la Comisión Superior de Ordenación Territorial de la Comunidad Valenciana, como órgano resolutivo que esté integrado por la representación institucional adecuada del Consell y de las corporaciones locales. - Revisión de la denominación, funciones y composición de las comisiones provinciales de urbanismo, a fin de configurarlas como auténticos órganos resolutivos descentralizados de la Administración autonómica, en los que tengan la necesaria representación los órganos de la Administración urbanística de la Comunidad Valenciana. - La estructuración de los servicios territoriales de la Administracióii urbanística del Consell con vistas a descentralizar las funciones administrativas en estas materias, situándolas en los ámbitos político-territoriales adecuados, ya sean municipios, mancomunidades o diputaciones, al tiempo que garantice la coordinación necesaria entre los órganos correspondientes a los distintos niveles de la Administración urbanística de la Comunidad Valenciana. - La creación del Instituto Valenciano para la promoción pública del suelo urbanizado, como organismo específicamente dedicado a la gestión urbanistica del suelo, con objeto de poder suministrar una oferta suficiente del mismo y en condiciones de urbanización adecuadas, tanto para los usos industriales como residenciales, en el que se desarrollen las posteriores acciones edificatorias públicas y privadas. La creación de este Instituto adquiere _special importancia ante los obstáculos con los que tro- ~iezanm uchas corporaciones locales, derivados, en parte, de su falta de medios para desarrollar una adecuada gestión urbanística y de una estructura de la propiedad territorial y urbana altamente dividida, que dificulta notablemente el consenso necesario entre particularidades para que se produzca la actuación exclusiva de la iniciativa privada. En orden a establecer las directrices concretas que permitan el desarrollo de una política territorial y urbanística integrada que, respondiendo a las necesidades específicas de nuestra comunidad, se plantee con sentido democrático, garantizando la plena participación de los ciudadanos y la justa y equitativa distribución de cargas y beneficios derivados del planeamiento, declaramos que vincularemos nuestras resoluciones administrativas en materia de planeamiento urbanístico a la consecución de los siguientes objetivos: - Disminución de los equilibrios dotacionales y de equipamiento entre las diferentes áreas territoriales. - Recuperación para el sector público de las plusvalías generadas por el proceso de urbanización y de crecimiento de nuestras ciudades. - Contención del crecimiento de las zonas saturadas. - Descongestión de núcleos urbanos saturados. - Recuperación de conjuntos urbanos y reequiparamiento de los mismos. - Rehabilitación del patrimonio inmobiliario. - Potenciación del desarrollo de aquellas áreas en las que los recursos naturales no estén explotados, mediante la adecuada ordenación y equipamiento infraestructural. - Preservación del medio ambiente y de recursos naturales que resultan necesarios para el mantenimiento de un adecuado equilibrio ecológico. - Control real y compensación de los costes sociales que produce el desarrollo urbano-territorial, a fin de que las comunidades locales no se vean negativamente afectadas por implantaciones de interés general para el conjunto de la Comunidad Valenciana. - Como medidas esencialmente relevantes para el desarrollo eficaz de nuestra política urbanística y territorial, iniciaremos las acciones que sean necesarias para conseguir una adecuada jerarquización, coordinación y complementación de todo nuestro planeamiento, determinando los niveles mínimos de la figura de ordenación aplicable a cada ámbito territorial, ya sea municipal o comarcal, sentando las bases para que, mediante la redacción y ejecución de los oportunos planes especiales de carácter sectorial, transportes y comunicaciones, abastecimientos de aguas y saneamiento, localización industrial, centros de producción energética, espacios naturales protegidos, protección del patrimonio histórico-arquitectónico y ordenación de la zona litoral, llegue a alcanzarse en el futuro una auténtica coordinación de las intervenciones públicas y privadas. La democratización definitiva de todos los órganos de la Administración urbanística que operan en el ámbito de nuestra Comunidad Valenciana requiere que se preste atención a los problemas de la ordenación metropolitana y comarcal. A los primeros, porque en las áreas metropolitanas aparecen problemas de interés general que, trascendiendo el ámbito estrictamente municipal, requieren para su correcta solución la creación de órganos específicos de gobierno metropolitano que asuman este tipo de competencias y funciones con el más escrupuloso respeto al principio constitucional de la autonomía municipal. Prestaremos también atención a los problemas de ordenación comarcal, porque la elaboración de un programa de planeamiento comarcal, instrumentando mediante planes directores territoriales de coordinación o normas subsidiarias de este nivel, permitirá establecer las grandes directrices de ordenación territorial y garantizará la coordinación de los diversos planes y programas, sectoriales y locales, en el marco de una política urbanistica y territorial unitaria. Para la formulación de dicho programa se fomentará la máxima participación municipal, y para su desarro1lo.y ejecución habrá que garantizar una equitativa distribución de funciones y recursos económicos que posibilite la integración de todas las comunidades afectadas y @ la plena participación en los beneficios derivados del desarrollo. Por último, debemos mencionar como objetivo importante a alcanzar en esta etapa de provisionalidad, el traspaso de los recursos económicos personales y materiales correspondientes al antiguo Instituto Nacional de Urbanización, encargado de la promoción y gestión de suelo público urbanizado a nivel estatal, con cesión a la Generalitat de aquella parte de patrimonio de dicho organismo correspondiente al territorio de la Comunidad Valenciana, incluyendo todos los polígonos de ejecución o programados con las consignaciones presupuestarias para su ejecución completa, así como la adjudicación y control de la ocupación de los ya terminados que no hayan agotado su pase de adjudicación. Hasta el momento de aprobación del Estatuto, no se habían producido transferencias al Consell de competencias relativas a materias específicas de medio ambiente. No obstante, considerando que dichas competencias quedan involucradas dentro de materias tales como urbanismo, sanidad, trabajo, calificación de actividades, industria y turismo, hay que tener presente que se han transferido parcialmente algunas competencias a dichas materias, cuya eficaz aplicación ha quedado limitada por la estatal que se ha hecho en las transferencias de facultades sancionadoras específicas y por la inexistencia de una ley general del medio ambiente. Constituye, por consiguiente, en la actualidad, un área compleja de competencias muy dispersas que están atribuidas a diversos órganos del Consell preautonómico, que refleja, en definitiva, la propia situación a nivel estatal. Como primera media tendente a unificar criterios y actuaciones en materia de protección del medio ambiente, nos proponemos constituir un órgano específico de la Generalitat Valenciana que tenga facultades decisorias en esta materia, sin perjuicio de que deban conservar diversas Consellerias afectadas. Proponemos, por ello, la creación de la Comisión de Defensa Ambiental en la Comunidad Valenciana, en la que existirá la adecuada representación institucional del Consell y de la Administración local. En orden al desarrollo de la normativa estatal, para lo que faculta a la Generalitat valenciana el articulo 32.6 del Estatuto, abordaremos la promulgación de normas de diverso rango que regulen la redacción de proyectos técnicos de actividades que deban ser sometidas a trámite de calificación, a fin de poder controlar el verdadero impacto ambiental que produzcan en su implantación territorial, así como la regulación precisa del listado de actividades inocuas, con el fin de homogeneizar los criterios de actuación municipal en la tramitación de este tipo de expedientes, simplificando notablemente la intervención administrativa por parte de los órganos del Consell. La necesaria descentralización de las funciones administ-- ativas en materia de actividades de calificación aconseja que, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 45.2 del Estatuto, impulsemos la acción legislativa que posibilite la delegación de las funciones de calificación y fiscalización de actividades a favor de los ayuntamientos cuando dispongan de medios de gestión suficientes y el impacto ambiental de la actividad se limite al ámbito territo* rial municipal. La plena eficacia de esta descentralización que propugnamos requiere la promulgación de una instrucción general que permita que los ayuntamientos puedan llegar a disponer en breve de ordenanzas municipales propias en materias de usos y actividades. Como preparación previa para que, una vez transcurrida esta etapa de provisionalidad. podamos plantear una política adecuada de protección del medio ambiente, abordaremos la realización de un estudio-balaiice de la situación medioambiental del territorio de nuestra Comunidad, en el que se analice el tratamiento específico de los problemas en los ámbitos sectoriales y territoriales concretos y se determinen las prioridades de intervención para corregir las situaciones de deterioro ecológico más acentuadas. Dicho estudio básico deberá servir para la posterior redacción y ejecución de planes específicos de defensa ambiental, tales como los de saneamiento de playas, descontaminación de cauces fluviales y iago5, conservación dc zonas húmedas y espacios naturales protegidos y los dr saneamiento de poblaciones, arbitrando los rrcursos nrcrsarios para las diversas actuaciones y drtrrminanclo los organismos competentes para su ejecución. Por último, queremos resaltar la importancia q u ~ tiene una correcta educación de la pol~lación cn matcridl medioambiental para la plena eficacia (Ir csta política, por lo que intentaremos iniciar campañas c.sprcíficas (1~. concienciación y de enseñanza en rstas materias en lo5 diversos centros de formación escolar. La recuperación de nuestra capaci<lacl ( 1a~ut ogo1,irrno supone algo más, mucho más que una reparacibn Iiistórica, que una posibilidad de clesarrollar plenainciit(. nuestra identidad y nuestra propia cultura. La autonomía, para un territorio con nuestras características socioeconómicas, supone también disponcr de un instrumento poderoso de actuación sobre nuestra realidad. Instrumento que estamos dispuestos a utilizar por voluntad de eficiencia, pero también con vocación <le cambio, de transformación, superando el simple objetivo tecnocrático de una cestión adecuada. En este sentido no estamos dispuestos a caer en la tentación que, en este proceso de construcción autonómico, puede ser el mayor obstáculo para los gobiernos autónomos: plantear su actuación y sus objetivos como simples órganos de gestión descentralizada. Nosotros, sin olvidar esta importante dimensión de nuestra actividad administrativa, no pensamos deternernos ahí, ni ofrecer solamente al pueblo valenciano, como fruto de nuestra gestión, una negociación acertada con la Administración central para el traspaso de las competencias previstas en el Estatuto. Esta actividad la entendemos básica, pero a efectos instrumentales, a efectos de poder desarrollar eficazmente nuestra auténtica función. y ésta no es otra -conviene no olvidarlo- que la de un órgano de gobierno. Y, como tal órgano de gobierno. plantearnos nuestra actuación no sólo como un intento de aproximar la Administración a los administrados y de prestar los servicios propios en una mayor eficacia a un coste igual o, en todo caso, menor, sino con el objetivo final, en el plano económico, de realizar una acción global sobre el territorio y las actividades desarrolladas en la Comunidad, para construir nuevas condiciones de desarrollo económico. En efecto, cualquier diagnóstico que intentemos efectuar de nuestra realidad económica, puede saldarse con una respuesta que parece tópica: atravesamos una situación de crisis. Crisis que, en el caso valenciano, resulta doble al superponerse los últimos coletazos de la profunda crisis general de reconversión de la economía valenciana - iniciada en los años 60 - con la reciente incidencia en la crisis económica internacional. Nuestro peculiar modelo industrial, basado en un tejido de pequeñas y medianas empresas, orientadas mayoritariamente a la producción de bienes de consumo duradero y con un marcado carácter exportador, se ha revelado como enormemente dinámico durante casi dos décadas, ofreciendo una tasa de expansión en términos reales de 7'5% anual acumulativo entre 1960 y 1973 y una tasa de generación de empleo industrial para el mismo período del 3'7%. Cifras que, superando con creces las medias europeas, sólo ofrecen parangón con las japonesas. Pero que, a partir de 1973, se verán seriamente afectadas por la crisis económica. Crisis que, en nuestro caso, se deja sentir básicamente por el lado de la demanda, transmitiéndose inexorablemente al grado de utilización de la capacidad productiva -- cuya tendencia es decreciente a partir de 1974- y al volumen de paro generado, el cual, si bien se mantiene relativamente bajo durante unos años, acaba golpeándonos con dureza, ya que, a finales de 1981, batimos el triste record de superar a la media española de paro. Esta crisis de actividad que atravesamos -agravada por una política monetaria restringida que afecta al crédiio a corto plazo, utilizado por la mayor parte de nuestras cBnlpresas- se une a los problemas claramente estructurales para situar a la economía valenciana en una encrucijada de difícil salida si no se adoptan medidas de largo alcance. En definitiva, se hace ya imprescindible salir de la táctica de aguantar la crisis para pasar a la estrategia de enfrentarse a ella. Y, en este sentido, la experiencia histórica nos demuestra que ni las crisis ni sus depresiones consiguientes son situaciones irreversibles. Y la política económica nos ofrece un arsenal de instrumentos para intentar hacerles frente. Sobre todo por lo que respecta a sus factores endógenos, que son los que están a nuestro alcance y que, en nuestro caso, son, fundamentalmente, la lentitud con que se reacciona por las autoridades estatales y la falta de capacidad y voluntad políticas para afrontarla que han mostrado nuestros gobernantes desde 1973 hasta hoy. Evidentemente, me estoy refiriendo a una política económica - básicamente industrial- que sea algo más que un simple catálogo de reacciones defensivas ante la crisis. En este sentido partiré, categóricamente, de la afirmación que es posible y necesaria una política industrial, huyendo de falsos liberalismos y metafísicas apelaciones a un «mercado>>q ue sigue sin decidirse a orientar adecuadamente y a proveer los recursos necesarios para resolver los problemas pendientes de nuestra industria. - De que la política industrial -si es que realmente merece este nombre- diseñada hasta ahora es insuficiente para tratar los problemas específicos valencianos, dado su carácter global, la excesiva rigidez de los instrumentos utilizados y su atención preferente a las industrias de base. - Y de que es posible la elaboración y la aplicación de una política económica específica que atienda nuestra propia problemática, corrigiendo la distorsión que representa la distancia de los centros de decisión al lugar concreto de los problemas. Esta política industrial valenciana debe plantearse como un conjunto de medidas subordinadas a un programa económico regional más amplio, que, a su vez, ni puede ni debe estar en contradicción con la política económica estatal. En cualquier caso, sería erróneo considerar que todos nuestros problemas pueden encontrar solución en el marco de una política económica autónoma. Hay que huir de falsos triunfalismos y reconocer que ni el volumen de transferencias de esta índole recogidas en el Estatuto -idénticas, por otra parte, al de Euskadi y Cataluña- van a permitir un margen pleno de iniciativa -aunque sí de ejecución y desarrollo legislativo- ni nuestros problemas se agotan en el marco estrictamente geográfico de nuestra Comunidad. A pesar de estas limitaciones iniciales, que con un sentido realista hay que tener siempre presentes, así como el condicionamiento adicional que supondrá la limitación en los recursos disponibles para actuaciones concretas, seguimos creyendo que la problemática peculiar y específica de la economía valenciana requiere -exige- un tratamiento diferenciado. Por consiguiente, consideramos imprescindible el diseño y aplicación de una política regional adecuada, ya que, si bien la experiencia parece confirmar el poco éxito de políticas regionales de desarrollo concebidas en forma genérica y, en muchos casos, inalcanzables por dificultades estructurales, no es éste el caso, puesto que nuestros problemas no son, en su mayor parte, excesivamente difíciles de resolver técnicamente y, al menos, hoy los conocemos suficientemente para poder actuar sobre ellos. En efecto, la propia confirmación de nuestra estructura industrial -integrada básicamente por pequeñas y medianas empresas-, que, por una parte, ha permitido que en nuestra Comunidad la crisis se resistiera mejor durante algún tiempo, nos sitúa frente a una serie de problemas que en buena parte están condicionados por la escasa dimensión de nuestras empresas. Recuérdese, por ejemplo, que más del 95% de los establecimientos industriales valencianos tienen menos de cien trabajadores empleados y generan en su conjunto más de dos tercios del empleo total. Los problemas que están ligados al pequeño tamaño de nuestra planta industrial media son, de forma genérica, una acusada carencia de racionalización técnica, con un número escaso de personal técnico y altamente cualificado. - Un equipamiento obsoleto, con una bajísima relación de inversión por puesto de trabajo, y un desfase tecnológico, con la excepción de algún subsector concreto. - Unido a todo ello, un bajo nivel de productividad, que se sitúa aproximadamente en un 80% de la media española y que, además, ha ido constante |