SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 12 DE AGOSTO DE 1982

Intervención del candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Ilmo. Sr. D. Joan Lerma Blasco.

El señor PRESIDENTE: La Presidencia estima que no   ha lugar ya a más intervenciones, y por lo tanto, ruega al señor secretario, siguiendo el orden del día, proceda a leer la propuesta del grupo socialista, en cuanto al candidato.El señor SECRETARIO: ,,A la vista de la Asamblea de

la Comunidad Valenciana, Vicente Antonio Sotillo Martí,en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de proponer como candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana al Diputado Ilmo. Sr. D. Juan Lerma Blasco. -Firmado: Vicente Antonio Sotillo. -Valencia,

6 de agosto de 1982.)

El señor PRESIDENTE: Don Juan Lerma tiene la palabra.

El señor LERMA BLASCO: señor Presidente, señoras Y señores  Diputados: llegamos  por fin a esta reunión, tras un largo camino preautonómico, camino en el que, necesariamente, han debido quedar muchas de las que fueron y siguen siendo ilusiones para los valencianos, pero que han dejado paso a la necesidad de la integración de los valencianos en un proyecto estatutario común. Cuando con

frecuencia alguien se pregunta de qué han servido tantas salidas a la calle para reivindicar la autonomía, tantos pronunciamientos como nuestros ayuntamiento hicieron pidiendo la máxima autonomía, hay que responderle que para esto. Para que hoy estemos aquí, estas Cortes Valencianas provisionales, a juzgar el programa de un candidato a Presidente; a poder elegirle y a pedirle cuentas de su gestión, para que tengamos un Estatuto con las Compentencias que la Constitución garantiza a las nacionalidades históricas, y cuando un Estatuto como el nuestro se consigue, y en él hay constancia de algo tan importante como loque pretende expresarse con el término nacionalidad, que no es sino algo que indica la profundidad y la serenidad de la autonomía, es porque detrás hay un pueblo, un gran pueblo que, a pesar de todas las trabas que se le han puesto en el camino, a pesar de los intentos de confundirle, sigue creyendo en la autonomía como expresión de un derecho histórico y, también, como profundización de un proceso democrático, solidario y vertebrador.

Para hablar de un programa de gobierno en esta etapa, con una duración que necesariamente es breve, hay que hablar del Estatuto y de cuál ha sido la voluntad de los socialistas en su elaboración. Era y sigue siendo previsible que, en una etapa de puesta en marcha de nuestra autonomía, se procure la mayor colaboración entre todos los sectores implicados en el proyecto, y, por tanto, era y sigue siendo necesario un pacto de institucionalización.

De ahí que el período transitorio hasta las elecciones esté regido por un Consell que es de concentración de las fuerzas políticas parlamentarias en las eleccienes de 1979; pero este pacto, que quiero insistir de nuevo en SU necesidad, sigue siendo dificultado por 1.año de crisis de la representación política de los sectores conservadores Y SU dificultad para vincularlos al proyecto autnómico. . En consecuencia, el motor objetivo de nuestra autonomía en la etapa provisional, sólo puede ser una mayoría progresista en las Cortes Valencianas, abierta, tal y como ya se ha demostrado con la elaboración del Estatuto, a la integración de todos en la autonomía.

De acuerdo con esta visión, la oferta socialista para esa mayoría se va a centrar en el desarrollo de las instituciones de autogobierno, administración pública y transferencias, politica territorial, desarrollo del modelo económico valenciano, política de empleo, política sanitaria y de bienestar y y educativo.

Todo ello teniendo en cuenta el marco temporal necesariamente reducido en que nos movemos Y, Por reconociendo de entrada que nuestras pretensiones habrán de Ser modestas, pero sabiendo también que es mejor no prometer grandes cosas que después su incumplimiento pudiera decepcionar.

En nuestra convicción, en el ejercicio del poder que pretendemos, la de garantizar la libertad para todos los ciudadanos, la de alcanzar progresivamente la transformación de las estructuras.

Manifiesto que nuestro modelo de sociedad sigue siendo aquel en que la justicia, la solidaridad y la responsabilidad sean las virtudes de convencida y sila al práctica para todos.

A pesar que las circunstancias históricas más recientes  han venido sembrando la entre formulaciones teóricas y las actitudes, ocasionando rl fenómeno de que las conductas de muchos no sean, significadamente, ni congruentes ni apropiadas, quiero señalar que la ideología que represento, y bajo la que me esfuerzo en actuar en consecuencia, hace imposible el ccnfundir los ideales de plena democratización, de solidaridad y de progresismo, en 10s que creo firmemente y de 10s que nunca renunciaré.

Porque democracia, solidaridad y progresismo son la clave de mi concepto del moderno humanismo que garantiza el desarrollo de nuestra especie y la liberación de las trabas que se oponen a una humanidad más libre, más justa, más perfecta (por encima de un mensaje partidiista).

En estos momentos en los que señalo ante vosotros las claves de mi gestión como Presidente de la Generalitat Valenciana, quiero significaros, en primer lugar, mi concepción genérica sobre la Administración pública autonómica.

Destacaré inicialmente la primacía de la Generalitat en el ejercicio del indudable poder político que tanto la Constitución como nuestro Estatuto de Autonomía le asignan.

Claro está que esta primacía hay que concebirla dentro de un referencia1 marco estatal, que es España, patrimonio común de los españoles, y cuyo desarrollo y defensa es obra común que i n ~ ~ mab toed os.

La solidaridad con las demás nacionalidades y regiones es. pues, complementaria Y no antitética con este de la primacía de nuestras instituciones autonómicas respecto de los demás entes territoriales, tanto locales como provinciales.

La autonomía alcanzada por el pueblo valenciano no es, pues, una acumulación o yuxtaposición de ayuntarnientos y diputaciones o un macroconsorcio; no es tampoco un fenómeno de simple descentralización de servicios, funciones o administrativas; significa, por el contrario, la moderna concepción del derecho público, que pretende acercar viva y eficazmente al pueblo los órganas soberanos de autogobierno. Representa la concreción en el espacio, en el tiempo y en las instituciones formales jurídicas de potestades y de poderes basados en el pleno y total autogobierno, como garantía del servicio al pueblo del que indudablemente proceden.

La Epaña de las autonomías es hoy el esfuerzo de adentrar en la entraña del pueblo a los órganos para garantizar así la participación en el poder, para profundizar en las conciencias las convicciones y los hábitos democráticos y para lograr el desarrollo de las virtudes cívicas más apreciadas.

Esta concepción de la primacía política de la Generalitat dentro del territorio que le corresponde, supone el reconocimiento de la personalidad de los entes municipales, como el ejercicio autónomo por los mismos de las funciones administrativas que legalmente les corresponden.La autonomía municipal, manifiestamente reconocida por nosotros, será potenciada mediante las oportunas transferencia y delegaciones que en su favor estableceremos.

Por otra parte, la referida primacía de la Generalitat supone también la necesidad de articular o coordinar con racionalidad a las corporaciones locales, garantizando la deseable eficacia de los servicios que los ayuntamiento deben prestar a sus poblaciones. Esta doble posibilidad, la dela autonomía y la de la coordinación de los entes locales, queda expresamente reconocida en los artículos 46 y siguientesde nuestro Estatuto de Autonomía.

En estas cuestiones estimo que no es posible ni retomendable el separar la resolución de los problemas encompartimientos estancos, puesto que la indudable interconexión de los variados aspectos que concurren en toda problemática, harían ficticio y asistemático todo intentode solución por separado; así, entiendo que entre la función administrativa que corresponde ejercitar a las corporaciones locales y las potestades políticas del ente autonómico no debe producirse separación, sino que, en mi creencia y en mi propósito, es necesario, por el contrario, que se produzca la lógica coordinación. Si dicha coordinación existe, se garantizará, en beneficio de las poblaciones, la sistematización de las funciones, la armónica pltnificación y la atribución óptima de las competencias administrativas.

Una visión globalizada de los problemas que tradicionalmente aquejan a nuestros ayuntamientos, permitirá, gracias a la articulación o coordinación de soluciones,sin duda y sin quebranto del principio de autonomía municipal, la oportuna aplicación de los correspondientes recursos, superando el alcance de medidas individualizadas, que siempre pecan de parciales.La coordinación entre los entes locales y la Generalitat parte, y lo respeta profundamente, del principio y de las consecuencias de la significación de la autonomía administrativa de dichas corporaciones, y supone sólo la dirección funcional y lógica de los esfuerzos de todos hacia una meta ya inicialmente determinada con toda claridad: el pleno desarrollo económico, social y cultural de las poblaciones vdencianas.

Quiero igualmente manifestar nuestra voluntad de proceder a la institucionalización de la llamada división comarcal, configurando como entes locales las circunscripciones territoriales correspondientes que agruparán a 10s distintos municipios valencianos, para la prestación de

servicios y gestión de asuntos comunes. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 141-3 y 152-3 de la Constitución española y en el artículo 46 de nuestro Estatuto.

Entiendo que, en la formulación de un modelo racional de comarcalización, su aceptación por las poblaciones interesadas y su institucionalización generarán los beneficios derivados de la aproximación de las potestades administrativas y de las decisiones públicas a sus fuentes populares, garantizarán la funcionalidad de los costes de prestación de servicios y, sobre todo, representará una alternativa de dimensiones sociológicas a las actuales, y muchas veces irracionales, corrientes migratorias y flujos económicos.

Por lo que se refiere a las Diputaciones provinciales, las consideramos como entes territoriales encargados de la prestación de determinados servicios, en régimen legal de descentralización. Señalo que reconocemos en favor de estos entes provinciales las facultades de administración autonóma que la Constitución establece en su favor.

Ahora bien, dicho reconocimiento no implica la abdicación por nuestra parte de 10s principios de coordinación,control y dirección que corresponde ejercer a la Generalitat sobre las Diputaciones valencianas y que con toda claridad se determinan en el artículo 47 de nuestro Estatuto de Autonomía. Esta dimensión de la primacía de la institución autonómica resulta, evidentemente, de su propia esencia Y virtualidad Jurídica, puesto que, como sujeto que es de soberanía territorial, está innegablemente dotada de facultades políticas, que trascienden y superan las netamente administrativas que corresponden solamente a las Diputaciones provinciales.

Desde otro punto de vista, que estimo también de significada trascendencia, la consecución de nuestra plena autonomía representa para nosotros la consagración del principio de la participación de los ciudadanos en el POde', así como la de su efectiva implantación.

La participación de la población en las potestades administrativas supone la necesaria determinación y la subsiguiente puesta en marcha del conjunto de medidas que garanticen el logro de dicho concepto.

En este sentido, quiero afirmar que, reconociendo la Suma importancia del fenómeno democrático, dentro del juego electoral Y de la representación política, no nos basta alcanzar y perfeccionar dicha meta; ambicionanios con toda nuestra voluntad y toda nuestra imaginación una dimensión de la administración pública en la que nuestros ciudadanos puedan estar presentes. Pretendemos la presencia del pueblo en los procesos de planificación y elaboración de programas, en el control de las decisiones administrativase incluso en los procesos de gestión de todos los servicios.

La participación de los ciudadanos en la vida administrativa, indudablemente, generará como fruto el incremento de la responsabilidad cívica, la cooperación ciudadana la eficacia en la prestación de los servicios.

Esta concepción nuestra supone la superación que, sin duda, todos los presentes pretendemos de los rígidos esquemas que presidieron las actuaciones del Estado centralista y autoritario, cuya defensa, la de los principios, a todos nos corresponde.

Quiero seguidamente, desde mis postulados de afirmación de libertad para todos que se enraízan tanto en la Constitución como en nuestro Estatuto, expresar mi concepto de la Administración pública autonómica como poder político, cuyas potestades deben, inexorablemente, tener como límites el ordenamiento jurídico y la exigencia de que todas sus actuaciones esten presididas necesariamente por el principio de la legalidad.

El cumplimiento y la inexcusable sujeción a las leyes será el postulado esencial del gobierno autonómico cuya presidencia ostentaría. No caben en este sentido otras interpretaciones. No será admitida ninguna actuación pública que contradiga o no tenga en cuenta lo que la ley establece. Estoy firmemente convencido que la consolidación del moderno Estado de las autonomías, que todos los demócratas pretendemos, supone el rechazar con todas nuestras fuerzas cualquier quebrantamiento del llamado principio de legalidad. Esta convicción servirá de ejemplo a los que pretendan la destrucción del sistema democrático.

No aceptaré, pues, desviaciones de ningún tipo en esta materia y no toleraré la infracción de la ley. Decidida y definitivamente entiendo que debe garantizarse plenamente la subordinación de todos los actos, potestades y competencias de la Administración pública a lo que las vigentes disposiciones legales establezcan.

Este expreso y rotundo reconocimiento del sometimiento de la Administración pública autonómica a la ley, así como el que formulo de la necesaria divisi6n de los poderes políticos que con toda eficacia servirán a la resolución de los asuntos en función de sus respectivas competencias

legislativas, judiciales y ejecutivas, son, a mi juicio, la

inequívoca garantía de la defensa y protección de los derechos

públicos subjetivos.

Por ello, entiendo que esta finalidad, que todos debemos

pretender, debe quedar instaurada formalmente; impulsaré

la presentación ante esta Asamblea legislativa del

oportuno proyecto de Ley de Régimen Jurídico de la Administración

Auttonómica de la Comunidad Valenciana,

en la que se establezcan los diferentes niveles de poder y de

sujeción de los mismos a la norma.

Aspiro, pues, a instaurar una administración que garantice

eficazmente el régimen de libertades públicas, sin

merma de pretender también la consecucióii del bienestar

común y, desde luego, la concreción de un sistema que garantice

la actuación, con racionalidad y eficacia, de la Administración

autonómica en el ejercicio de sus atribuciones.

Por ello, quiero con toda claridad determinar mi propósito

de que la Generalitat ejercite con todo rigor todas

sus facultades, en beneficio de todos los valencianos. Así

excitaré continuadamente a todas sus instituciones de

autogobierno, para que sin excusa ejerzan tanto sus competencias

exclusivas las llamadas de validez provisional y

las de ejecución, que nuestro Estatuto sistematiza en sus

artículos 23-26 a 43.

Sólo el ejercicio pleno por la Generalitat de las competencias,

tanto las que son constitucionalmente propias como

las que le han sido delegadas y atribuidas, garantiza la

progresión y el camino hacia la democratización y el general

bienestar.

Por ello, estimo que en esta materia no cabe ni es posible

la dejación de fuero o la renuncia de atribuciones. La

autonomía no es renunciable.

Significo, en este ámbito de lo competencial, que asumiremos

con todo vigor los compromisos de plenitud que

hemos venido ofreciendo y que se han concretado en

nuestro Estatuto. En este sentido, exigiremos inexorablemente

que la Administración central cumpla con toda

exactitud sus obligaciones en relación a los traspasos, tanto

de los servicios cuya titularidad nos corresponde estatutanamente,

como de los idóneos medios, tanto humanos

como materiales, que resulten procedentes.

Adecuar la eficacia de la gestión con la deseable rapidez

y lograr la racionalización serán los ineludibles objetivos

que señalo para la institución autonómica valenciana.

Junto a este compromiso, nos proponemos con la mayor

urgencia el proceder a la puesta en marcha inmediata

de los mecanismos de designación de los representantes de

la Generalitat en la Comisión Mixta Paritaria de Transferencias,

que prevé la disposición transitoria 4.= del Estatuto.

Quiero significar, en la materia de traspasos o transferencias

de competencias entre la Administración estatal y

autonómica, mi propósito de evitar la aparición de apreciaciones

o valoraciones voluntaristas o no objetivas y

declarar, desde este inicial instante, mi convencimiento

respecto a la necesaria solidaridad de nuestra autonomía

con las demás nacionalidades o regiones.

El Gobierno cuya Presidencia ostentaré tendrá como

esencial finalidad en este terreno, en garantía del pleno

ejercicio de todas las competencias que se establecen en

nuestro Estatuto, el del cumplimiento de los mandatos de

la objetividad y de la racionalidad. El modelo de administración

pública autonómica, que conceptuamos como

complejo orgánico integrado en el poder político ejecutivo

de la Generalitat, tal y como pretendemos, representa la

consecución de las notas de agilidad, eficacia, coordinación

y descentralización. Estas características evidencian

claramente nuestra intención de proceder a una reflexiva

pero indudable reforma administrativa. En dicho sentido,

avanzaré, como propósitos iniciales, nuestra voluntad de

luchar contra la ineficacia y la inexplicable lentitud de los

Número 2 Año 1982

órganos de los servicios o las unidades administrativas, allá

donde éstos se produzcan.

Para ello impulsaré la aprobación de unos organigramas

que no representen disfuncionalidades y que sean instrumento

eficaz para el desarrollo de la actividad administrativa

que conlleva nuestro proyecto político de

autonomía, en el marco de la legalidad vigente, evitando

en todo caso, la proliferación de altos cargos, práctica

corriente en el régimen anterior.

El cumplimiento de esta actividad administrativa hace

necesario emplear adecuadamente los recursos materiales

y financieros que se nos transfieren, esperando y deseando

que no sea necesario acudir a un aumento en las cargas a

los ciudadanos para desarrollar dicha actividad administ~

ativa. En definitiva, habrá que optimizar los recursos

mareriales y financieros mencionados para el cumplimiento

ae los objetivos trazados en este discurso.

En cuanto a los recursos personales, señalaré que hay

que dedicarles un tratamiento especial, pues de nada

valdrá este proyecto si no contara con las personas que lo

han de realizar. Se trata, pues, de devolver la moral a los

trabajadores de la Administración, en el ámbito de la Comunidad

Valenciana, para que lleguen a sentir que su trabajo

es socialmente considerado y dignamente retribuido.

Se impulsará desde esta Presidencia la aprobación de

las plantillas de trabajadores de la Administración autonómica,

que se corresponderán con los organigramas de

funciones; se tratará por los propios trabajadores de eliminar

la proliferación de cuerpos y escalas en que se dividen

los mismos, disfuncional e innecesariamente en la actualidad,

todo ello con riguroso respeto a los derechos adquiridos.

Asimismo, se procederá, en la medida en que los presupuestos

lo permitan, a normalizar u homogeneizar las

retribuciones de dichos trabajadores, tendiendo, en todo

caso a que sus haberes sean lo más claros posibles, desapareciendo

los conceptos retributivos que no tengan una base

jurídica manifiesta o consolidándose en salarios los restan-

Promoveré desde la Presidencia el que se dicten normas

para el acceso a la función pública, de conformidad

con la legislación general del Estado, a fin que accedan a

este trabajo las personas más adecuadas, los profesionales

más cualificados.

La formación continuada y la promoción de los citados

trabajadores será otra pieza clave para la necesaria transformación

de la actual Administración. Esta tarea, olvidada

o deficientemente tratada, tendrá carácter preferente

para esta Presidencia.

La estricta aplicación de la ley de incompatibilidades y

demás normas vigerites en tal materia, la disminución del

abseiitismo y la total erradicación de la corrupción, donde

la hubiera, es, asimismo, labor urgente que esta Presidencia

asumirá desde el primer momento.

Se potenciará la participación ciudadana a los niveles

adecuados, completando la necesaria ligazón entre administrados

y administradores.

Estas medidas de política de personal, que no se agotan

en las enumeradas, no serían del todo eficaces sin que

los cargos públicos de la Generalitat que dirigen la actividad

administrativa ejerzan una labor ejemplarizante.

Para ello me propongo enviar a esta Asamblea el

correspondiente proyecto de ley de incompatibilidades de

los mismos. Y se impulsará desde esta Presidencia la creación

del registro de intereses de los mencionados cargos.

Y ya finalmente, respecto a esta exposición relativa a la

Administración pública autonómica, quiero añadir la

expresión de mi voluntad de iniciar la puesta en marcha

del total conjunto de las instituciones que, junto con las

Cortes, el Consell y la Presidencia, componen el autogobierno

de nuestra Comunidad.

En definitiva, aspiro sinceramente a movilizar todos los

recursos que el Estatuto concede a esta Presidencia. a

emplear toda sensibilidad, toda mi voluntad y tomo mi entendimiento

en la tarea de construir, con la ayuda de todos

vosotros y en beneficio del pueblo, de establecer, repito,

las instituciones autonómicas cuya representaciin ostentaré,

que ayuden a consolidar los ideales de justicia, democratización,

solidaridad y valencianismo.

El extenso y complejo aspecto de competencias exclusivas

que recoge el articulo 31 de nuestro Estatuto, en materia

de política territorial, que afecta al uso del territorio y

al establecimiento de asentamientos urbanos e instalaciones

productivas e infraestructurales sobre el mismo,

viabiliza de forma definitiva la aplicación de una política

autónoma de ordenación del territorio y urbanismo para

la Comunidad Valenciana.

Pero una política territorial que dé solución integrada

a todos los graves problemas heredados, debe plantearse,

necesariamente, con horizontes temporales que se sitúen

entre el medio y largo plazo.

En el actual período de provisionalidad de las instituciones

de autogobierno, hay que abordar, fundamentalmente,

aquellas actuaciones que permitan racionalizar y

consolidar el ejercicio de las competencias ya asumidas, al

tiempo que se crean los cimientos para asumir y ejercer

plenamente, en el futuro inmediato, la totalidad de las

atribuidas por el Estato a la Generalitat valenciana en orden

a desarrollar una política de ordenación territorial y

urbanística que responda a los intereses de la Comunidad

Valenciana y sea asumida mayoritariamente por nuestra

sociedad.

Para ello, nos proponemos impulsar la negociación del

traspaso de los servicios correspondientes al ejercicio de

nuestras competencias exclusivas en estas materias, mediante

la intervención de la comisión mixta y de las comisiones

sectoriales previstas en la Disposición

Transitoria 4.a del Estatuto, al tiempo que abordamos la

necesaria adecuación orgánica de nuestras instituciones

autonómicas atemperando dicha adecuación a los traspasos

de recursos humanos, económicos y materiales que se

produzcan gradualmente a medida que se vayan adoptando

los acuerdos previstos estatutariamente.

Un primer nivel de problemas que nos proponemos resolver

hace referencia a la estructuración orgánica de la

administración urbanística de la Generalitat valenciana, y

específicamente a la necesidad de dotar a los órganos

urbanísticos de la Generalitat Valenciana, para el ejercicio pleno de todas las competencias que le son propias,

complementarias con aquellas que sean adecuadas para el

correcto desempeño de sus funciones y desarrollando las

existentes en la actualidad para recibir los correspondientes

servicios que hayan de ser traspasados.

En esta línea de actuación planteamos los objetivos

programáticos siguientes:

- Constitución de la Comisión Superior de Ordenación

Territorial de la Comunidad Valenciana, como órgano

resolutivo que esté integrado por la representación institucional

adecuada del Consell y de las corporaciones locales.

- Revisión de la denominación, funciones y composición

de las comisiones provinciales de urbanismo, a fin de

configurarlas como auténticos órganos resolutivos descentralizados

de la Administración autonómica, en los que

tengan la necesaria representación los órganos de la Administración

urbanística de la Comunidad Valenciana.

- La estructuración de los servicios territoriales de la

Administracióii urbanística del Consell con vistas a descentralizar

las funciones administrativas en estas materias,

situándolas en los ámbitos político-territoriales adecuados,

ya sean municipios, mancomunidades o diputaciones, al

tiempo que garantice la coordinación necesaria entre los

órganos correspondientes a los distintos niveles de la Administración

urbanística de la Comunidad Valenciana.

- La creación del Instituto Valenciano para la promoción

pública del suelo urbanizado, como organismo

específicamente dedicado a la gestión urbanistica del

suelo, con objeto de poder suministrar una oferta suficiente

del mismo y en condiciones de urbanización adecuadas,

tanto para los usos industriales como residenciales, en el

que se desarrollen las posteriores acciones edificatorias

públicas y privadas. La creación de este Instituto adquiere

_special importancia ante los obstáculos con los que tro-

~iezanm uchas corporaciones locales, derivados, en parte,

de su falta de medios para desarrollar una adecuada gestión

urbanística y de una estructura de la propiedad territorial

y urbana altamente dividida, que dificulta notablemente

el consenso necesario entre particularidades para

que se produzca la actuación exclusiva de la iniciativa privada.

En orden a establecer las directrices concretas que permitan

el desarrollo de una política territorial y urbanística

integrada que, respondiendo a las necesidades específicas

de nuestra comunidad, se plantee con sentido democrático,

garantizando la plena participación de los ciudadanos

y la justa y equitativa distribución de cargas y beneficios

derivados del planeamiento, declaramos que vincularemos

nuestras resoluciones administrativas en materia de planeamiento

urbanístico a la consecución de los siguientes objetivos:

- Disminución de los equilibrios dotacionales y de

equipamiento entre las diferentes áreas territoriales.

- Recuperación para el sector público de las

plusvalías generadas por el proceso de urbanización y de

crecimiento de nuestras ciudades.

- Contención del crecimiento de las zonas saturadas.

- Descongestión de núcleos urbanos saturados.

- Recuperación de conjuntos urbanos y reequiparamiento

de los mismos.

- Rehabilitación del patrimonio inmobiliario.

- Potenciación del desarrollo de aquellas áreas en las

que los recursos naturales no estén explotados, mediante

la adecuada ordenación y equipamiento infraestructural.

- Preservación del medio ambiente y de recursos naturales

que resultan necesarios para el mantenimiento de

un adecuado equilibrio ecológico.

- Control real y compensación de los costes sociales

que produce el desarrollo urbano-territorial, a fin de que

las comunidades locales no se vean negativamente afectadas

por implantaciones de interés general para el conjunto

de la Comunidad Valenciana.

- Como medidas esencialmente relevantes para el

desarrollo eficaz de nuestra política urbanística y territorial,

iniciaremos las acciones que sean necesarias para conseguir

una adecuada jerarquización, coordinación y

complementación de todo nuestro planeamiento, determinando

los niveles mínimos de la figura de ordenación aplicable

a cada ámbito territorial, ya sea municipal o comarcal,

sentando las bases para que, mediante la redacción y

ejecución de los oportunos planes especiales de carácter

sectorial, transportes y comunicaciones, abastecimientos

de aguas y saneamiento, localización industrial, centros de

producción energética, espacios naturales protegidos, protección

del patrimonio histórico-arquitectónico y ordenación

de la zona litoral, llegue a alcanzarse en el futuro una

auténtica coordinación de las intervenciones públicas y

privadas.

La democratización definitiva de todos los órganos de

la Administración urbanística que operan en el ámbito de

nuestra Comunidad Valenciana requiere que se preste

atención a los problemas de la ordenación metropolitana y

comarcal.

A los primeros, porque en las áreas metropolitanas

aparecen problemas de interés general que, trascendiendo

el ámbito estrictamente municipal, requieren para su

correcta solución la creación de órganos específicos de gobierno

metropolitano que asuman este tipo de competencias

y funciones con el más escrupuloso respeto al principio

constitucional de la autonomía municipal.

Prestaremos también atención a los problemas de ordenación

comarcal, porque la elaboración de un programa

de planeamiento comarcal, instrumentando mediante

planes directores territoriales de coordinación o normas

subsidiarias de este nivel, permitirá establecer las grandes

directrices de ordenación territorial y garantizará la coordinación

de los diversos planes y programas, sectoriales y

locales, en el marco de una política urbanistica y territorial

unitaria. Para la formulación de dicho programa se

fomentará la máxima participación municipal, y para su

desarro1lo.y ejecución habrá que garantizar una equitativa

distribución de funciones y recursos económicos que posibilite

la integración de todas las comunidades afectadas y

@ la plena participación en los beneficios derivados del desarrollo.

Por último, debemos mencionar como objetivo importante

a alcanzar en esta etapa de provisionalidad, el traspaso de los recursos económicos personales y materiales

correspondientes al antiguo Instituto Nacional de Urbanización,

encargado de la promoción y gestión de suelo

público urbanizado a nivel estatal, con cesión a la Generalitat

de aquella parte de patrimonio de dicho organismo

correspondiente al territorio de la Comunidad Valenciana,

incluyendo todos los polígonos de ejecución o

programados con las consignaciones presupuestarias para

su ejecución completa, así como la adjudicación y control

de la ocupación de los ya terminados que no hayan agotado

su pase de adjudicación.

Hasta el momento de aprobación del Estatuto, no se

habían producido transferencias al Consell de competencias

relativas a materias específicas de medio ambiente.

No obstante, considerando que dichas competencias

quedan involucradas dentro de materias tales como urbanismo,

sanidad, trabajo, calificación de actividades, industria

y turismo, hay que tener presente que se han transferido

parcialmente algunas competencias a dichas materias,

cuya eficaz aplicación ha quedado limitada por la estatal

que se ha hecho en las transferencias de facultades

sancionadoras específicas y por la inexistencia de una ley

general del medio ambiente.

Constituye, por consiguiente, en la actualidad, un área

compleja de competencias muy dispersas que están atribuidas

a diversos órganos del Consell preautonómico, que

refleja, en definitiva, la propia situación a nivel estatal.

Como primera media tendente a unificar criterios y actuaciones

en materia de protección del medio ambiente,

nos proponemos constituir un órgano específico de la Generalitat

Valenciana que tenga facultades decisorias en esta

materia, sin perjuicio de que deban conservar diversas

Consellerias afectadas. Proponemos, por ello, la creación

de la Comisión de Defensa Ambiental en la Comunidad

Valenciana, en la que existirá la adecuada representación

institucional del Consell y de la Administración local.

En orden al desarrollo de la normativa estatal, para lo

que faculta a la Generalitat valenciana el articulo 32.6 del

Estatuto, abordaremos la promulgación de normas de diverso

rango que regulen la redacción de proyectos técnicos

de actividades que deban ser sometidas a trámite de calificación,

a fin de poder controlar el verdadero impacto ambiental

que produzcan en su implantación territorial, así

como la regulación precisa del listado de actividades inocuas,

con el fin de homogeneizar los criterios de actuación

municipal en la tramitación de este tipo de expedientes,

simplificando notablemente la intervención administrativa

por parte de los órganos del Consell.

La necesaria descentralización de las funciones administ--

ativas en materia de actividades de calificación aconseja

que, haciendo uso de la facultad prevista en el

artículo 45.2 del Estatuto, impulsemos la acción legislativa

que posibilite la delegación de las funciones de calificación

y fiscalización de actividades a favor de los ayuntamientos

cuando dispongan de medios de gestión suficientes y el impacto

ambiental de la actividad se limite al ámbito territo*

rial municipal.

La plena eficacia de esta descentralización que propugnamos

requiere la promulgación de una instrucción  general que permita que los ayuntamientos puedan llegar

a disponer en breve de ordenanzas municipales propias en

materias de usos y actividades.

Como preparación previa para que, una vez transcurrida

esta etapa de provisionalidad. podamos plantear

una política adecuada de protección del medio ambiente,

abordaremos la realización de un estudio-balaiice de la situación

medioambiental del territorio de nuestra Comunidad,

en el que se analice el tratamiento específico de los

problemas en los ámbitos sectoriales y territoriales concretos

y se determinen las prioridades de intervención para

corregir las situaciones de deterioro ecológico más acentuadas.

Dicho estudio básico deberá servir para la posterior

redacción y ejecución de planes específicos de defensa

ambiental, tales como los de saneamiento de playas, descontaminación

de cauces fluviales y iago5, conservación dc

zonas húmedas y espacios naturales protegidos y los dr saneamiento

de poblaciones, arbitrando los rrcursos nrcrsarios

para las diversas actuaciones y drtrrminanclo los organismos

competentes para su ejecución.

Por último, queremos resaltar la importancia q u ~

tiene una correcta educación de la pol~lación cn matcridl

medioambiental para la plena eficacia (Ir csta política,

por lo que intentaremos iniciar campañas c.sprcíficas (1~.

concienciación y de enseñanza en rstas materias en lo5 diversos

centros de formación escolar.

La recuperación de nuestra capaci<lacl ( 1a~ut ogo1,irrno

supone algo más, mucho más que una reparacibn Iiistórica,

que una posibilidad de clesarrollar plenainciit(.

nuestra identidad y nuestra propia cultura.

La autonomía, para un territorio con nuestras

características socioeconómicas, supone también disponcr

de un instrumento poderoso de actuación sobre nuestra realidad.

Instrumento que estamos dispuestos a utilizar por

voluntad de eficiencia, pero también con vocación <le

cambio, de transformación, superando el simple objetivo

tecnocrático de una cestión adecuada.

En este sentido no estamos dispuestos a caer en la tentación

que, en este proceso de construcción autonómico,

puede ser el mayor obstáculo para los gobiernos autónomos:

plantear su actuación y sus objetivos como simples

órganos de gestión descentralizada. Nosotros, sin olvidar

esta importante dimensión de nuestra actividad administrativa,

no pensamos deternernos ahí, ni ofrecer solamente

al pueblo valenciano, como fruto de nuestra gestión,

una negociación acertada con la Administración

central para el traspaso de las competencias previstas en el

Estatuto. Esta actividad la entendemos básica, pero a efectos

instrumentales, a efectos de poder desarrollar eficazmente

nuestra auténtica función. y ésta no es otra

-conviene no olvidarlo- que la de un órgano de gobierno.

Y, como tal órgano de gobierno. plantearnos nuestra

actuación no sólo como un intento de aproximar la Administración

a los administrados y de prestar los servicios

propios en una mayor eficacia a un coste igual o, en todo

caso, menor, sino con el objetivo final, en el plano económico,

de realizar una acción global sobre el territorio y las

actividades desarrolladas en la Comunidad, para construir

nuevas condiciones de desarrollo económico.

En efecto, cualquier diagnóstico que intentemos efectuar

de nuestra realidad económica, puede saldarse con

una respuesta que parece tópica: atravesamos una situación

de crisis. Crisis que, en el caso valenciano, resulta

doble al superponerse los últimos coletazos de la profunda

crisis general de reconversión de la economía valenciana

- iniciada en los años 60 - con la reciente incidencia en la

crisis económica internacional.

Nuestro peculiar modelo industrial, basado en un tejido

de pequeñas y medianas empresas, orientadas mayoritariamente

a la producción de bienes de consumo duradero

y con un marcado carácter exportador, se ha revelado

como enormemente dinámico durante casi dos décadas,

ofreciendo una tasa de expansión en términos reales de

7'5% anual acumulativo entre 1960 y 1973 y una tasa de

generación de empleo industrial para el mismo período

del 3'7%. Cifras que, superando con creces las medias

europeas, sólo ofrecen parangón con las japonesas. Pero

que, a partir de 1973, se verán seriamente afectadas por la

crisis económica.

Crisis que, en nuestro caso, se deja sentir básicamente

por el lado de la demanda, transmitiéndose inexorablemente

al grado de utilización de la capacidad productiva

-- cuya tendencia es decreciente a partir de 1974- y al volumen

de paro generado, el cual, si bien se mantiene relativamente

bajo durante unos años, acaba golpeándonos

con dureza, ya que, a finales de 1981, batimos el triste record

de superar a la media española de paro.

Esta crisis de actividad que atravesamos -agravada

por una política monetaria restringida que afecta al crédiio

a corto plazo, utilizado por la mayor parte de nuestras

cBnlpresas- se une a los problemas claramente estructurales

para situar a la economía valenciana en una encrucijada

de difícil salida si no se adoptan medidas de largo alcance.

En definitiva, se hace ya imprescindible salir de la táctica

de aguantar la crisis para pasar a la estrategia de

enfrentarse a ella.

Y, en este sentido, la experiencia histórica nos demuestra

que ni las crisis ni sus depresiones consiguientes

son situaciones irreversibles. Y la política económica nos

ofrece un arsenal de instrumentos para intentar hacerles

frente. Sobre todo por lo que respecta a sus factores endógenos,

que son los que están a nuestro alcance y que, en

nuestro caso, son, fundamentalmente, la lentitud con que

se reacciona por las autoridades estatales y la falta de capacidad

y voluntad políticas para afrontarla que han

mostrado nuestros gobernantes desde 1973 hasta hoy.

Evidentemente, me estoy refiriendo a una política económica

- básicamente industrial- que sea algo más que

un simple catálogo de reacciones defensivas ante la crisis.

En este sentido partiré, categóricamente, de la afirmación

que es posible y necesaria una política industrial, huyendo

de falsos liberalismos y metafísicas apelaciones a un

«mercado>>q ue sigue sin decidirse a orientar adecuadamente

y a proveer los recursos necesarios para resolver los

problemas pendientes de nuestra industria.

- De que la política industrial -si es que realmente

merece este nombre- diseñada hasta ahora es insuficiente

para tratar los problemas específicos valencianos, dado su

carácter global, la excesiva rigidez de los instrumentos utilizados

y su atención preferente a las industrias de base.

- Y de que es posible la elaboración y la aplicación

de una política económica específica que atienda nuestra

propia problemática, corrigiendo la distorsión que representa

la distancia de los centros de decisión al lugar

concreto de los problemas.

Esta política industrial valenciana debe plantearse como

un conjunto de medidas subordinadas a un programa

económico regional más amplio, que, a su vez, ni puede ni

debe estar en contradicción con la política económica estatal.

En cualquier caso, sería erróneo considerar que todos

nuestros problemas pueden encontrar solución en el marco

de una política económica autónoma.

Hay que huir de falsos triunfalismos y reconocer que ni

el volumen de transferencias de esta índole recogidas en el

Estatuto -idénticas, por otra parte, al de Euskadi y Cataluña-

van a permitir un margen pleno de iniciativa

-aunque sí de ejecución y desarrollo legislativo- ni

nuestros problemas se agotan en el marco estrictamente

geográfico de nuestra Comunidad.

A pesar de estas limitaciones iniciales, que con un sentido

realista hay que tener siempre presentes, así como el

condicionamiento adicional que supondrá la limitación en

los recursos disponibles para actuaciones concretas, seguimos

creyendo que la problemática peculiar y específica

de la economía valenciana requiere -exige- un tratamiento

diferenciado. Por consiguiente, consideramos

imprescindible el diseño y aplicación de una política regional

adecuada, ya que, si bien la experiencia parece

confirmar el poco éxito de políticas regionales de desarrollo

concebidas en forma genérica y, en muchos casos,

inalcanzables por dificultades estructurales, no es éste el

caso, puesto que nuestros problemas no son, en su mayor

parte, excesivamente difíciles de resolver técnicamente y,

al menos, hoy los conocemos suficientemente para poder

actuar sobre ellos.

En efecto, la propia confirmación de nuestra estructura

industrial -integrada básicamente por pequeñas y medianas

empresas-, que, por una parte, ha permitido que

en nuestra Comunidad la crisis se resistiera mejor durante

algún tiempo, nos sitúa frente a una serie de problemas

que en buena parte están condicionados por la escasa dimensión

de nuestras empresas. Recuérdese, por ejemplo,

que más del 95% de los establecimientos industriales valencianos

tienen menos de cien trabajadores empleados y

generan en su conjunto más de dos tercios del empleo total.

Los problemas que están ligados al pequeño tamaño

de nuestra planta industrial media son, de forma genérica,

una acusada carencia de racionalización técnica, con

un número escaso de personal técnico y altamente cualificado.

- Un equipamiento obsoleto, con una bajísima relación de inversión por puesto de trabajo, y un desfase tecnológico,

con la excepción de algún subsector concreto.

- Unido a todo ello, un bajo nivel de productividad,

que se sitúa aproximadamente en un 80% de la media española

y que, además, ha ido constantemente en retroceso

durante los últimos años. Siendo esta caída de la productividad

una de las causas de la pérdida relativa de nuestras

cuotas de participación en los mercados exteriores, agravando,

por consiguiente, las dificultades de nuestras exportaciones.

Las razones de este bajo nivel de productividad son

muy variadas. y pueden encontrarse en la falta de normalización,

que imposibilita grandes series; en el bajo nivel

tecnológico -como antes he indicado- y en los métodos

inadecuados de organización del trabajo; en la variedad

excesiva de productos unida a una errónea política de ventas;

en la deficiente planificación del trabajo, de los pedidos

y de la provisión + materias primas; en el absentismo

laboral, etcétera.

Algunas de estas causas están bastante generalizadas

con las empresas valencianas y dan idea de todo el camino

que queda aún por recorrer en este campo, donde se impone

urgentemente acciones concertadas en las que la iniciativa

privada, con el decidido apoyo de la Administración

autónoma, pueda ir introduciendo las reformas ineludibles

para remontar esta grave caída de nuestra productividad.

Nos encontramos, por otra parte, con que la difícil situación

económica internacional, con la presencia de

nuevos países oferentes de productos competitivos con los

nuestros, hace que éstos tengan un acceso cada vez más

difícil y en peores condiciones en los mercados mundiales.

Me he referido antes al marcado carácter exportador

de la economía valenciana, como uno de sus rasgos distintivos

básicos. En este sentido, las cifras no pueden ser más

reveladoras: de cada cinco millones de pesetas que exporta

España, uno procede de nuestra Comunidad. Y de ese

millón de pesetas, 800.000 son de productos industriales y

200.000 de productos agrícolas.

Por consiguiente, el apoyo y fomento de nuestras exportaciones

debe de constituir uno de los objetivos prioritarios

del Gobierno valenciano. La diferenciación de

nuestros productos mediante adecuadas campañas de promoción

exterior, su mejora a través del diseño y control de

calidad y la promoción de organizaciones colectivas para

la exportación serán los instrumentos a utilizar. Y en esta

labor esperamos, y estamos seguros de obtener, la firma

colaboración y soporte de todas las entidades afectadas y

vinculadas a estos problemas.

Dos deben ser, por consiguiente, las grandes líneas de

actuación, las referidas a la producción y a la comercialización

de nuestros productos.

He puesto ya de relieve algunas de las deficiencias más

acusadas de nuestro aparato productivo, y que inciden en

el bajo nivel de productividad de la industria valenciana.

Sobre éstas es preciso actuar de forma prioritaria: la incorporación

de tecnología, el diseño, la normalización del

producto, la racionalización y organización de nuestras

empresas.. . , el Consell coordinará, promoverá, impulsará

y apoyará cuantas acciones sean precisas en este sentido,

utilizando cuantas instituciones intermedias cubran ya

a u n q u e sea en precario- estos objetivos en nuestro

territorio o creando, en su defecto, las instituciones funcionales

que sean precisas para desarrollar estas acciones.

Resulta, sin embargo, evidente que el marco temporal

preciso para poder obtener resultados apreciables en estos

campos desborda la previsible duración de este nuevo gabinete.

Por lo tanto, nuestra actuación en estos meses irá

dirigida a construir la estructura precisa para que el Gobierno

autónomo que surja de las próximas elecciones regionales

pueda afrontar sin dilación la grave responsabilidad,

el reto histórico, que supone abordar una estrategia

progresista capaz de responder a la crisis de nuestra

economía.

E; cualquier caso, tal y como ya he indicado, en

nuestra concepción la política industrial debe insertarse

dentro de un programa económico regional mucho más

amplio.

Para los socialistas, una situación económica crítica,

con profundos daequilibrios, agravada por problemas

estructurales y por la secular ineficacia de la Administración

pública, no puede saldarse con meras políticas coyun -

turales que vayan aplicándose en función de los movimientos

cíclicos de la economía. Se hace imprescindible el recurso

a una política más ambiciosa e imaginativa, centrada

en la programación económica.

Que nadie se rasgue las vestiduras al oír estos términos;

programar no supone interferir la iniciativa privada, no

supone centralización burocrática asfixiante ni un control

férreo de la actividad económica. Programación, descentralizada

y participativa, supone poder sentar las

nuevas condiciones de un desarrollo económico, que no

puede darse al margen de los condicionamientos impuestos

por la nueva división internacional del trabajo y las

fluctuantes situaciones en este escenario internacional.

Programar, para nosotros, no es un mito ni la simple

elaboración de un catálogo de cosas a hacer. Supone la necesaria

unión entre las fuerzas sociales y las estructuras de

gestión. Y en este sentido consideramos que la participación

es una condición necesaria y prioritaria para garantizar

la aplicación de una política de programación, mediante

un proceso continuo de ajuste de los objetivos, de

puesta a punto de los instrumentos y de control de las intervenciones.

Intervenciones que serán concertadas con los sujetos de

las mismas, con los agentes económicos, sean públicos o

privados.

La programación no se limitará a una tradicional

política de objetivos, sino que dará cabida a la vía institucional,

tanto para su elaboración como para su puesta en

práctica, definiendo con claridad las competencias, niveles

de actuación y relaciones entre municipios, comarcas,

provincias y Generalitat. Se trata, en definitiva, no de hacer

una programación de la Comunidad Valenciana, sino

de una programación en la Comunidad Valenciana.

Este programa económico, con un ámbito de cuatro

años, deberá ser un plan concertado con los agentes económicos

y sociales y con todos los niveles administrativos;

deberá asimismo coordinarse adecuadamente con el nivel

estatal, según establece el articulo 131 de la Constitución

española.

En la etapa actual, por las mismas limitaciones temporales

antes aludidas, el Consell deberá sentar las bases para

que el próximo gobierno remita a las Cortes Valencianas

el proyecto de programa económico.

En tal sentido, el objetivo de estos meses será, por una

parte, la profundización de nuestra realidad y la preparación

de la infraestructura funcional que posibilite la elaboración

del programa. Articulando los vínculos imprescindibles

tanto con las universidades valencianas como con

el resto de instituciones que, a un nivel operativo o consultivo,

puedan colaborar en la elaboración del programa.

Asimismo, el Gobierno valenciano estará permanentemente

en relación con los agentes económicos y sociales,

en tanto en cuanto son cauces imprescindibles para que la

máquina administrativa funcione mediante el permanente

contacto con la realidad que le pueden proporcionar las

organizaciones e instituciones de carkter empresarial y los

sindicatos.

La defensa de los intereses económicos valencianos,

frente a cualquier instancia y a cualquier nivel, será la

constante básica de nuestras actuaciones, y en este sentido

manifestamos nuestro apoyo total a cuantas acciones sea

preciso desarrollar para garantizar la pervivencia de la siderurgia

valenciana, puesto que estamos firmemente convencidos

de que, en este caso, los intereses globales de la siderurgia

española, los de nuestra Comunidad y las razones

técnicas y económicas marchan por el mismo camino.

He de referirme ahora a uno de los sectores que más ha

contribuido al desarrollo económico valenciano, a la agricultura,

cuyo dinamismo potencial permite considerarlo

asimismo como uno de los que pueden contribuir al relanzamiento

de nuestra economía, siempre que se arbitren los

cambios necesarios para la modernización de la misma.

Conscientes de que la agricultura, debido a los problemas

estructurales que la aquejan, el horizonte temporal de

cualquier intervención debe rebasar necesariamente el espacio

de unos meses que tenemos delante, la actuación

concreta a desarrollar en este campo será la de atender a

los problemas urgentes, al tiempo que se elabora una

política de reforma de estructuras, una política de ventas y

una política de comercialización de productos agrarios.

Se trata básicamente de favorecer en el campo explotaciones

viables; de atender muy especialmente a las áreas

deprimidas; de buscar, conjuntamente con la Administración

central, medidas de mejora de las ventas agrarias para

compensar el desequilibrio, en contra de estas que han

tenido lugar en los últimos tiempos; de luchar contra el

paro agrícola, intensificando al máximo la política de reparar

y mejorar los servicios comunales, vecinales y comarles;

de descentralizar el crédito agrario y potenciar las

cajas rurales; de fomentar el cooperativismo agrícola; y de

intensificar la producción ganadera, de diversificar la producción

agraria y de racionalizar la red comercial. Esta

política agraria no tiene sentido si se piensa exclusivamente

como una política tecnocrática, realizada desde la Administración.

Hay que impulsar la participación democrática

de todos los sectores que conforman la agricultura valenciana,

y en consecuencia, hay que apoyar a las organizaciones

y sindicatos representativos del campo.

Antes de abandonar el sector agrario, quisiera subrayar

que los valencianos podríamos ver incrementado

nuestro desarrollo agrícola con una planificación hidrológica

adecuada, que será impulsada por el Consell, dentro

del criterio de otorgarle una alta prioridad.

Siendo el sector turismo de gran importancia en

1 nuestra Comunidad, la Generalitat procurará, de acuerdo

con su política de programación concertada con los agen-

1 tes económicos y sociales y con los distintos niveles institucionales,

actuar de modo que se diversifique la actual oferta

existente, para superar su estacionalidad espacial y temporal,

al tiempo que se garantice que las nuevas infraestructuras

que se asienten sobre nuestro territorio no supongan

degradación del medio físico.

En el terrono laboral, el Estatuto de Autonomía, al

conferir las competencias del artículo 149 de la Constitución,

adquiere una alta significación y alcance. El artículo

33.1 del Estatuto establece la competencia de la Generalitat

para la ejecución de la legislación del Estado en materia

laboral, del mismo modo que el artículo 31.21 de la

norma básica de nuestra Comunidad establece la competencia

exclusiva de la nueva administración autonómica

en materia de cooperativas. Conviene que precisemos, en

el ámbito temporal de mi mandato como Presidente de la

Generalitat, si obtengo la confianza de sus señorías, qué va

a ser la actuación en el tema que nos ocupa.

Dado que carecemos de transferencias en las materias

descritas, procede mantener las negociaciones con el Gobierno

Central, en el nuevo marco de la Comisión Mixta

que crea el Estatuto, para la pronta consecución de las

mismas. No debemos olvidar que en esta materia el proceso

negociador se encuentra muy avanzado, por lo que parece

razonable establecer la fecha del primero de enero de

1983 como indicada para el traspaso de facultades y servicios.

Si hasta la fecha razones de constitucionalidad han

impedido la asunción de este amplio género de competencias,

hoy, con el Estatuto en vigor, ningún pretexto,

jurídico o politico, podría admitirse para que así no se

produzca.

Podemos establecer, en cuanto a las transferencias laborales,

a recibir el próximo primero de enro, cuatro

grandes apartados que requieren un tratamiento diferenciado;

nos referimos, por consiguiente, a temas de relaciones

laborales, relaciones colectivas de trabajo, seguridad

e higiene en el trabajo y cooperativismo.

Es precisamente el segundo tema, el de las relaciones

colectivas de trabajo, el que supone un reto de alto contenido

politico para la nueva Administración autonómica.

Este apartado incluye las competencias en materia de negociación

colectiva, de convenios colectivos, de huelgas y

cierres patronales y de conflictos colectivos. Aquí entramos

en el complejo mundo de las relaciones entre los agentes

sociales protagonistas de la vida económica. La concepción

moderna y democrática de las relaciones industriales

se cimenta sobre el protagonismo que a empresarios

y trabajadores corresponde. Reconocer y potenciar

este protagonismo ha de ser nuestro criterio de funcionamiento.

Para ello, procuraremos el fortalecimiento de las

centrales sindicales y asociaciones patronales, vehículos indispensables

para esa autonomía social que propugnamos,

a la vez que sea cauce de representación y medio de participación

de las fuerzas sociales en las actuaciones públicas

y de gobierno que pudieran afectales. Igualmente, y al objeto

de facilitar un lugar de diálogo permanente, mi gobierno,

una vez reconocida la posibilidad de su existencia

por el Tribunal Constitucional, promoverá la creación de

un «Consejo de Relaciones Laborales» que ha de servir,

además de marco de encuentro, de órgano consultivo de la

política laboral autonómica y su acción de gobierno. Pero

el necesario protagonismo que desde el Consell se va a reconocer

a trabajadores y empresarios no va a suponer, en

ningún caso, renuncia al ejercicio de las facultades, al desarrollo

de las acciones y a la asunción de las responsabilidades

que, como autoridad laboral, nos corresponde; ninguna

dejación de autoridad podrá esperarse de nosotros.

Asumir las competencias estatales en materia de seguridad

e higiene supone para el Consell asumir la obligación

de procurar que el trabajo se preste en las mejores

condiciones favorables para la salud e integridad física de

los trabajadores. La obligación de velar por la seguridad e

higiene en el trabajo, que constituye fundamentalmente

una obligación contractual según el Estatuto de los Trabajadores,

es al mismo tiempo un deber público constitucional

impuesto por el artículo 40.2 de la Constitución a

los poderes públicos.

La mejora de la organización de la prevención de riesgos

será la primera de las tareas que nos vamos a fijar, para

lo que se impone la coordinación de los gabinetes de seguridad

e higiene que operan en el ámbito de nuestra Comunidad,

a partir del mismo momento en que sean transferidos.

Debe articularse una gestión administrativa eficaz

acerca de la prevención de los riesgos que con ocasión del

trabajo afectan a la población laboral valenciana, del mismo

modo que se promoverá la participación plena de

empresarios y trabajadores en esta gestión, de acuerdo con

las orientaciones internacionales, tanto de la OIT como de

la CEE y de acuerdo con las premisas de la concepción democrática

de las relaciones laborales.

En el ámbito de la cooperación nos vamos a enfrentar

a un reto múltiple y de considerables dimensiones. Conocida

es la fuerza y la amplitud de nuestro movimiento cooperativo.

El Estatuto nos confiere la competencia exclusiva

en la materia, lo que nos exigirá en un futuo elaborar la

normativa correspondiente al asociacionismo cooperativo

sin perder de vista el marco estatal en el que han de trabajar

nuestras cooperativas. Para la elaboración de esta normativa,

que ha de basarse en la libertad de creación de sociedades

coperativas y en la ausencia de innecesarios intervencionismos,

contaremos en todo momento con las aportaciones

y experiencias de las federaciones que operan en

nuestro ámbito territorial. Se ha de contemplar, sin duda,

las peculiares tradiciones de nuestras cooperativas, sobre

todo en el ámbito rural, y se ha de fomentar, de modo especial,

la creación de cooperativas de trabajo asociado y la

de las llamadas cooperativas de segundo grado.

Singular esfuerzo ha de dedicar la Administración

autonómica a apoyar las labores de formación en el mundo

cooperativo. Esta es una necesidad fuertemente sentida

por los cooperativistas y que nos va exigir una posición de

firmeza absoluta en la negociación de transferencias en

materia de cooperación. La Administración central se ha

mostrado propicia a la transferencia de los servicios de registro,

asesoramiento, asistencia, fiscalización del cumplimiento

de la legislación cooperativa.

Desde el Gobierno valenciano se deben impulsar las relaciones

y la colaboración entre las diversas federaciones

de cooperativas que operan en nuestro territorio, como

medio de potenciar el movimiento cooperativo en su conjunto.

Los desequilibrios que se observan entre distintas

zonas de nuestra geografía, en cuanto a implantación y

desarrollo del movimiento cooperativo, pueden ser corregidos

por esta vía de impulso a la colaboración.

Si la competencia para organizar el mercado de trabajo

corresponde al Estado, el Gobierno valenciano debe

promover la mejora en las condiciones de la oferta, impulsando

la creación de centros de formación y reconversión

profesional que permitan la preparación, especialmente

en el caso de los trabajadores jóvenes, que constituyen el

colectivo laboral más afectado por el paro. Para ello debe

fomentar la colaboración entre las administraciones públicas

que operan en nuestro ámbito territorial.

Tan importante como la creación de puestos de trabajo

resulta la acción dedicada a evitar la desaparición de los

existentes. El Consell debe vigilar la aplicación de las medidas

contempladas en los decretos de reconversión industrial,

algunos de los cuales, como el naval, el textil o el

calzado afectan de lleno a nuestro nivel de empleo. Cuando

el decreto respectivo así lo permita, como en el caso del

calzado o el textil, el Consell debe exigir su presencia en

las comisiones ejecutivas o de seguimiento del plan. Del

mismo modo, el Consell debe hacer oír su voz en todos

aquellos problemas de empresa o de sector, de cuya solución

pueda depender el mantenimiento o desaparición del

puesto de trabajo.

Poner los pilares de un sistema sanitario, cuyo eje

central sea la salud, requiere el inmediato desarrollo de las

acciones de salud pública. La Comunidad Valenciana,

con un espectro epidemiológico impropio de su desarrollo

industrial y cultural, padece endémicamente enfermedades

infecciosas transmisibles, deficit nutritivos y pautas

culturales que favorecen y generan la enfermedad.

Si bien en la actual situación se ha procedido a la creación

de unidad de vigilancia epidemiológica y a mantener

un control del sistema de declaración obligatoria de

enfermedades, éste debe mejorar. Para ello es necesario

una acción concertada de todos los organismos sanitarios.

Pero esta acción no abarca al campo sanitario únicamente.

La falta de control de los vertidos residuales, la no

existencia de medidas de depuración eficaces y, en definitiva,

la falta de planificación del territorio y conservación

del medio ambiente, agravan aún más las causas que favorecen

y generan las enfermedades transmisibles.

Se suma a lo anterior la necesidad de arbitrar una vigilancia

veterinaria y farmacéutica que garantice la salubridad de los productos alimenticios y su origen de producción,

manipulación, transporte y consumo.

De modo preferente se prestará atención preventiva

sobre la población infantil, garantizando su derecho a la

salud, su obligación de cumplir las vacunaciones y su revisión

preventiva durante la escolarización.

Queda, por último, como acción prioritaria dentro de

la salud pública, actuar sobre aquellos factores de riesgo

que influyen en la patología propia de los trabajadores, las

condiciones de su entorno profesional y el efecto de esto

sobre la salud de la población trabajadora.

La organización, estructuración y desarrollo de los servicios

médicos generales nunca constituirán para el sistema

de salud, un fin en sí mismo, bajo el pretexto de satisfacer

la creciente demanda asistencial, sino que, muy por

el contrario, la atención médica dentro de la atención primaria

de la salud constituirá un valioso medio orientado a

satisfacer en el marco comunitario las auténticas necesidades

sanitarias de la población. Respondiendo a estas necesidades,

resulta imprescindible la asunción por parte del

conjunto del sistema sanitario, y muy especialmente en el

área de los cuidados primarios, de las funciones preventivas

de protección y de fomento de la salud.

Así pues, la cobertura de atención primaria de la salud

pasa por hacer cumplir, dentro del plan de inversiones sanitarias

de la Generalitat, los mapas sanitarios de las provincias

de nuestra Comunidad Autónoma. Prestando asistencia

comarcal, subcomarcal y local a aquellas zonas con

más carencia de servicios sanitarios. Habrá que establecer

las prioridades dentro del espíritu de poner fin a las desigualdades

territoriales de la oferta sanitaria.

La optimización de recursos es una tarea de planificación

del presupuesto en base a prioridades y de ejecución

de los programas en base a los recursos. Pero todo ello debe

ir acompañado de una profunda visión moralizante de

la utilización de los fondos y recursos públicos.

Por ello debemos proceder a la aplicación rigurosa de

los presupuestos de inversiones sanitarias públicas, ya que,

en 1981, 3.056 millones de pesetas no fueron invertidos

por el Insalud, a pesar de estar contempladas como inversiones

reales, en nuestra Comunidad Valenciana.

Será necesario localizar territorialmente las inversiones

sanitarias en las zonas carentes de soportes sanitarios, en

función de las demandas de los ciudadanos y de sus necesidades

reales.

Iniciar y desarrollar un proceso de regeneración de

nuestra sanidad pública requiere la modificación de las relaciones

de poder que hoy se dan en la misma.

Pieza básica de tal modificación de las relaciones de

poder es el cambio de las relaciones entre la Comunidad y

los servicios sanitarios, entre los trabajadores sanitarios y

sus empleadores y entre el médico y el enfermo. La participación

de la Comunidad garantiza que el sistema sanitario

está al servicio de la sociedad y no al revés.

El Gobierno de mi Presidencia prestará atención a los

servicios sociales, entendidos como un nuevo concepto

progresista y dinámico.

Consideramos los servicios sociales como un derecho

social que, mediante un sistema público, garantice el tratamiento

global de las necesidades de la Comunidad, a

través de la elaboración de programas y la creación de recursos

y equipamiento social que contribuyan al bienestar

y desarrollo de los individuos y los grupos de nuestra sociedad.

La crisis actual obliga a dar respuesta a las necesidades

sociales de la Comunidad y a dar respuestas válidas, basadas

en la promoción de las condiciones de igualdad, la

prevención de la marginación, la acción social y la reinserción

social.

Nuestro Estatuto de Autonomía otorga a la Generalitat

valenciana competencia exclusiva sobre la totalidad de

las materias relativas a cultura, al patrimonio histórico-artístico,

a museos, a archivos y bibliotecas, así como a las

actividades artísticas en general. Esta nueva situación, por

la que han luchado tantas generaciones de valencianos,

nos abre unas enormes posibilidades que no pensamos desaprovechar.

Cometeríamos ahora una gran injusticia si pretendiéramos

frenar o sustituir las variadas muestras de vitalidad

cultural que se manifiestan en nuestras comarcas. Por

eso, en esta primera etapa y mientras no se acelere el traspaso

de las competencias que nos pertenecen según el Estatuto,

el gobierno de la Generalitat se propone animar y

potenciar la actividad de todos aquellos grupos que han

trabajado firmemente por la cultura en épocas menos propicias.

Es urgente, en cambio, una actuación decidida en la

recuperación de nuestra lengua, el valenciano, conservada

durante los últimos sig'os por transmisión popular eminentemente

oral, y que ha estado progresivamente

excluida de muchos ámbitos imprescindibles para su supervivencia.

El Estatuto, que nos obliga a «garantizar el

uso normal. del valenciano, nos exige también iniciar toda

una serie de acciones que frenen en principio el secular

proceso de sustitución lingüística y que, posteriormente,

con el soporte institucional necesario impulse la presencia

del valenciano en la calle, en los medios de comunicación,

en las intervenciones públicas, a fin de que el valenciano

vuelva a ocupar en la sociedad el lugar que le corresponde.

La política cultural del Consell de mi Presidencia

tendrá como objetivo la expansión y potenciación de las

oportunidades para la creatividad y para el consumo de la

cultura. Pretendemos realizar un esfuerzo descentralizador,

liberalizador y estimulador de la cultura. Descentralizador,

ya que el distanciamiento de los mercados culturales

centralizados es responsable del desarrollo limitado de

muchas iniciativas comunitarias; liberador, entendido como

incremento de los recursos materiales técnicos y humanos;

y estimulador, al objeto de fomentar la participación

en la producción y consumo culturales, ampliando la base

sociológica del acto cultural.

El Consell de mi Presidencia asume la totalidad de las

competencias que, en materia de cultura, contempla el

Estatuto, y exigirá del Estado los medios y dotaciones de

personal y material adecuados para su gestión.

Nos proponemos efectuar la coordinación y colaboración

con las corporaciones locales y provinciales, tanto en

el sentido de orientación técnica como de promoción de

Número 2 Año 1982

actividades concertadas, así como el establecimiento de

convenios estatales de cogestión en temas de patrimonio y

equipamiento cultural.

El Gobierno de la Generalitat potenciará la capacidad

creativa de nuestro pueblo y, a tal fin, fomentará la producción

editorial en valenciano, a través de una política

de ayudas a la edición y a la divulgación de libros; tenderá

a la descentralización de la actividad teatral, coordinando

las iniciativas comarcales, y fomentará la creación de

compañías estables; estructurará una política cinematográfica

que acometa la creación de una producción valenciana

normalizada, hoy inexistente, creando a esta f inalidad

un centro de estudios cinematográficos y una filmoteca;

prestar atención preferente a la música popular y

a la divulgación de todas las manifestaciones musicales,

efectuando una política de apoyo a las bandas musicales

locales, orfeones y grupos corales, así como a la formación

de profesionales, superando la actual situación de insuficiencia

de los centros, poniendo al día los sistemas pedagógicos

y promoviendo la creación de nuevos centros que potencien

las proposiciones de vanguardia y busquen nuevas

formas de conexión entre la música clásica y la popular;

en las artes plásticas, el Consell fomentará la promoción y

divulgación de las obras de nuestros artistas más representantivos,

creándose un museo de arte contemporáneo valenciano.

El Gobierno de la Generalitat continuará la actual

política de creación de nuevas bibliotecas municipales,

hasta alcanzar unos mínimos homologables a los exigidos

por la Unesco; fomentará la lectura mediante campañas

de promoción dirigidas especialmente a estudiantes, y sentará

las bases para la creación de la biblioteca nacional de

la Generalitat valenciana; en materia de museos llevará a

cabo una efectiva planificación, creando servicios comunes

dentro de la Generalitat.

El Gobierno de mi Presidencia, en caso de contar con

la confianza de esta Cámara, establecerá los medios y recursos

necesarios para la protección, conservación y difusión

del patrimonio arquitectónico, etnológico y arqueológico,

tanto en su dimensión cultural como en sus dimensiones

sociales y económicas al servicio del pueblo.

El Gobierno de la Generalitat velará por el patrimonio

natural, histórico y folklórico, ya que la cultura, en el sentido

más amplio de la palabra, abarca desde la

gastronomía de nuestros pueblos a nuestras fiestas más tradicionales,

pasando por nuestros monumentos artísticos;

en definitiva todo aquello que representa las manifestaciones

creativas de una sociedad muy concreta, la nuestra.

El artículo 35 de nuestro Estatuto atribuye a la Generalitat

la competencia plena para la regulación y administración

en la enseñanza en toda su expresión, niveles y

grados, modalidades y especialidades, en el ámbito de sus

competencias, sin perjuicio de las limitaciones que en esta

materia impone la Constitución. En ejecución de este precepto

legal, el Gobierno de la Generalitat prepara un plan

de actuación que someterá a la aprobación de las Cortes

Valencianas y que se aplicará a partir del curso 83-84. Para

la elaboración de este plan consultaremos con las instituciones

educativas afectadas.

Constituirá la preocupación fundamental del Consell

la Educación General Básica, ya que este nivel representa

la base de la formación de los futuros ciudadanos. En este

sentido, poseemos información suficiente para conocer la

actual situación de las condiciones infraestructurales de la

escuela valenciana, y conocemos la opinión del profesorado

respecto a los temas fundamentales para la futura

orientación de la escuela. Nos comprometemos a mantener

un diálogo constante con el profesorado de los centros,

para escuchar sus necesidades y problemas, a fin de procurarle

las ayudas complementarias de material didáctico y

de otros medios que tiendan a evitar el fracaso escolar.

Somos también conscientes de la falta de profesorado

auxiliar en materias consideradas secundarias, pero importantes

para la formación de la juventud en una sociedad

culta y avanzada, tales como la música, el deporte,

los medios de comunicación modernos o nuestra historia y

cultura. Son objetivos importantes que pretendemos alcanzar

progresivamente en la medida que nuestros recursos

nos lo permitan.

Este interés, por parte del Gobierno de la Generalitat,

en la educación, creemos que influirá en la moral de los

maestros, tantas veces desanimados por trabajar en condiciones

de precariedad y sin que las instituciones hayan llevado

a cabo nunca política concreta ninguna en beneficio

de este sector profesional tan importante para nuestra sociedad.

Necesitamos maestros en calidad y número suficientes;

por eso, aunque su formación intelectual y sus condiciones

profesionales no estén en nuestras manos, trataremos de

ayudar cuanto podamos, colaborando activamente en los

cursos complementarios de formación y reciclaje, y acogeremos

favorablemente cuantas iniciativas puedan ser

viables en un futuro, cuando la Enseñanza General Básica

y la Formación Profesional sean transferidas a la Generalitat

Valenciana.

Queremos, en definitiva, impulsar el progreso y la modernización

de nuestra escuela, conscientes de que cualquier

esfuerzo en este sentido será una inversión rentable a

largo plazo, que redundará en beneficio del futuro de

nuestra Comunidad.

La enseñanza que se ha producido en nuestra escuela,

como en cualquier otra parte del Estado español, sin ningún

rasgo diferenciador (ésta es la hora en que nuestra

cultura aún no ha formado parte del bagaje educativo de

nuestra infancia). Será a partir de ahora cuando, a través

del derecho a conocer y a utilizar nuestra lengua, los valencianos

unamos educación y cultura propia, cultura valenciana

que es patrimonio nuestro y que tenemos la obligación

de conocer y legar a nuestros hijos.

Quiero manifestar con estas palabras mi convencimiento

de que la aplicación del decreto de bilingüismo no

es una preocupación de determinados y reducidos sectores

a la izquierda o a la derecha del arco parlamentario, sino

que es y será una preocupación constante y fundamental

de esta Presidencia y de todo el Consell, por ser un derecho

de nuestro pueblo que recuperamos histórica y democráticamente.

Hay tres objetivos, sin embargo, que serán prioritarios

en nuestra acción de gobierno: la plena escolarización de

los niños valencianos en EGB y Formación Profesional; la

creación de una red de guarderías en colaboración con los

ayuntamientos y diputaciones, en función de las necesidades

comarcales y del índice de mujeres trabajadoras con

hijos menores de seis años; y la potenciación y creación de

los centros de educación especial necesarios.

En el ámbito de la enseñanza superior, el Gobierno de

la Generalitat impulsará la creación del Consell Valencia

d'universitats, con la participación de las dos Universidades

de Valencia, la universidad de Alicante y el Centro

Universitario de Castellón, y los centros de la Universidad

Nacional a Distancia de Alzira, Vila-real, Dénia y Elx, así

como paso previo a la convocatoria del Primer Congrés

Universitari Valencia, necesario para el estudio de la situación

actual y planificación del futuro de nuestras universidades,

tanto en el campo estrictamente académico como

en el de su relación con la sociedad y a través de la investigación

sobre la realidad valenciana y las campañas de

extensión cultural.

El Gobierno de mi Presidencia, en el caso de contar

con la confianza de sus señorías, asumirá la necesidad ineludible

de dar respuesta institucional a la problemática de

la juventud, potenciando su participación y velando por

poner a su alcance los instrumentos de educación y cultura

que les permitan la adecuada integración en todos los ámbitos

de la vida social.

Como línea general de actuación, cabría remarcar la

política de «puertas abiertas» que la Generalitat debe hacer

efectiva para con la juventud, al margen de los servicios

que a dicho sector social pueda prestar, permita asumir

las diferentes actividades que los propios jóvenes propongan.

Nuestra joven democracia necesita fehacientemente de

la participación de la juventud para su definitiva consolidación;

por tanto, desde las instituciones valencianas se

promoverá una política de lucha contra el paro, la marginación

y el desencanto que impregna a amplios sectores de

la juventud de nuestra Comunidad.

La política deportiva, del Consell de mi Presidencia, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 31.28 de nuestro Estatuto,

deberá inspirarse en el principio de que la práctica

deportiva debe ser un derecho al que tengan acceso efectivo

todos los valencianos, como factor de liberación cultural,

social e instrumento de desarrollo integral de la persona.

Desde esta perspectiva, la Generalitat asume la concepción

del deporte como un servicio público que desarrollará

de forma coordinada con el resto de los poderes

públicos que ostenten la competencia en esta materia.

El Estatuto de Autonomía establece que corresponde a

la Generalitat «el desarrollo legislativo y la ejecución del

régimen de radiodifusión y televisión», «del régimen de

prensa y, en general, de todos los medios de comunicación

social», pudiendo «regular, crear y mantener su propia televisión,

radio y prensa y, en general, todos los medios de

comunicación social para el cumplimiento de sus fines». Y

la disposición adicional sexta indica que «el Estado otorgará

en régimen de concesión a la Generalitat la utilización

del tercer canal de titularidad estatal, que debe crearse

específicamente para la emisión en su territorio.

El Gobierno de la Generalitat exigirá, en el marco de

la libertad de expresión y de la imparcialidad informativa,

garantizada mediante control parlamentario, que los medios

de comunicación del Estado sean una vía útil y eficaz

de comunicación entre las instituciones de la Generalitat y

el pueblo valenciano y colabore activamente en las tareas

de consolidación de la conciencia valenciana y de recuperación

cultural, política, social y económica.

En cuanto a televisión, haremos efectiva la posibilidad

de una programación específica a través de la segunda cadena,

en base a la subcontratación y compra de programas

de otras televisiones y organismos internacionales, así

como a la ONU y Unesco y a la producción de programas

propios.

Esta programación, sometida a control parlamentario,

será revisada periódicamente en función de los estudios de

audiencia, quienes proporcionarán la única base racional

para un programa eficaz, interesante y aceptado

ampliamente. Esta utilización de la segunda cadena de televisión

española sería paso previo que preparará la creación

de la infraestructura necesaria del tercer canal: la

televisión valenciana.

(El candidato continúa exponiendo en Valenciano.)

Senyors Diputats, tot el que he dit significa que nosaltres,

els socialistes, hem apostat per un futur de progrés

i llibertat per al poble valencia, un futur en el que hauran

de treballar amuntó per a recuperar molts anys, moltes

decades de progressiva degradació de les nostres senyals

d'identitat. No ens preocupen les dificultats; ens preocupa

comptar amb la voluntat de la majoria dels valencians per

mantenir el ritme de transformació que ens hem decidit

dur a terme.

Construir un país, construir una comunitat, reconstruir-

lo amb la referencia historica de cinc segles de vida

autonoma en el marc foral de l'antic Regne de Valencia,

no és tasca facil i aix6 ho sabem, pero que ningú dubte

que ho farem i que ho farem amb la convicció que mereix

un desafiament historic d'aquesta transcendencia.

Vullc també recordar ara el treball fet, els esforcos

anonims de mils i mils de valencians, els esforcos dels

nostres intelectuals en els difícils anys de la dictadura, que

han anat despertant en molts valencians el gust per retrobar-

se amb l'autenticitat de la seua ciutadania; els esfor~os

de molts batles democratics que han sabut explicar el sentit

de la valenciania, que han replegat la voluntad dels

seus veins en acords plenaris municipals a favor de complimentar

els requisits municipals constitucionals; els

esforcos de tots aquells que han anat edificant dificultosament

la nostra autonomia, fins el moment actual; dels

Consellers, Directors Generals i funcionaris, particularment

dels dos Presidents de preautonomia: Josep Lluís Albiñana

y Enrique Monsonís. A tots, el record i la gratitud

més sincera en aquests moments de consolidació de la vida

autonomica valenciana.

1 ara vullc acabar fent arribar a aquest historic saló de

Número 2 Año 1982

(Vicent Andrés Estellés. 1963.) momentos. Sobre todo, buscamos una buena imagen de

estas instituciones ante los valencianos, ante los habitantes

Corts les paraules i versos del nostre gran poeta Vicent

Andrés Estellés:

POb le, recorda't

del que de tu s'espera

al cap dels segles.

Dus, darnunt els teus muscles,

el feix de l´esperança.*

deben regir en esta elección es, por lo menos, discutible y,

desde nuestro punto de vista, erróneo. Porque la interpretación

se debe hacer a la luz de muchos factores y, especialmente,

a la luz de la interpretación de la voluntad del

legislador.

Y, por lo menos: consideramos que es una ingenuidad

política, o una interpretación absolutamente superficial y

partidista, la que se hace de la norma a aplicar en estos

Moltes gracies.

El señor PRESIDENTE:

Primero, una advertencia. Ruego a los señores del

público se abstengan de cualquier tipo de manifestación a

lo largo de las sesiones. segundo lugar, la sesión se suspende

y continuará a las 17 horas minutos, fijándose

prudencialmente, en virtud del articulo 81 del Reglamento,

la hora de votación a las 20 horas de esta tarde.

~ desta Pr~esidencia a los~ ~portavo~ces que ~

consumirán un turno máximo de 30 minutos en su primera

intervención de contestación al candidato.

Se suspende la sesión, pues, hasta las 17.30 horas.

(son las dieciséis horas cuando el Señor Presidente levanta

la sesión.