La Administración Pública Autonómica y el ejercicio
de las competencias estatutarias de la Generalidad sobre
las demás Administraciones Públicas en nuestro territorio,
son, a la vez, un objetivo de este Gobierno y un instrumento
necesario para poder desarrollar los demás objetivos
sectoriales.
Es mi deseo conseguir una Administración Pública
imbricada en la propia estructura del Gobierno, como órgano
colegiado y, sobre todo, en cada una de las Consellerias,
que responda a principios de flexibilidad, austeridad,
economía y celeridad y, con ellos, la adaptación a las que
constituyen las necesidades sociales.
Queda descartado del proyecto de diseño organizativo
estructural y funcional de la Administración Pública de la
Generalidad Valenciana cualquier Administración paralela,
la duplicación de funciones y estructuras o fórmulas
que lleven al resultado de aumentar el nivel de gasto de la
propia autoorganización de nuestra Comunidad Autónoma.
Nuestro Estatuto establece, además de la competencia
de la Generalidad para su propia autoorganización, y por
tanto para la propia Administración Autonómica, una serie
de competencias sobre las Administraciones Públicas
de las distintas Instituciones presentes en nuestra Comunidad.
Es mi criterio el desarrollar el ejercicio de esas competencias,
tanto en lo que se refiere al ejercicio de facultades
de Gobierno, como en el contenido de los Proyectos de
Ley que deberán conocer en su día estas Cortes, con referencia
a estas otras Administr- ' Públicas, siguiendo
las líneas maestras que en ar u ia implantación y racionalizació~
d e la Administración Autonómica he venido
señalando.
Con ello se obtendrá una Administración Pública, en
sus distintos niveles, dentro de la Comunidad Valenciana,
homogénea, racional y eficaz, que proporcionará al ciudadano
un mejor servicio, sea cual sea la Institución a la que
acuda para que sean atendidas sus necesidades y resueltos
sus roblem mas.
Diputaciones y Ayuntamientos han de seguir realizando
su actividad, imprescindible para los ciudadanos, aunque
sus planteamientos tienen que ajustarse al nuevo diseño
del Estado que suponen las Autonomías, y en nuestro
caso, también al hecho comarcal y su institucionalización
estatutariamente prevista.
El Gobierno que espero formar desarrollará el Título
IV de nuestro Estatuto y ejercerá las competencias exclusivas
de la Generalidad en materia de Régimen Local. Se
presentará por tanto a estas Cortes el correspondiente Proyecto
de Ley de Comarcalización, así como un Proyecto de
Ley sobre coordinación de funciones de las Diputaciones y
de delegación de competencias a las mismas.
Igualmente, el Gobierno impulsará la Autonomía Municipal,
proponiendo a las Cortes la delegación de funciones
y competencias que puedan asumir los Ayuntamientos.
Las Diputaciones y Ayuntamientos, como entes
locales territoriales, ejercerán, por tanto, las funciones
que determine la legislación local y aquellas otras que se
deriven de competencias delegadas por la Generalidad, de
forma tal que quede garantizada una prestación eficaz y
no discriminatoria de los distintos servicios.
En suma, el planteamiento de la acción de Gobierno y
del impulso legislativo en materia de Administración Local
responde al doble principio del máximo respeto a la
autonomía de las Instituciones que la integran, constitucionalmente
consagrada, y coordinación armónica de las
distintas acciones de la Administración Pública, en general,
en el seno de la Comunidad Valenciana, de acuerdo
con nuestras prescripciones estatutarias.
Se establecerá una Función Pública de la Generalidad
Valenciana unitaria, con un régimen organizativo peculiar,
flexible y adecuado en cada circunstancia de lugar y
de tiempo, a las necesidades públicas sentidas por el colectivo
ciudadano, con independencia de su origen y procedencia.
En este sentido, se opta claramente por la formación
de una Función Pública de la Generalidad Valenciana con
permeabilidad respecto a todos los funcionarios al servicio
de cualquier otra Institución Pública en nuestro territorio,
lo que, sin duda, ha de favorecer la calidad de los servicios
de esta Administración y ampliar las posibilidades profesionales
de los funcionarios.
Quiero manifestar, una vez más, mi confianza en los
funcionarios públicos, trabajadores de la Administración,
que, al servicio de los intereses colectivos, administran con
competencia, dedicación y moralidad pública las atribuciones
y funciones que les han sido asignadas. La prestación
del Servicio Público exige el abandono de cualquier
interés parcial de tipo corporativista o elitista y estimo que
la Función Pública, así entendida, representa la ilusionada
entrega de unos saberes, prácticas o trabajos que se
prestan a los demás, en aras de la construcción de unas
estructuras sociales más modernas y más solidarias, que
son las que nuestro pueblo desea, según ha expresado recientemente
en las urnas.
Es mi propósito configurar para los funcionarios destinados
en nuestras Instituciones Autonómicas una regulación
basada en el reconocimiento de los derechos de los
funcionarios, relativa a carrera profesional, promoción,
justa remuneración, participación, sindicación, huelga,
negociación colectiva y formación permanente.
Esta Función Pública, para que sea eficaz en el servicio
de los ciudadanos y objetiva en el cumplimiento de su tarea
pública, requiere el desarrollo y adecuación del régimen
g~neradle incompatibilidades del personal al servicio
de la Comunidad Valenciana, régimen éste que ha de responder
a los objetivos de imparcialidad, eficacia y dedicación.
En los mismos términos que he señalado para la Función
Pública de la Generalidad, el Gobierno que espero
formar ejercerá sus competencias estatutarias y elaborará
sus proyectos legislativos para su consideración por estas
Cortes, respecto de los funcionarios públicos de otras Administraciones
dentro del ámbito del territorio de esta Comunidad.
Al aproximarnos' a nuestra realidad económica, cualquier
diagnóstico que intentemos efectuar puede saldarse
con una respuesta que parece tópica: atravesamos una crisis que, incidiendo en un principio por el lado de la demanda,
se ha transmitido rápidamente hacia el grado de
utilización de la capacidad productiva, con las repercusiones
consiguientes sobre el nivel actual de empleo.
Esta crisis de actividad, agravada por otros factores coyunturales
que han venido a sumarse a ella, se une a un
conjunto de problemas estructurales que sitúan a la
economía valenciana en una encrucijada de difícil salida si
no se adoptan medidas de largo alcance. En definitiva, ya
no cabe adaptarse pasivamente a los acontecimientos. La
imprescindible estrategia a seguir pasa por actuar sobre
ellos, modificándolos.
En consecuencia, el concepto de política económica
que considero operativo no se reduce a ser un simple catálogo
de reacciones defensivas ante una crisis.
Esta política económica va a estar necesariamente determinada
por la propia conformación de nuestra estructura
industrial, integrada, básicamente, por pequeñas y
medianas empresas, que si por una parte han permitido
que en nuestra Comunidad la crisis resistiera mejor durante
algún tiempo, también nos sitúa frente a una serie de
problemas que, en buena medida, vienen dados por la escasa
dimensión de nuestras empresas, y que se traducen en
una acusada carencia de racionalización, un bajo nivel de
productividad y un desfase tecnológico importante.
La progresiva destrucción de puestos de trabajo,
causada por la desaparición continuada de empresas y por
la disminución del grado de utilización de nuestra capacidad
productiva, sitúan, como objetivo básico de nuestra
actuación, el mantenimiento y modernización de esta capacidad
productiva instalada en nuestros sectores industriales,
sin renunciar por ello a la atracción de inversiones
exteriores ni a potenciar la aparición de nuevas
, líneas de productos.
Por consiguiente, la aportación de la política industrial
en la lucha contra la crisis se desarrollará, básicamente,
a través de medidas encaminadas a aumentar el
grado de utilización de la capacidad productiva de
nuestras empresas.
Dada la atonía de la demanda interna, el relanzamiento,
dentro de los límites en que nos movemos, debe producirse
necesariamente aumentando nuestra presencia en los
mercados exteriores.
En tal sentido, considero prioritario apoyar, con todos
los medios a nuestro alcance, el esfuerzo exportador que
vienen haciendo nuestras empresas.
Simultáneamente, una tarea ineludible y paralela a estas
acciones será acometer con la mayor urgencia la modernización
de algunas de nuestras empresas y sectores industriales.
Con este fin, la Generalidad creará el Instituto
de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana, cuya finalidad
será la prestación de todo tipo de servicios y asistencia
técnica a las empresas; el apoyo y participación en proyectos
concretos, con empresas y sectores que se orienten,
tanto a la innovación tecnológica como al diseño, control
de calidad, normalización e imagen interior y exterior de
los productos valencianos.
De manera coordinada y conjunta con la creación del
Instituto, se impulsará una sociedad mixta de promoción
industrial que aglutinará las fuerzas económicas y sociales
de nuestra Comunidad, las cuales, conjuntamente con la
Administración Autonómica, proveerá los fondos necesarios
para completar los apoyos financieros que necesitarán
las empresas comprometidas en los objetivos antes mencionados.
Conjuntamente con estas actuaciones, la Generalidad,
a través de Convenios, tanto con el Instituto de Crédito
Oficial, como con el resto de Instituciones financieras,
tiene el propósito de canalizar fondos en condiciones más
adecuadas a las características de nuestra pequeña y mediana
empresa. En el mismo sentido, dirigiremos la actuación
de las Cajas de Ahorro radicadas en nuestro territorio.
El Gobierno Valenciano promoverá, para aquellos sectores
industriales radicados mayoritariamente en su territorio
y que se encuentran con especiales dificultades
estructurales, las acciones encaminadas al saneamiento de
sus estructuras productivas y comerciales, utilizando para
ello tanto los cauces previstos por la legislación estatal, respecto
a la reconversión industrial, como desarrollando las
facultades contenidas en nuestro Estatuto de Autonomía.
Considero prioritario reducir el volumen actual dc desempleo,
así como minimizar los efectos y el coste social que
la necesaria modernización de nuestros sectores industriales
supone para alguna de nuestras comarcas. El
caso más grave, el de Altos Hornos del Mediterráneo, en el
que determinados comportamientos son difíciles de justificar,
ha venido acompañado por actitudes de la Dirección
o de los responsables de la política industrial, que en nada
han beneficiado a ese clima de necesaria concertación que
requiere el problema. La justa inquietud de los trabajadores
saguntinos, que yo comparto, que ven amenazado su
futuro a causa de la necesaria reconversión, ha de encontrar
el eco adecuado en el Gobierno de los valencianos.
Quiero reafirmar mi decidido compromiso de proteger
los intereses de los trabajadores en aquellos supuestos
problemáticos que puedan plantearse con la reconversión
de la siderúrgica integral.
En las acciones de promoción industrial se considerarán
con especial interés aquellas comarcas más deprimidas
y que han quedado al margen del proceso de industrialización,
con el fin de ir reduciendo, paulatinamente, las desigualdades
interiores que hay en nuestro territorio.
Es mi propósito desarrollar una política que permita la
reforma y modernización de nuestras estructuras comerciales,
teniendo en cuenta la colaboración y participación
de los interlocutores sociales e institucionales. Sobre estas
bases se orientarán los Proyectos de Ley de Ordenación del
Comercio y de Superficies comerciales. La defensa e información
de los derechos de consumidores y usuarios será un
objetivo prioritario de Gobierno Valenciano, y con esta finalidad
se remitirá a las Cortes un proyecto de Estatuto
del Consumidor para nuestra Comunidad.
La urgencia de la respuesta a los graves problemas que
hoy tiene planteados la economía valenciana no puede
ocultar que una gran parte de los mismos tienen unas
características estructurales y que requieren un tratamiento
a medio y largo plazo, necesariamente conectado con laprogramación económica. Una programación descentrada
y participativa que suponga poder sentar las nuevas bases
de un desarrollo económico que no puede darse al margen
de los condicionamientos impuestos por la nueva división
internacional del trabajo ni del nivel de desequilibrios
internos en que nos movemos.
Aspiro a que este programa económico sea un plan
concertado con todos los agentes sociales y económicos y
con todos los niveles administrativos, a fin de dotar de
coherencia a las actuaciones encaminadas a conseguir la
creación de empleo, aumentar y mejorar la distribución
de la renta y la calidad de vida. Y todo ello, sin perder la
perspectiva de una mejor ordenación del territorio y la disminución
de las diferencias comarcales.
En el marco de esta planificación regional, resulta básico
conseguir una actuacion ágil y precisa de la Generalidad
en el terreno de las inversiones públicas.
Para ello se realizará un Programa de Inversiones
Públicas, de carácter anual, que tendrá en cuenta los proyectos
de inversión que se deben financiar con cargo al
Fondo de Compensación Interterritorial. Este programa
estará en estrecha conexión con los objetivos y prioridades
señalados en el Programa Económico Regional.
Especial atención merecerá, dentro del Programa de
Inversiones Públicas, el tratamiento de la reconstrucción
de las zonas afectadas por las inundaciones del otoño de
1982, especialmente en las comarcas de la Ribera Alta y la
Ribera Baja.
Asimismo se canalizarán las necesarias inversiones dirigidas
a mejorar la infraestructura de base que precisa
nuestra actividad turística, con el más escrupuloso respeto
a la protección del medio ambiente y a la conservación de
nuestros espacios naturales.
Será una preocupación fundamental la inserción de la
mujer y de los jóvenes, los más afectados por el paro, en el
mundo del trabajo. En este sentido se dirigirán las actuaciones
encaminadas a su formación y preparación profesional.
Un sector de los trabajadores valencianos que sufren
con especial dramatismo el problema del paro es el de los
jornaleros agrícolas. Siendo la estacionalidad del mismo
una de sus principales características, el Gobierno Valenciano
reclamará del Estado los fondos que nos corresponden
para combatirlo, habilitando a su vez, con cargo a las
inversiones del Fondo de Compensación Interterritorial,
recursos que sirvan para paliar este grave problema que
afecta a una buena parte de nuestros ciudadanos.
El reconocido prestigio del campo valenciano y la agresividad
tradicional de nuestras exportaciones no pueden
ocultar la gravedad de los problemas que afectan a todas y
cada una de las agriculturas valencianas. La insuficiencia
de las estructuras agrarias, la baja productividad, la desorientación
de gran parte de los agricultores, el mínimo
protagonismo de los profesionales de la tierra y el desorden
productivo anual resultan ser, tan sólo, el principio de una
larga lista de problemas que deberán ser reducidos, e
incluso resueltos en casos concretos, mediante la aplicación
del Programa Agrario, y con la ilusión de atemperar
las diferencias existentes entre la renta del valenciano medio
y la renta agraria.
Las principales líneas de actuación de mi Gobierno, en
materia agraria, se dirigirán a la consecución de los siguientes
objetivos:
Mejora de las estructuras de las explotaciones agrarias,
reforma y modernización de las estructuras comerciales,
apoyo a las explotaciones familiares y fomento de la exportación
y de la productividad que haga que nuestros productos
sean más competitivos en los mercados interior y
europeo. Y esto último, dada la proyección de nuestro sector
agrario hacia la Comunidad Europea y nuestra previsible
integración en la misma.
Medidas a abordar, indispensablemente, serán también
las de promover la repoblación forestal, mejorar el estado
de nuestras aguas y defensa de nuestro patrimonio
natural, así como una especial atención a las comarcas
desfavorecidas. El apoyo al cooperativismo, por su especial
incidencia en el sector agrario, nos llevará a proponer a esta
Cámara una Ley de Cooperativas.
Las medidas de política económica hasta aquí anunciadas
tienen su necesario soporte en un régimen
hacendístico propio. En repetidas ocasiones he sostenido
que la existencia de una Hacienda valenciana fuerte es la
mejor garantía de que nuestro autogobierno será una incuestionable
realidad. Y consciente de ello, el Gobierno
valenciano ha trabajado, y lo va a seguir haciendo, si ob-
Lengo la confianza de la Cámara, en la consolidación de
un sistema que permita que los ingresos y gastos de la Generalidad
se acomoden a las circunstancias económicas del
momento y, al tiempo, haga posible el establecer las bases
para potenciar, en el futuro inmediato, los mecanismos f inancieros
públicos.
En este orden de consideraciones, el Gobierno valenciano
está firmemente decidido a no incrementar la presión
fiscal. No van a establecerse nuevos tributos a añadir
a los que la Generalidad va a asumir, en gestión, a partir
del 1. de enero de 1984. Con ello, damos buena prueba
de que la demanda interna y, por tanto, el poder adquisitivo
de nuestros ciudadanos es un factor clave en el proceso
de recuperación económica en el que estamos firmemente
empeñados.
El recurso al endeudamiento público constituye una
posibilidad de financiar nuestras inversiones, a la que poder
recurrir en circunstancias excepcionales. Es un ingreso
que tradicionalmente ha tenido carácter extraordinario, y
es justamente ese carácter, del que somos conscientes, el
que exigirá del Gobierno un exquisito cuidado y una prudente
valoración de las circunstancias económicas en el
momento de optar por acudir o no al mercado de capitales.
También, en la ordenación del crédito, la Generalidad
va a asumir, de manera plena, sus competencias, tanto en
relación a las Instituciones de crédito cooperativo, como
en relación a las Cajas de Ahorro que operan en el territorio
de nuestra Comunidad. Las Cajas, entrañablemente
arraigadas en nuestra economía, pueden y deben coadyuvar
positivamente a la recuperación económica. Tanto la
magnitud de sus recursos como su generalizada implantación en el territorio de nuestra Comunidad, las convierte
en elementos idóneos para tratar de conseguir esa óptima
asignación de recursos, tan importante en estos momentos.
Al margen de todo ello, las Cortes Valencianas deberán
pronunciarse de forma inmediata sobre determinados
proyectos de Ley, que van a constituir el marco normativo
de cuantas acciones hemos referido. De manera inmediata,
y con carácter urgente, se presentará el proyecto de
Ley de Presupuestos de la Generalidad Valenciana para
1983. La explicable demora con que se van a iniciar los
correspondientes debates parlamentarios ha constituido
una dificultad y un accidente para la correcta elaboración
de un Presupuesto que no sólo tiene que regularizar la actividad
financiera ya realizada desde el mes de enero, sino
que tiene que responder adecuadamente al período de
transición de nuestra propia Autonomía, en tanto se ultiman
las transferencias de competencias y los traspasos de
servicios.
Además de éste, los proyectos de Ley sobre los que las
Cortes deberán pronunciarse en breve plazo, relativos a temas
hacendísticos, son: el proyecto de Ley de Tasas de la
Generalidad Valenciana, el proyecto de Ley de Hacienda
Pública y el de Patrimonio de la Generalidad Valenciana,
el proyecto de Ley por el que se establecen los Tribunales
Económico-Administrativos y el que regula la Sindicatura
de Cuentas. Todos ellos constituyen objetivos cuya consecución
es irrenunciable para nosotros.
Dentro de nuestra labor de recuperación cívica, debemos
contemplar, como parte de ella, la política laboral.
En este sentido, la actuación del Gobierno valenciano estará
basada en la autonomía de las partes, en el nuevo concepto
democrático de las relaciones de trabajo y las dificultades
inherentes a la situación de crisis económica en
que se desarrolla la actividad laboral. En ambos casos, será
respetuosa con los deseos y modo de actuar de las fuerzas
sociales que participen en el mundo de la producción y
otorgará el protagonismo a los sindicatos de trabajadores y
y a las organizaciones empresariales.
Para el desarrollo de toda esta política, el Gobierno valenciano
asumirá el compromiso de regular el Consejo
Económico-Social Valenciano, siguiendo el procedimiento
previsto en la Disposición Transitoria 8 de nuestro Estatuto
de Autonomía.
En cuanto a la Sanidad, que constituye un pilar fundamental
de la política socialista, se abordarán las siguientes
líneas de actuación: democratizar la gestión sanitaria como
medio de fomentar la participación y la responsabilidad
de quienes están al frente de sus Instituciones.
En la misma línea, desarrollar y modernizar los servicios
de la salud, para conseguir una sanidad preventiva.
>e igual forma, impulsar la profesionalización de la
Fundación sanitaria, así como descentralizar y acercar las
atenciones directas a los ciudadanos, con el objetivo de llegar
a una acción singularizada en las personas.
La acción de asistencia social del Gobierno se centrará
en la transformación de las fórmulas ya caducadas de la
beneficencia pública, en un sistema de servicios sociales
acorde con el momento histórico de nuestra sociedad. Vamos
a implantar unos servicios sociales que atiendan la
reinserción social de los minusválidos y los marginados, el
bienestar de la tercera edad y la mejora de la situación de
las minorías étnicas.
La eficacia de los servicios sociales se ha de desarrollar
sensiblemente mediante la ordenación de las competencias
de la Comunidad y la coordinación del ejercicio de las mismas,
evitando el derroche y la desorganización y obteniendo
la más justa distribución de los recursos aplicados a esta
materia tan sensible.
El especial énfasis que es preciso poner en el sector
Educación reside en las posibilidades de transformación
social, económica y cultural que ofrece.
La democratización de la gestión de la educación es un
elemento fundamental de la política educativa, que se
conseguirá a través de la difusión del poder entre las diversas
fuerzas sociales directamente relacionadas con ellas. Es
un decidido propósito hacer realidad una educación
científica, alejada del dogmatismo; una educación operativa,
integradora de la teoría y de la praxis; una educación
polivalente, cultivadora tanto de lo intelectual como de las
dimensiones sensitivo-estéticas de la personalidad; una
educación política, configuradora de auténticos ciudadanos;
una educación solidaria, superadora de las desigualdades;
en suma, una educación liberadora de la ignorancia.
En el marco de los principios anteriores, los objetivos
más importantes que nos proponemos, son los siguientes:
Ampliación de la escolarización e incremento y ordenación
de las plantillas de los centros docentes.
Construcción de centros públicos que permitan superar
los déficits existentes actuando en las zonas especialmente
desdotadas.
Generalización de la enseñanza y uso del valenciano en
la escuela.
Iniciación de nuevas experiencias educativas, así como
la implantación de los «Consejos Escolares» de Centros.
De acuerdo con el mandato de nuestro Estatuto, el Gobierno
de la Generalidad Valenciana garantizará el uso
normal y oficial de las dos lenguas y otorgará la protección
y respeto especial a la recuperación del valenciano.
Se remitirá a las Cortes Valencianas el proyecto de Ley
Sobre Enseñanzas del Valenciano y delimitación de zonas
lingüísticas, así como el establecimiento de criterios para
la aplicación del valenciano en la Administración.
La Universidad es una de nuestras preocupaciones,
porque sabemos que es imposible diagnosticar y analizar
los problemas de nuestra Comunidad, sin contar con los
especialistas de nuestras tres Universidades. Son ellas, a
través de la investigación y la docencia, las que tienen que
capacitar a los futuros licenciados, quienes revertirán su
capital científico en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Soy consciente de los problemas que tienen: escasez de
dotaciones económicas para las tareas de investigación,
falta de recursos para atender las necesidades de profesorado,
carencia de infraestructura adecuada para el desarrollo
pleno de sus funciones. En superar todo ello
pondremos nuestro empeño.
El Gobierno de la Generalidad potenciará al máximo,un estímulo para el período histórico que se abre ante nosotros.
Y a todos los que me precedieron en la difícil etapa
preautonómica, a los que contribuyeron con sus críticas y,
especialmente, a los medios de comunicación social que
diariamente contribuyen al mejor conocimiento de la realidad
de nuestro pueblo, mi más sincera gratitud por el
trabajo realizado.
El programa que acabo de exponer es posible y viable.
Con él construiremos una sociedad valenciana reconciliada
consigo misma, en la que los ciudadanos se reconozcan
como tales y como miembros iguales de una misma
Comunidad. Es, en definitiva, un programa de progreso,
de justicia, de libertad y de profundización de los valores
burocráticos. Con él conseguiremos modernizar nuestra
sociedad y situarla en el lugar que le corresponde.
El proyecto político que acabo de esbozar es un proyecto
que pretendo que esté por encima de particularismos.
Deseo contar con todas las voluntades, con todas las ilusiones
y esperanzas que existen en la sociedad valenciana.
La Autonomía y su profundización, como expresión de
democracia y libertad, y la lucha contra el paro y las desigualdades
injustas son el sustrato de este programa, el esfuerzo
común en el que aspiro a comprometer a todos los
valencianos y a su Gobierno con ellos.
Señorías. Estos son los grandes objetivos que guiarán
mi acción de gobierno, si recibo hoy la confianza de estas
Cortes. Muchas gracias.
(Grans aplaudiments.)