|
SESSIÓ DE LES CORTS VALENCIANES DEL DIA 19
DE SETEMBRE DE 1984
Comienza la sesión a las 17.40 horas, bajo la presidencia
de D. Antonio García Miralles.
EL SR. PRESIDENT: La Presidencia acepta la oferta
de serveis de les Corts i declara obert el període de sessions.
D'accord a l'article 53 del Reglament, tinc que comunicar
a la Cambra que, durant les darreres vacances parlamentaries,
no ha estat necessaria la convocatoria de la Diputació
Permanent .
Entrat ja en el primer punt de l'orde del dia, ~Debat
sobre declaració de política general», té la paraula el Molt
Honorable President de la Generalitat, En Joan Lerma i
Blasco.
EL M.H. SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT:
Molt Excel lent Señor President, Señoras y Señores Diputados:
Tengo el honor de comparecer ante SS.SS. por segunda
vez en este año, para abrir un debate parlamentario sobre
política general en la Comunidad Valenciana.
La primera intervención, que tuvo lugar en febrero
pasado, respondía a la clara voluntad de mi Gobierno de
informar a las Cortes y, a través de ellas, al Pueblo Valenciano,
de la situación de la Comunidad Valenciana en su
conjunto y someter a discusión las soluciones apuntadas.
Por ello y a petición propia, comparecí ante estas Cortes
con ocasión de la reanudación de los trabajos parlamentarios.
El carácter global del informe que entonces
presenté, y que en buena parte sigue hoy vigente, nos perfl
mitirá ahora perfilar algunas cuestiones entonces enunciadas.
A sólo seis meses de aquel informe y coincidiendo esta
vez con la apertura del período de sesiones, me propongo
completar aquella información, abriendo un nuevo debate
que espero sea todo lo enriquecedor y constructivo que
merecen los intereses del pueblo al que representamos.
Comparezco con la intención de exponer a SS.SS. mi
opinión y la del Gobierno Valenciano sobre el estado de
nuestra Comunidad, englobándola en dos grandes epígrafes:
la política de transferencias necesaria para la realización
de nuestros fines y la situación económica en la que se
inserta la dura realidad de nuestra gestión.
Es necesario insistir en una cosa quizás harto sabida. El
Estado de las Autonomías aún está por construir. Si bien
hemos avanzado en el desarrollo de nuestra autonomía (y
tal vez nosotros hayamos contribuido con nuestro optimis-
I
mo a crear la conciencia de que ya era el final), nuestro
camino por el contrario no ha terminado, &no que acaba
ahora mismo de comenzar.
Como representantes que somos del Pueblo Valenciano,
en esta Cámara, hemos de ser conscientes y hemos de
transmitir a nuestros representados confianza sobre el proceso
que estamos viviendo, no ausente de realismo ante los
grandes temas que en un futuro que deseamos próximo cerrarán
el proceso de institucionalización del Estado de las
Autonomías y lo concretarán en cada una de las realidades
políticas de las diferentes Comunidades Autónomas. Me
refiero por supuesto a la culminación del proceso de transferencias
y al sistema definitivo de financiación de las Comunidades
Autónomas.
Me permito recordar a SS.SS. que recientemente hemos
cumplido un año de Gobierno Autonómico; del que
sólo mencionaré de pasada un balance político para, posteriormente,
centrar mi atención en el tratamiento de lo
que hoy son los temas de la actualidad autonómica, para
concluir explicitando el modelo autonómico que hemos
querido desarrollar.
A la hora de rendir cuentas ante esta Cámara de nuestra
labor de Gobierno no podemos pasar por alto que
nuestra Comunidad está inserta en una realidad común,
la española, de cuya dinámica no es posible prescindir.
Y respecto a esta realidad española hay que decir, si
queremos hacer honor a la verdad, que hace dos años su
situación se caracterizaba por la existencia de un poder
político débil y que esto tenía una traducción inmediata
en un clima de amenaza permanente a la democracia, y en
una política gubernamental contradictoria y falta de decisión,
y que ello suponía un freno a las tareas de renovación
y modernización social, un obstáculo a la construcción del
Estado de las Autonomías diseñado por la Constitución,
una incapacidad para afrontar la crisis y frenar el deterioro
económico, y especialmente el de los sectores menos favorecidos
de la sociedad, y una política exterior sin matices
que llevó a una precipitada adhesión de España a la
OTAN, tomada sin ningún tipo de negociación previa y
sin una explicación adecuada a la opinión pública.
Aunque las consecuencias de aquella situación perduren
todavía, el éxito más importante es que muchas de
aquellas cosas han desaparecido ya de la escena política y,
afortunadamente. también de nuestra memoria.
A pesar de todas las dificultades, a pesar de lo utópico
que pudieran parecer entonces algunas propuestas, a pesar de que no ha
transcurrido el tiempo suficiente como
para que todo lo hecho se pueda ver en forma de fruto
acabado, hoy nos encontramos con una situación nacional
diferente, por supuesto, en la que ha desaparecido la tensión
que la amenaza involucionista ejercía sobre la sociedad;
en la que se han dado pasos decisivos para afrontar y
superar la crisis económica siguiendo la única línea posible:
la de reestructurar nuestra economía, coger el tren de
la revolución tecnológica y modernizar las estructuras, incluidas
las del Estado, adecuándolas progresivamente a la
demanda de la sociedad y profundizando en el marco de
las libertades. Se han logrado asimismo avances indiscutibles
en la lucha antiterrorista y se ha corregido el anterior
alineamiento sin matices en política exterior, mediante
una actitud que compagina nuestra pertenencia al Mundo
Europeo Occidental con un margen de autonomía, que
nos ha permitido llegar a las últimas fases de la negociación
con la Comunidad Europea y a una situación más favorable
para tomar iniciativas propias en el ámbito internacional.
Este es, Señorías, el marco en el que se inserta la realidad
valenciana y la labor llevada a cabo por el Gobierno.
El balance que a grandes rasgos se esboza ante SS.SS.
llena unos densos meses de Gobierno valenciano. Un año
donde ha habido necesidad de trabajar intensamente y en
el que, por otra parte, hemos sido testigos de cambios que
no dudo en calificar de decisivos.
En este año hemos cubierto un apretado calendario legislativo;
elaboramos, aprobamos y pusimos en práctica
los primeros Presupuestos autonómicos y hemos comprobado
algo que es aún más significativo: el rápido y progresivo
enraizamiento de la Generalidad, del conjunto de las
instituciones autonómicas, que el pueblo valenciano va reconociendo
ya como la expresión de su autogobierno.
Nos propusimos obtener las transferencias, asumiendo
las competencias con el máximo rigor en cuanto a su gestión,
desarrollar la legislación y las instituciones que prescribe
el Estatuto y diseñar un Programa Económico Regional
basado en la programación participativa y en una Administración
autonómica dinámica y eficaz.
Hoy podemos decir que contamos con una Administración
que, a pesar de no estar plenamente desarrollada, vive
ya, día a día, la realidad de los problemas sociales valencianos
y actúa no sólo en el marco de sus competencias,
sino también estimulando el funcionamiento de la Administración
del Estado, en relación con los problemas de
nuestra Comunidad.
En cuanto al desarrollo de la Administración, han sido
ya abordados los problemas de diseño que atañen a la estructura,
organización y personal de la misma; nuestro
Proyecto de Ley de Función Pública será en breve remitido
a estas Cortes. Al mismo tiempo, se ha creado el Instituto
Valenciano de la Administración Pública, con la doble
función de selección y formación de personal, y de estudio
y análisis científico de las organizaciones públicas.
En esta misma línea se han iniciado ya diversos procedimientos
de selección de personal, con arreglo a los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad,
con el fin de atender las necesidades más inmediatas, hasta
tanto el mencionado Proyecto de Ley establezca la regulación
definitiva en esta materia.
Uno de los objetivos básicos de nuestra acción de Gobierno
ha sido, sin duda, la laboriosa, tarea de consolidar
las Instituciones de autogobierno valenciano.
Y en esta consolidación han jugado un papel esencial
estas Cortes, pieza fundamental de la Autonomía, como
máxima representación del Pueblo valenciano.
Ha habido una relación cada vez más completa y activa
entre esta Cámara y la Sociedad, quien, en definitiva,
es la que ha de juzgarnos con su voto, en el ejercicio de sus
derechos soberanos.
Las iniciativas legislativas del Consell en este período
las voy a dar por conocidas de todos y me limito a señalar
el ritmo de tales iniciativas y la agilidad desplegada en los
trabajos parlamentarios, como lo atestiguan esas catorce
importantes leyes que esta Cámara ha ido aprobando.
En el ejercicio que ahora comienza, el Consell pretende
por su parte proseguir en esta dinámica legislativa y
puedo anunciarles que, a partir de esta reapertura y durante
los próximos meses, presentaremos un conjunto de
proyectos que consideramos prioritarios, tanto para completar
el proceso de institucionalización autonómica como
para llevar a la práctica nuestros compromisos de Gobierno.
Entre estos proyectos destacan los que se relacionan
con los símbolos de la Generalidad, los Consejos Escolares,
el Presupuesto de 1985, la Ley de Función Pública Valenciana,
la defensa del consumidor y el usuario, la regulación
del Régimen de Cooperativas, o la conservación del
Patrimonio, entre otros.
Junto a estos Proyectos legislativos, el Consell piensa
presentar a discusión y consideración de esta Cámara el
Programa Económico Regional.
Estimamos necesaria, y hemos tomado medidas para
incrementarla progresivamente, la presencia de nuestra
Comunidad en el resto de España y en importantes iniciativas
internacionales promovidas por organismos tales como
el Parlamento Europeo, la UNESCO o la Oficina Intergubernamental
de Informática, y que representan serios
esfuerzos para la solución de problemas comunes de
las regiones y culturas del ámbito europeo y mediterráneo.
En este sentido, me referiré a la Conferencia de Regio.
nes de la Comunidad Económica Europea, organizada poi
el Parlamento Europeo el pasado mes de enero, a la qut
asistimos y en la que se estudiaron materias como la demo
cratización de la política regional, el desarrollo equilibra
do de las regiones y la autonomía regional, entendida co
mo capacidad real de tomar decisiones políticas y no d
actuar como simple delegación de poderes.
No era mi objetivo relatar todas y cada una de las in
tervenciones, de los proyectos que han sido realizados o de
los proyectos que están en marcha. Pero antes de entrar en
el capítulo del estado real de las transferencias me detendré,
con cierto detalle por su importancia, en la Reconversión
Industrial como ejemplo del sentido de responsabilidad
y de cumplimiento de los compromisos que mi Gobierno
ha asumido.Altos Hornos del Mediterráneo, como es sabido, no era
competencia de la Generalitat, pero es evidente que el
conflicto ha supuesto una seria dificultad para esta Institución,
en la medida en que dicho conflicto ha permitido
sembrar dudas respecto a la utilidad de la misma.
En este contexto, la Generalitat ha orientado sus actuaciones
a poder intervenir directamente en solucionar
los efectos -los positivos están claros, el mantenimiento
del nivel de empleo - de la reconversión.
- Mediante la creación de instrumentos propios
adaptados a la realidad industrial valenciana.
- Coordinando las actuaciones emprendidas con
aquellas otras que configuran la política industrial de la
Nación, en un esfuerzo por adaptarlas a nuestras características
concretas y evitando duplicidades en el empleo de
los recursos disponibles.
Los resultados obtenidos de esta política pueden ser
importantes y nos permiten afrontar los próximos años con
experiencia suficiente. Una experiencia seguramente excepcional,
como voy a describir, es la que se ha desarrollad.>
en la zona de preferente localización industrial del
Camp de Morvedre.
Con el fin de paliar esos efectos negativos derivados de
la reconversión de la industria siderúrgica en nuestro territorio,
el Gobierno de la Nación, de acuerdo con la Generalitat
Valenciana, declaró el área del Camp de Morvedre
Zona de Preferente Localización Agroindustrial, mediante
los correspondientes Decretos de fecha 28 de septiembre
de 1983.
Tales normas contenían tanto los beneficios a conceder
a las industrias que se localizará en el área como los órganos
de gestión y control de los proyectos, hecho éste que
constituía una novedad e inspiró posteriormente el modelo
de funcionamiento de los órganos rectores de las - zonas de
urgente reindustrialización, previstas en la Ley de Reconversión.~
R eindustrialización.
De dichos órganos, la Comisión de Promoción, en la
que participan al mismo nivel las Administraciones Central
y Autonómica y la Gerencia, tras su constitución en
Valencia en noviembre de 1983, desarrollaron una intensa
labor de promoción de la zona y de captación de empresas,
fruto de la cual fue la presentación, en breve plazo de
tiempo, de 110 Proyectos de industrias solicitando su instalación
en la mencionada área.
La decidida voluntad de crear un entramado industrial
sólido y con perspectivas de viabilidad a medio y largo
plazo, impuso el análisis individualizado de cada uno de
los proyectos presentados, estudiando diversos parámetros
con el rigor debido a la limitación, en primer lugar, de los
recursos y, en segundo lugar, a la limitación del empleo de
los fondos públicos.
Los trabajos de ambos organismos se han desarrollado
con notable rapidez, instando a otros departamentos implicados
a la agilización en los trámites correspondientes.
Ello ha supuesto que en un plazo inferior a un ano se hallen
en distintas fases de ejecución un total de 52 proyectos,
que implican una inversión total de 20.163 millones
de pesetas y la creación de 1.446 puestos de trabajo. Cua-
Número 37
tro empresas están ya instaladas y diecisiete más en diversas
fases de instalación.
Si partimos, por tanto, del compromiso adquirido por
la Generalidad, podemos afirmar que dicho compromiso
se está cumpliendo a ritmos y grados satisfactorios.
Respecto al acuerdo suscrito entre el INI y los trabajadores,
es obvio que no está en manos de la Generalidad su
cumplimiento, motivo por el cual no me voy a detener a
analizarlo.
La creación de un número de puestos de trabajo, compromiso
inicialmente adquirido y en vías de ejecución en
el momento presente, no va a agotar las tareas de la Comisión
de Promoción. Consideramos que éste es un instrumento
válido en la consolidación de nuestra estructura industrial,
en la modernización de nuestro aparato productivo
y en orden a la creación de empleo. La labor de la Comisión
de Promoción va a continuar en la misma línea, no
desdeñando las oportunidades a nuestro alcance que contribuyan
al relanzamiento de la economía valenciana.
Con esta orientación y al objeto de facilitar el acceso de
la Pequeña y Mediana Empresa Industrial a las ventajas
del área, la Generalitat Valenciana ha creado recientemente
la Sociedad para la Promoción de Instalaciones Industriales.
Voy a definir ahora cuál es el estado actual de las
transferencias:
En atención a que, como SS.SS. conocen, ni el desarrollo
de la Administración Autonómica ni la asunción efectiva
de las competencias son procesos plenamente concluidos,
es necesario clarificar la actual situación de la institución
y su ámbito de actuación.
La capacidad real de la Administración Valenciana es,
actualmente, algo más que la mitad de la operatividad final
que estatutariamente le corresponde. Ello significa
que, aunque estemos completando el proceso de transferencias,
éste no ha terminado.
Es ahora cuando los problemas se hacen más evidentes.
Problemas de valoraciones, problemas de interpretaciones,
que no son más que reflejo de la trascendencia de las
decisiones que se van a adoptar.
Ahora bien, hay que decir y es bueno decir cuáles son
esos problemas, cuál su repercusión, para exigir a las partes
afectadas por el proceso el interés y la decisión que los
temas pendientes se merecen.
La política de la Generalidad se sitúa en un doble contexto,
el de la situación económica general y el de la actuación
de las restantes Administraciones Públicas, especialmente
la del Gobierno de la Nación.
No podemos olvidar ninguna de estas dos referencias
porque indican qué instrumentos de política económica,
como la política fiscal en general, la política de gastos públicos
y la política de rentas, deben de continuar en manos
del Gobierno de la Nación, y tienen por tanto importantes
efectos sobre la economía valenciana.
El primer problema que plantea la asunción de competencias
es el de lograr que la Administración Valenciana
gestione los servicios traspasados, mejorando de inmediato
el nivel en que funcionaban bajo la Administración Central.Esta es, en
realidad, la primera de las expectativas que
la Autonomía despierta, y que hemos de saber favorecer:
la de poder ofrecer al ciudadano mejores servicios y menos
inconvenientes en su gestión.
Para ello, es necesario contar con una Administración
Autonómica eficiente, sin la cual no es posible la Autonomía.
Es por esto que el proceso de transferencias avanza paralelamente
con el desarrollo de la Administración Valenciana,
en la que hemos seguido la norma de ir diseñando
la estructura y los medios necesarios para asumir las competencias,
antes de que éstas se hayan transferido, y, hasta
el momento, podemos afirmar que la Administración Valenciana
no ha visto en absoluto desbordada su capacidad
de gestión.
Hechas estas consideraciones, paso a exponer cuál es
en este momento el estado de las transferencias que la Comunidad
Valenciana tiene pendientes de recibir.
En el Ministerio de Industria y Energía, con los traspasos
realizados a Turismo, a la correspondiente Conselleria,
producidos el mes de julio pasado, sólo queda por negociar
los servicios y medios correspondientes a determinados
organismos autónomos dependientes de este Ministerio,
traspasos que están pendientes a su vez de la reestructuración
que en el Estado se tiene que hacer de estos organismos
autónomos, algunos de los cuales presumiblemente
van a desaparecer.
En el Ministerio de Economía y Hacienda no queda
ninguna materia de negociar, ya que sobre el Servicio para
la Recaudación de Tributos se ha llegado a un acuerdo definitivo
que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros,
por lo que falta únicamente el requisito de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado. Aunque ya existen los servicios,
la Generalidad no los administra directamente por
la razón antes indicada.
En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
se encuentran pendientes de transferir el IRYDA, as1 como
los Servicios de Semillas y Plantas de Viveros, de Defensa
contra Fraudes y de Laboratorios Agrarios. Respecto
a ICONA, ha sido ya aprobado el traspaso por la Comisión
Mixta de Transferencias y resta el final del cálculo del
coste efectivo de los servicios a transferir.
En el Ministerio de Sanidad y Consumo, y en materia
de Sanidad, queda por transferir el INSALUD, a causa de
su complejidad técnica por el elevado volumen de recursos
y medios humanos que supone. No obstante, se han iniciado
ya los trabajos preparatorios de la transferencia.
En el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo las
transferencias en materia de carreteras han sido ya aprobadas
por el Consejo de Ministros y están pendientes de
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Por el contrario, ha resultado imposible alcanzar un
acuerdo definitivo en materia de Urbanismo, basándonos
en que la Generalidad interpreta que las materias de Urbanismo
y Vivienda son competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma Valenciana, lo que sin duda constituye
un motivo de discrepancia que está aún pendiente de
resolver.
En Obras Hidráulicas se presenta una dificultad similar.
Es necesario decir, por otra parte, que estos hechos
han condicionado inversiones que inicialmente rs~abap revisto
realizar por la Generalidad.
En el Ministerio de Transportes la Generalidad ha
planteado unas condiciones mínimas para el traspaso de
FEVE, que hasta la fecha no han sido objeto de decisión
definitiva.
Como SS.SS. conocen bien, FEVE es la empresa pública
de ferrocarriles que registra el menor nivel de inversión
de toda España, así como unos considerables déficits de
explotación que sólo podrán subsanarse mediante un programa
de financiación que contemple la transferencia de
los recursos económicos necesarios.
En opinión del Consell, por tanto, la Comunidad Valenciana
debe mantener la posición de no asumir la competencia
mientras no se resuelva la forma de subsanar el
déficit de explotación de FEVE, y así lo haremos en la nueva
ronda de negociaciones que ahora ha comenzado.
En el Ministerio de Educación y Ciencia la negociación
de Universidades e Investigación, capítulo decisivo para
nuestra Autonomía, se encuentra en sus últimas fases, con
posibilidades de cerrar rápidamente un acuerdo global.
Pendientes de su resolución definitiva quedan algunos
capítulos, tales como el traspaso de ocho Centros de Formación
Profesional, la gestión de subvenciones del Estado
y las becas y ayudas al estudiante, necesitados de adecuadas
soluciones de tipo técnico.
Sin embargo, se aumentarán las plazas escolares este
año en los Centros públicos en un nivel tal que en Preescolar
se crearán 3.922 plazas; en EGB, 5.400; en Educación
Especial, 270; en BUP y COU, 3.000; en Formación Profesional,
2.500; en Enseñanzas Especializadas, 2.451, y en
Educación Permanente de Adultos, 10 centros específicos
para este menester.
Se ha creado ya un mayor número de plazas para los
profesionales de la enseñanza y aumentaremos respecto al
año pasado en 1.454 los enseñantes, y quedará, por tanto,
establecida la relación profesor-alumno ahora en 1 profesor
por cada 32 alumnos.
En este curso, asimismo, el valenciano se extenderá a
COU y se iniciará progresivamente su introducción en las
comarcas castellano-parlantes.
En el Ministerio de Cultura no se han firmado todavía
los convenios de colaboración sobre la gestión de Museos,
Bibliotecas y Archivos.
Por otra parte, hemos planteado la participación en el
fondo de protección a la Cinematografía, a fin de poder
realizar las competencias transferidas, que carecen de la
correspondiente dotación presupuestaria.
Se ha planteado igualmente la necesidad de clarificar
el tema de subvenciones a la cultura para el año 1985.
En el Ministerio de Trabajo las materias pendientes
son: INSERSO, Expedientes de regulación y Fondos de
protección al trabajo y Formación ocupacional. Las tres se
encuentran en las fases finales de negociación.
En el Ministerio del Interior quedan por resolver los
Pag.capítulos de: Policía de Espectáculos; Asociaciones y Fundaciones;
y Casinos, Juegos y Apuestas.
En cuanto a lo primero, se encuentra pendiente de publicación
del Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado,
mientras persisten algunas dificultades en materia de
casinos, juegos y apuestas.
En el Ministerio de Justicia, con posterioridad a la publicación
del Decreto de Transferencias, se detectaron
errores en los anexos correspondientes a la obra de Protección
al Menor y diferencias entre las consignaciones presupuestarias
transferidas y los costes reales de los servicios
durante el año 1984. Afortunadamente aquí se está negociando
ya la solución definitiva.
En el Ministerio de Presidencia, en cuanto a medios de
comunicación social, se ha llegado ya a un acuerdo con la
Administración Central en relación a la concesión de ayudas
a la prensa, al régimen de concesión de emisoras de
Radiodifusión social y al registro de empresas de Radiodifusión.
Estos son, Señorías, los capítulos pendientes de soluciolar
en lo que se refiere a la culminación del proceso de
ransferencias a nuestra Comunidad.
He mantenido repetidamente, y ahora reitero, la neceiidad
de que dicho proceso culmine en un plazo breve con
zxcepción hecha, tal vez, del INSALUD.
Por otra parte, hemos manifestado nuestras diferen-
:ias en temas tan vitales como la financiación de las Conunidades
Autónomas. Estamos frente a ciertas interpre-
;aciones de la Ley Orgánica de Financiación que se pueden
traducir en reducciones importantes del volumen de
inversión pública de la Generalidad. Nos reafirmamos en
los principios que inspiraron dicha Ley y somos conscientes
de la necesidad de buscar nuevas fórmulas que hagan
realidad en el futuro dichos principios.
Al Estado le preocupa, sin duda, el déficit y su financiación
y a nosotros nos preocupa también esto y nos debe
preocupar, además, la financiación de la Comunidad
Autónoma. La solución definitiva debe pasar sin duda por
buscar fórmulas que hagan compatibles ambas cuestiones.
Como se puede comprobar, se han apuntado sólo los
problemas que hay en relación con las transferencias. Es
obvio, sin embargo, que se ha experimentado una aceleración
sustancial en el proceso auton6mic0, al tiempo que se
establecía rigor en el mismo, incorporando una metodologia
para el cálculo del coste efectivo de los servicios transferidos,
lo cual nos ha permitido obtener valoraciones definitivas
en la mayoría de los casos y poner en marcha los
sistemas de financiación previstos en la Ley Orgzínica de
Financiación de las Comunidades Autónomas.
Sin embargo, somos conscientes de que es necesario
mantener esa polltica de aceleración, sin precipitaciones,
pero también sin demoras que son innecesarias, a fin de
cerrar definitivamente el deslinde competencia1 iniciado
por la Constitución y protegido por nuestro Estatuto de
Autonomla, que debe culminar ya en los Decretos de
transferencias pendientes.
No hay que olvidar, y ello es importante. que en tanto
no culmine el proceso de transferencias no podrá tener lugar
la necesaria reestructuración de las Administraciones
Públicas afectadas, objetivo en el que se hallan comprometidos
tanto el Gobierno de la Nación como, por supuesto,
el Gobierno Valenciano.
En lo que a la Generalidad ~orrespondee,s tamos decididos
a poner los medios para dar en lo inmediato este empuje
final a las transferencias que nos quedan pendientes.
De esta forma, la Comunidad Valenciana habrá asumido
las competencias de nuestro Estatuto de Autonomía
que la insertan, sin duda, en el bloque de las Comunidades
que, sin perjuicio del proceso formal para acceder a la
Autonomía, han obtenido en sus Estatutos techos competenciales
máximos, hasta el extremo que estatutariamente
no se puede ya hablar con rigor de autonomías históricas y
no históricas.
Entraré ahora a valorar la situación económica.
La presencia de la Generalidad Valenciana en el conjunto
de las Administraciones Públicas, y la profundización
del proceso de transferencias, la han colocado en el
centro de las expectativas de respuesta a los problemas que
tiene planteados nuestra Comunidad.
El Gobierno Valenciano, salido de las primeras elecciones
autonómicas, es plenamente consciente de que su
responsabilidad en la consolidación de nuestras instituciones
de autogobierno está estrechamente ligada a su capacidad
de hacer que la Generalidad contribuya eficazmente
a resolver nuestros problemas económicos. Ello exige, sin
embargo, una tarea de clarificación ante los ciudadanos
respecto a cuáles son las áreas específicas de actuación de
la Administración Autonómica, y cuáles son los ámbitos
de responsabilidad de las diferentes Administraciones Públicas.
Sólo teniendo en cuenta el tipo de funciones que la
Constitución y el Estatuto de Autonomía atribuyen a cada
Administración será posible practicar un exigente realismo
en la asunción de los compromisos, Y sólo desde ese
realismo sera posible, mediante el cumplimiento de los
compromisos adquiridos, asentar la confianza definitiva
en nuestras instituciones.
La madurez política de la ciudadanía en un régimen
democrático no perdona las promesas que no intentan al
menos cumplirse y los ciudadanos valencianos esperan más
del rigor en los planteamientos y resoluciones de sus gobernantes
que de la abundancia o la espectacularidad de las
promesas que se hagan.
En el último año, la Administración Autonómica ha
ampliado de forma importante el volumen de sus competencias
y, paralelamente, su conocimiento de los problemas
específicos de cada área. Sobre la base de ese conocimiento
detallado de la realidad. ha elaborado un documento
en el que se contempla el conjunto de actuaciones
que, a la vista de los problemas existentes, la Generalidad
va a llevar a cabo para contribuir a paliarlos o a eliminarlos.
El Programa Económico Regional define las lfneas
maestras de la política económica de la Generalidad para
la presente legislatura y precisa los compromisos que con
nuestros recursos vamos a poder asumir.
La economía valenciana, cuando ha transcurrido algo
mas de un año desde que comenzara su gestión el Gabinetesurgido de las
elecciones del 83, presenta una situación en
la que coexisten graves problemas, con signos inequívocos
de recuperación económica, que, en algunos aspectos,
presentan una mayor intensidad que en el resto de la economía
española. No deben exagerarse las diferencias, porque,
en el análisis de los problemas de nuestra economía y
en el diseño de las políticas para responder a los mismos,
no puede olvidarse nuestra incuestionable inserción en el
sistema económico español y la dependencia de éste respecto
de la economía mundial.
Así, en un contexto de moderada pero clara recuperación
de buena parte de las economías occidentales, el diseño
de la política económica hecho por el Gobierno de la
Nación está permitiendo el acercamiento de la economía
española, y dentro de ella la valenciana, con algunas características
especiales, a ese tren de la recuperación que
no debemos dejar escapar.
Los objetivos macroeconómicos definidos para la economía
española para 1984 perseguían la recuperación de
la demanda aprovechando el impulso del sector exterior, y
optaban por abortar decididamente el proceso inflacionista,
proponiendo significativos sacrificios, como vía para
mejorar la situación, de las empresas e inducir la reactivación
de la inversión. De esta estrategia de reducción de la
inflación debería además desprenderse una caída en los tipos
de interés, que se está produciendo en estos últimos
meses, la cual se sumaría de forma significativa a los estímulos
para el relanzamiento de la inversión privada.
El esquema descrito hacía previsibles ciertas consecuencias
sobre la economía valenciana: su orientación exportadora
marcaría más intensamente los efectos favorables
del tirón de la demanda exterior, y su especialización
en productos de consumo se resentiría de la moderación
salarial, pues los mercados internos de estos bienes aparecerían
deprimidos. La resultante de estos dos vectores
principales, de signo distinto, determinaría el efecto de la
política adoptada.
El notable grado de cumplimiento en los objetivos macroeconómicos
mencionados, alcanzándose durante el primer
semestre del año una tasa de crecimiento del 3,5 % ,
un punto más de lo previsto inicialmente, se está reflejando
en la evolución de la economía valenciana de forma satisfactoria,
como muestran los indicadores disponibles de
nivel de actividad. El consumo de energía eléctrica industrial
ha crecido durante los siete primeros meses del año
1984 un 5,2 % respecto del mismo período del año anterior,
y los perfiles de la encuesta de opiniones empresariales
sobre la evolución de la producción y la cartera de pedidos
a lo largo de los últimos doce meses son claramente
más favorables que en los años anteriores.
Junto a ello, los sectores industriales valencianos han
participado de la extraordinaria expansión de las exportaciones,
y los servicios relacionados con la hostelería han
participado del crecimiento de la demanda, asociada a
una buena temporada turística.
La demanda privada de inversión presenta también resultados
alentadores y ha iniciado una evolución favorable
en la Comunidad Valenciana. Muy posiblemente la recuperación
del excedente empresarial y el relanzamiento de
la demanda externa están contribuyendo positivamente a
dinaminar el comportamiento de la inversión.
Y ello es, sin duda, muy importante porque sólo mediante
un relanzamiento de la misma a niveles elevados y
durante períodos largos de tiempo será posible combatir
de manera eficaz el desempleo y asentar sobre bases firmes
-nuevas tecnologías y competitividad- nuestro futuro
económico. Es de esperar que la caída en los tipos de interés
iniciada en julio y confirmada en el mes de septiembre,
al aliviar la tensión existente en los costes financieros de las
empresas, sea un factor adicional que haga también sentir
sus efectos favorables sobre la inversión, a pesar de la opinión
contraria que han mantenido algunas voces de la
Banca.
El realismo al que antes me refería obliga ahora a
constatar que los múltiples indicios de relanzamiento de la
actividad económica valenciana se ven ensombrecidos por
la evolución de los indicadores de desempleo. Es cierto que
nuestras tasas de paro se sitúan ligeramente por debajo de
la media nacional. Es cierto que a lo largo del año 1984 la
economía valenciana ha comenzado a generar empleo neto
positivo, siendo mayor ahora el número de ocupados
que a finales de 1983. Es cierto que en las provincias de
Alicante y Castellón dicha generación de empleo neto aparece
más consolidada y alcanza a distintos sectores, siendo
la provincia de 'Valencia la que presenta una evolución
más negativa. Pero, en cualquier caso, todo ello no evita
que el paro deba ser considerado como el problema más
grave de nuestra Comunidad y, por consiguiente, el objetivo
de la política económica prioritario del Gobierno Valenci
ano.
El volumen de la bolsa de desempleo acumulada en la
Comunidad Valenciana es tan importante que no pueden
esperarse reducciones espectaculares de la misma en un
corto espacio de tiempo. Pero sí es necesario diseñar una
estrategia de actuación a medio plazo, que favorezca la
paulatina reducción de la desocupación. Esa estrategia no
puede ser otra que la de favorecer el relanzamiento de la
actividad económica y la consecución de una nueva etapa
de crecimiento estable a tasas relativamente elevadas.
Mientras la producción no crezca más rápidamente que la
productividad, no habrá empleo. Y no debemos caer en el
error de entender que detener el crecimiento de la productividad
favorecerá el empleo. A medio plazo, favorecería
la pérdida de competitividad y el estancamiento.
Es, pues, imprescindible optar por la modernización, y
ese es el gran objetivo que el Gobierno de la Generalidad
propone a los agentes económicos y sociales, a la sociedad
valenciana, para los próximos años. El reto fundamental
para la economía valenciana en la segunda mitad de la década
de los ochenta es ése: completar y profundizar su modernización.
Ello significa, en primer lugar, hacer frente a
una profunda transformación de su estructura productiva,
para adaptarla satisfactoriamente a las nuevas circunstancias
derivadas de la crisis económica y al desafío de la entrada
en la Comunidad Económica Europea. Pero en estrecha
relación con las transformaciones económicas, la
modernización debe alcanzar a las instituciones sociales,de modo que se
vaya configurando un marco más propicio
para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas.
El concepto de modernización, insisto, presenta en la
actualidad multitud de connotaciones, pero en lo esencial
comporta la necesidad de hacer una verdadera transformación,
en la forma de enfrentar los fenómenos sociales típicos
de nuestra década, que no son los mismos que los de
las décadas anteriores. Y comporta un compromiso de encontrar
soluciones de progreso que ayuden a acortar las
distancias que nos separan de las sociedades avanzadas
europeas.
Porque, en efecto, dada nuestra dependencia comercial
de Europa, hablar de mercados valencianos es hablar
sobre todo de la Comunidad Económica Europea, y hablar
de la Comunidad Europea es plantearse seriamente el
desafío de esta ola de modernización e innovación que
atraviesa todo el mundo civilizado.
Hay que decir que no es un problema simple, sino un
problema a afrontar, sin excusas, en toda su complejidad.
Los estudios más serios alertan sobre la necesidad de
encontrar, para cada sociedad, el nivel tecnológico que le
corresponde, ya que la necesaria introducción de nuevas
tecnologías puede afectar seriamente el nivel de empleo, si
no van acompañadas de apropiados mecanismos compensatorio~.
En la actualidad se puede ver claramente que las regiones
de industria tradicional, a muchas de las cuales se las
conoce ya como regiones-problema, tienen mayores dificultades
para sumarse a la ola innovadora, mientras que
nosotros, con una estructura más equilibrada entre agricultura,
industria y servicio, tenemos probablemente mayores
posibilidades de adaptación de cara al futuro.
Pero se trata de posibilidades que los valencianos debemos
convertir en realidades, removiendo los obstáculos
que frenan el acceso de nuestra Comunidad al tipo de innovaciones
y nuevas técnicas que necesita y, sobre todo, la
receptividad de los agentes económicos hacia las mismas.
El Gobierno valenciano entiende que la consolidación
de nuestra Autonomía puede ser el gran instrumento institucional
de la modernización económica y social de la Comunidad.
Por ello, he querido prestar especial atención a
la valoración conjunta de las diferentes actuaciones a realizar,
para definir cuidadosamente sus objetivos prioritarios.
Es por esto que, al definir su estrategia a medio plazo -
en el terreno económico, el Gobierno Valenciano ha querido
convocar a las organizaciones sindicales y empresariales
a la discusión del Programa Económico Regional. Y lo
va a remitir a las Cortes Valencianas porque entiende que
los objetivos perseguidos y los instrumentos utilizados para
alcanzarlos pueden suscitar un acuerdo básico que constribuya
eficazmente a la tarea de sumar esfuerzos a la hora
de resolver nuestros problemas, y recuperar nuestra identidad
como pueblo, trabajando en torno a dichos 3bjetivos
comunes.
Esos objetivos no pueden ser otros que la elevación del
nivel de ocupación existente, a través de un crecimiento de
la renta de la riqueza, lo suficientemente importante para
conseguir, mediante el trabajo, unas condiciones dignas
de vida de la totalidad de los ciudadanos valencianos. El
acceso de todos los ciudadanos a niveles de bienestar individual
y colectivo más elevados será más rápido y menos
conflictivo cuanto mejor se consiga conjugar un alto ritmo
de crecimiento económico con una política social avanzada.
Este es un objetivo central del PER que responde a la
convicción política, a diferencia de otras opciones conservadoras,
de que es posible hacer compatible la defensa y
mejora de determinados niveles de calidad de vida y progreso
social con la solución de los problemas económicos.
Pero para alcanzar ese objetivo será conveniente que
los agentes públicos y privados compartan la necesidad de
graduar la intensidad con la que van a ser atendidas las diferentes
expectativas e intereses. Por eso el Consell ha hecho
explícito su esfuerzo por ordenar sus objetivos y prever
sus posibilidades de actuación y ha propuesto al resto de
las Administraciones Públicas y a los agentes económicos y
sociales, un esfuerzo de coordinación y concertación.
La Administración Autonómica pretende, definiendo
su programa a medio plazo, clarificar sus ámbitos de actuación
e informar de sus intenciones. La definición de un
plan de trabajo que haya de llegar hasta el final de la legislatura
puede servir así para despejar incertidumbres y facilitar
las decisiones de otros agentes públicos y privados.
Ello es perfectamente compatible con la flexibilidad: que
nadie espere de la programación de la Generalidad rigidez,
sino simplemente visión de conjunto, anticipación y
coordinación.
Está previsto que el Presupuesto anual sea el instrumento
que permita detallar las actuaciones, vigilar la ejecución
y revisar, si es preciso, los objetivos. Pero tampoco
queremos caer en la trampa de la improvisación, que viene
de la mano con frecuencia de la temeridad. La pretensión
de que la Generalidad llegue con unos recursos limitados
a todas partes y se haga responsable de problemas que
no son de su competencia constituye una actitud irresponsable
y una vía para impedir la consolidación de las Instituciones
Autonómicas ante los valencianos.
El PER contempla, pues, un conjunto de programas
de actuación que constituyen la respuesta del Gobierno
Valenciano a los problemas planteados, teniendo en cuenta,
por supuesto, que los recursos de los que previsiblemente
dispondrá la Generalidad van a estar claros y delimitados.
Teniendo en cuenta estos elementos, la distribución de
fondos realizada parte de considerar el desempleo como el
más grave problema de nuestra sociedad, y se propone
abordarlo, a la vez que responde a las obligaciones derivadas
de las competencias asumidas, mediante actuaciones
de tres tipos:
- Mediante los programas de fomento de empleo.
- Mediante el incremento, en un cien por cien, en la
cuantía del programa de inversiones públicas.
- Y mediante el desarrollo de un conjunto de programas
que pretenden contribuir a paliar el paro a través de
la expansión de la actividad económica.La responsabilidad que asumimos
es la de dar respuestas
eficaces a esas cifras escalofriantes del cuarto de millón
de desempleados valencianos.
Ello pasa, en estos momentos, por abordar decididamente
también, el problema de clarificar la magnitud real
del desempleo. El pesimismo que provoca la evolución de
estas cifras hoy en día en nuestro país es tal que no podemos
ser insensibles a la pregunta generalizada de cómo es
posible que determinados síntomas de reactivación sean
acompañados de una evolución tan preocupante de las cifras
de ocupados y desempleados.
Pero, si la respuesta a ese interrogante hay que encontrarla,
además de en el crecimiento de la productividad,
en la extensión de la economía sumergida, habrá que decir
claramente que no es desde la competencia desleal y el
clandestinaje, desde el fraude a la Seguridad Social y al
Estado, y desde la inseguridad laboral, como hemos de
modernizar este país. Y habrá que perseguir la subida a la
superficie de las empresas y los puestos de trabajo sumergidos
con la colaboración, por supuesto, de las organizaciones
sindicales y empresariales, con un diseño de programas
que lo estimulen de modo no traumático y apoyándonos
también en la propia reactivación.
En éste, como en otros muchos temas, el esfuerzo por
coordinar las actuaciones debe hacerse, en primer lugar,
entre las diferentes Administraciones Públicas, clarificando
las funciones que corresponden a cada una de ellas y los
recursos con que cuenta.
A la Administración Autonómica no puede hacérsele
responsable de las acciones o las ausencias en materias en
las que no es competente. La Administración Autonómica,
especialmente mediante el plan de trabajo expuesto en
el FER, quiere conseguir que los ciudadanos vean el conjunto
de actuaciones públicas claramente, eficazmente
orientadas a la solución de los problemas. Por eso propone
un esfuerzo de coordinación a Ayuntamientos, Diputaciones
y Administración Central, que debe suponer explicar a
los ciudadanos las responsabilidades de cada Administración,
y dejar a cada uno la tarea de ganarse su confianza.
Ello no significa en absoluto que la Generalitat renuncie
a la defensa del conjunto de los intereses valencianos.
Al contrario; asume ese papel y quiere hacerlo eficazmente,
demostrando, en primer lugar, su capacidad de administrar
los recursos y las tareas que le competen en beneficio
de todos. Por esa razón, el Gobierno Valenciano está
seriamente preocupado por las consecuencias negativas
que las actuales vías de financiación de las Comunidades
Autónomas están teniendo para la Generalidad Valenciana.
Nuestro sentido de la responsabilidad nos ha hecho
asumir la necesidad de controlar el déficit público, y practicar
una política financiera de extrema prudencia. Nuestro
sentido de la solidaridad nos hace apoyar los principios
de redistribución en favor de las regiones más subdesarrolladas.
Pero todo ello tiene que hacerse compatible con
unos criterios de reparto de los fondos públicos que respeten
el principio de suficiencia financiera.de las Comunidades
Autónomas. No se puede insinuar a la opinión pública
que las Comunidades Autónomas son las responsables del
déficit público. A los valencianos debemos decirles que la
Generalidad Valenciana no ha generado ni una sola peseta
de ese déficit.
Y debemos decirles también que durante quince años
-el período para el que disponemos de cifras- las inversiones
públicas realizadas en nuestra Comunidad han sido
sensiblemente menores de lo que su peso en el conjunto
nacional justificaría.
Las consecuencias de ello son una insuficiente oferta
de muchos servicios públicos, precisamente en las áreas
que ahora han sido transferidas a la Generalidad. Tenemos,
por tanto, muchas cosas por hacer, necesitamos los
recursos correspondientes, y vamos a trabajar para conseguirlos.
Pero, ni estamos dispuestos a adoptar posiciones irresponsables
que comprometan en el futuro la salud financiera
de la Administración Autonómica, ni estamos tampoco
dispuestos a renunciar a los objetivos que nuestro Programa
Económico Regional persigue.
Las competencias asumidas, la gravedad de las insuficiencias
de la oferta de los servicios públicos de carácter
social en la Comunidad Valenciana, y la decidida opción
del Gobierno por desarrollar una política social avanzada,
conducen a canalizar una parte importante del gasto al
mantenimiento y la mejora de la oferta de los servicios sociales
y muy especialmente los educativos y las obras públicas.
Sin embargo, y como consecuencia de la preocupación
de la Generalidad por impulsar la modernización de las
actividades productivas, ha sido necesario hacer compatibles
los objetivos de carácter social con la asignación de
importantes recursos y hacer posible una política agraria e
industrial, comercial y turística, especialmente valencianas.
No voy a cansar a SS.SS. detallando aquílas cantidades
asignadas a cada programa, ni los objetivos específicos que
mediante los mismos se pretende conseguir. Considero suficiente
destacar ante las Cortes Valencianas que, si bien
nuestros recursos son limitados, tenemos en nuestras manos
la posiblidad de cambiar de forma muy importante la
situación deficitaria de nuestro sistema educativo, de la
infraestructura
cultural y de recursos sociales, del patrimonio
artístico valenciano. Que vamos a abordar los problemas
de nuestras Universidades, entendiendo que es muy
importante conseguir un puente entre las actividades de
investigación e innovación tecnológica y nuestras empresas.
Todo ello ha de ser tratado, sabiendo que, a largo plazo,
el buen funcionamiento de los sistemas educativo y sanitario
condiciona también sin duda el funcionamiento
del sistema productivo.
Este programa de trabajo, cuyas precisiones obvio
aquí, porque las Cortes Valencianas tendrán pronto conocimiento
del documento del PER, se orienta, en lo que se
refiere a las actividades productivas, a dar respuesta anuestros
problemas, respetando la distribución de competencias
en materia económica que la Constitución establece
y la lógica impone. Una política económica específicamente
valenciana debe tener en cuenta los recursos e instrumentos
a su alcance y, en consecuencia, no puede pretender
el manejo de los componentes de la demanda, sea
ésta interna o externa, de consumo o de inversión, porque
ello resulta inviable para cualquier Gobierno Autonómico.
Sin embargo, sí que puede resultar eficaz la definición
de una política de oferta, orientada a acelerar y facilitar la
adaptación de nuestros sectores económicos a las nuevas
circunstancias surgidas de la crisis.
Por ello, el PER orienta el gasto de la Generalidad hacia
programas que contribuyan a:
- Romper con la atonía inversora todavía existente;
el esfuerzo a realizar, a través de la inversión pública y la
dinamización de la privada, ha de ser el vehículo de la introducción
del progreso tecnológico, la mejora de nuestra
competitividad y la creación de empleo.
- Orientar los recursos del sistema financiero de manera
que contribuyan eficazmente a ese objetivo de relanzar
la inversión.
- Proporcionar, en línea con lo que es habitual en las
economías más desarrolladas, un conjunto de servicios a
las empresas que incentive su modernización, prestando
especial atención al tejido de pequeñas y medianas empresas
valencianas.
- Ejecutar un Plan de obras públicas que contribuya
también al relanzamiento de la inversión y a eliminar múltiples
puntos negros que nuestro sistema de comunicaciones
tiene y que amenazan la seguridad de los ciudadanos y
la calidad de vida y, además, ponen obstáculos al desarrollo
de las actividades productivas.
El conjunto de actuaciones que la Generalidad va a hacer
en estos campos absorbe el 50 % de los recursos que el
PER canaliza, y cerca del 60 % van dirigidos a esos programas
de inversión.
El esfuerzo realizado ha de ser importante porque importantes
son los objetivos propuestos. De ahí el interés del
Gobierno Valenciano en hacer partícipes a los agentes sociales
de su estrategia de modernización y lucha contra el
paro. De ahí la oferta de concertación del PER; porque
entendemos que un acuerdo con Sindicatos y empresarios
en torno a las líneas básicas del Programa Económico Regional
significa la colaboración de los interlocutores sociales
en la consecución de los objetivos perseguidos.
El retraso de la entrada del PER en estas Cortes se debe
a la clara voluntad de este Gobierno de proseguir en la vía
de la negociación.
Otro de los grandes temas en nuestro horizonte para
los próximos meses es, sin duda, el ingreso de España en
las Comunidades Europeas. La economía valenciana tiene
una fuerte dependencia de las economías de los países
europeos de la Comunidad y, en consecuencia, la sensibilización
en la Comunidad Valenciana por las consecuencias
de la adhesión es muy importante. Después de varios años
de negociación, el momento de la adhesión parece cada
vez más próximo, aunque aparezca siempre incierto, debido
a los propios problemas internos comunitarios.
Desde la cumbre de Stuttgart de 1983, existe una vinculación
entre el aumento de los recursos propios de la Comunidad
y el acceso de España a esta unión. Pero los diferentes
países europeos se están sirviendo de la nueva ampliación
para mejorar o proteger sus intereses dentro de
ella. Esto, unido a las dificultades que vienen asociadas a
la crisis económica, ha frenado en diferentes ocasiones
nuestro total proceso de integración.
Los negociadores comunitarios han aceptado la postura
española de buscar que se cumplan las condiciones de
reciprocidad, progresividad y equilibrio, que deben ser interpretadas
desde la perspectiva general. Las negociaciones
son, por supuesto, un asunto de Estado y no una competencia
de las Comunidades Autónomas; no obstante,
desde el inicio de mi mandato, he creado una Comisión de
Seguimiento de las Negociaciones con la CEE, que ha
mantenido múltiples reuniones con los diferentes sectores
productivos para hacer llegar a la Secretaría de Estado para
las Relaciones con la CEE los puntos de vista de nuestros
intereses, sin menoscabo además de los diferentes contactos
que todas las Consellerias han venido manteniendo con
los respectivos Ministerios.
Sin embargo, en la situación actual existen algunos
puntos de diferencia entre la CEE y España de gran importancia
para nosotros.
En el terreno agrícola las mayores diferencias se centran
en la calificación del sector hortofrutícola como sector
sensible. La Comunidad Europea ha modificado su reglamentación
interna, a través de un aumento de los precios
de referencia, para proteger a los agricultores comunitarios
de la competencia de las exportaciones de los países
terceros.
La Comunidad Europea es autónoma para cambiar su
propia reglamentación interna pero la introducción de
modificaciones en este momento de las negociaciones viola,
en cierto sentido, el principio inicialmente aceptado
por ambas partes de no crear obstáculos a los intercambios
hasta el mismo momento de la adhesión.
Es cierto que, una vez completado el proceso de adhesión,
esta reglamentación será favorable para nuestros
agricultores, que tendrán una mayor protección frente a
otros países terceros, pero hasta que eso suceda las circunstancias
van a ser más desfavorables.
Por ello es especialmente importante defender que durante
el período transitorio la Comunidad aplique a España
unos precios de referencia especiales para cumplir así el
principio de la preferencia comunitaria, clave de la política
agrícola común, y evitar en lo posible la aplicación de
tasas compensatorias.
En cualquier caso conviene tener siempre presente que
la política agrícola de la Comunidad Económica Española
está específicamente orientada a proteger a los agricultores,
que con la adhesión tendrán las ventajas derivadas de
la aplicación de la política agrícola común y obtendrán, asu vez, unas
garantías en los precios y ayudas a través de la
potenciación de las Asociaciones Profesionales Agrarias.
Por otro lado, las dificultades que acompañan a la negociación
no deben hacernos olvidar que no existe otra alternativa
válida para nuestras exportaciones, sobre todo
para las exportaciones ya consolidadas y adquiridas, que
el Mercado Común Europeo.
Con nuestros clientes enormemente concentrados en
los países comunitarios, en caso de no adhesión, deberíamos
soportar las consecuencias de la revisión del acuerdo
del 70, lo cual supondría entrar en una zona de librecambio
y proceder a un desarme arancelario sin contrapartidas.
No cabe duda que la entrada en la Comunidad Económica
Europea va a obligar a los agentes económicos a estar
atentos a las reglas de juego de una nueva Administración,
la comunitaria. Pero la economía valenciana, que está ya
de hecho en los mercados europeos, va a recibir, con la incorporación
a la Comunidad Económica Europea, un impulso
para su modernización, que hemos de conseguir asimilar
en las mejores condiciones.
En el terreno industrial, la aplicación de un período
transitorio de 7 años debe ser suficiente para adaptar la
mayor parte de nuestros sectores a la competencia comunitaria.
Las repercusiones variarán empresa a empresa, según
cómo reaccione cada una de ellas al reto de la adhesión.
Para facilitar la misma, el IMPIVA tiene previstas
una serie de actuaciones puntuales, pero este interés de la
Administración Autonómica por anticiparse eficazmente
a las nuevas circunstancias -impulsando el desarrollo tecnológico,
la cualificación de la mano de obra y la formación
empresarial, la potenciación de las redes comerciales
en el exterior, el diseño y la moda- no será suficiente si no
encuentra en cada agrupación sectorial y cada empresa individual
el interés derivado del convencimiento de que en
este tema ha llegado, por fin, la hora de la verdad.
El Gobierno Valenciano es consciente de que, junto a
muchas empresas que conocen ya los mecanismos que regulan
el comercio con los países de la CEE, existen en
nuestra Comunidad muchas otras, pequeñas y medianas,
ancladas en el mercado nacional y ajenas a las consecuencias
de la adhesión. Y entrar en la CEE significa también
que las empresas europeas entran en nuestros mercados y
que éstos pasan a ser parte del Mercado Común.
Es por tanto necesario anticiparse al futuro, informarse,
formarse. Todo ello pretende impulsarlo la Generalidad,
al tiempo que se ocupa de la canalización de los fondos
comunitarios, promoviendo el acceso a los mismos de
nuestros programas y desarrollando una defensa efectiva
de los intereses valencianos, tanto durante el proceso negociador
como tras la incorporación.
Si hubiera de definir o de resumir la intención que
mueve este discurso, este debate de política general, creo
que podría resumirse claramente en muy pocos temas.
En primer lugar, en hacer posible la mayor comunicación
entre el pueblo valenciano y sus Instituciones; que sepan
de verdad qué es lo que nos preocupa, y lo que nos
preocupa, sin ninguna duda, es lo que le preocupa a la sociedad
valenciana.
Y si hubiera de clarificar el mensaje que he intentado
dar a lo largo de todo este discurso, sin ninguna duda, les
diría que, en cuanto al proceso seguido en las transferencias,
estamos en un buen momento; estamos a punto de finalizar
el proceso, pero eso es precisamente lo que nos crea
las dificultades mayores, porque ahora es el momento de
cerrar las valoraciones, ahora es el momento de confrontar
los diferentes puntos de vista, los de la Administración
central y los de la Administración Autonómica, respecto a
los problemas pendientes y ahora es el momento de resolver
definitivamente el modo de financiación de las Comunidades
Autónomas.
Y ahí hay sin duda problemas derivados no sólo del
modelo de Estado que cada uno tenga en su mente, sino
fundamentalmente también de las circunstancias de crisis
económica por las que estamos atravesando.
Quede, pues, por tanto, claro que el mensaje que quiero
dirigir al pueblo valenciano, a través de estas Cortes, en
materia de transferencias, es que hemos avanzado mucho,
que todavía queda un camino importante por recorrer y
que el proceso de financiación de las CC.AA. es todavía
un proceso complejo que no hemos terminado de solucionar.
Otro punto importante que define el sentido claro de
este discurso que estoy haciéndoles a ustedes es el tema de
la economía. Tal vez transferencias y economía eran los
capítulos clave que quería definir.
Y en el tema de la economía, el mensaje claro también
que he querido dirigir a estas Cortes, y a los valencianos
por tanto, es que las circunstancias económicas mejoran
poco a poco pero claramente, que se va reafirmando la
conciencia clara de que la crisis toca a su fin. Pero que ese
tocar a su fin de la crisis viene también acompañado de un
aumento importante del nivel de desempleo. consecuencia
del crecimiento de la productividad. por una parte, y, por
otra, un aspecto también muy fundamental que yo he
querido dejar claro, esa economía sumergida que puede a
largo plazo acabar con las empresas sanas que quedan en
nuestra Comunidad. Que sin duda puede resolver problemas
inmediatos pero que, a largo plazo, acabará definitivamente
con nuestro sistema productivo y que por tanto
hemos de hacer, entre todos, un esfuerzo importante por
sacar esa economía sumergida adelante, por hacer posible
también que nuestras industrias se adapten al proceso que
nos viene por delante y que utilicen fundamentalmente las
innovaciones tecnológicas para poder hacerse con mercados
a los que hasta ahora hemos tenido acceso pero que cada
vez se va dificultando más en relación con la competencia
que ejercen terceros países.
Que a hacer posible ese sacar a las empresas sumergidas
a la superficie y que a hacer posible esa renovación tecnológica
necesaria y que a hacer realidad esa creatividad y
ese diseño que estamos intentando exportar a todo el mundo,
va a contribuir la Generalidad con sus esfuerzos.
Mensaje que quería dirigir claramente en el terreno
económico a los ciudadanos: Mejora la situación; tenemospendiente
todavía el problema y estamos haciendo esfuerzos
para hacer posible que ello se vaya solucionando. Ese
es nuestro objetivo prioritario, y quiero significar de nuevo
que la situación económica va mejorando.
Otro mensaje importante que ha significado problema
para la consolidación de la Autonomía: La reconversión
industrial. Surgió prácticamente en el mismo momento el
problema en que empezaba a institucionalizarse la Autonomía.
Significó eso un serio «handicap» para que la
Autonomía consolidase definitivamente sus instituciones,
porque hubo quien, a pesar de no tener competencias, puso
en duda la credibilidad de la institución en función de
la resolución de sus problemas específicos.
Mensaje importante también a dirigir a los ciudadanos
respecto a los problemas que la Generalidad asumió como
propios porque podía hacer algo y estaba en su mano resolver
algunas cuestiones: Los compromisos se han cumplido,
porque hemos creado una zona de preferente localización
industrial que ha tenido un éxito importante; que sus
consecuencias están ahora viéndose empezar nada más,
pero que el éxito se puede calificar de importante porque
nadie ponía la mano en el fuego cuando prometimos la
creación de puestos de trabajo que se iban a crear y ahora
mismo se puede decir que se han creado; que hay cuatro
empresas funcionando; que hay diecisiete empresas instalándose
y que hay un sinnúmero de empresas que tienen
solicitada la instalación en la zona del área económica de
Sagunto. Tal vez no satisfaga a todos el ritmo con el que se
está llevando adelante, y es comprensible, porque la gente
quisiera pasar de un empleo a otro sin solución de continuidad,
pero que sin duda los esfuerzos, se han hecho y el
éxito ha coronado esos esfuerzos, es un mensaje que quiero
dejar claro ante estas Cortes.
Y otro mensaje por fin importante que voy a dirigir
con motivo ya de finalizar estas reflexiones que quería hacerles
a ustedes.
No quiero terminar sin hacer estas breves reflexiones a
que dan lugar la situación y el momento por el que estamos
atravesando.
La primera recae sobre el hecho de la consolidación de
nuestra Autonomía y, correlativamente, del Estado de las
Autonomías. Es una reflexión de la que quiero dejar constancia
en esta importante ocasión.
El proceso autonómico ha llegado, sin duda, a un punto
de no retorno; es un proceso que se puede considerar ya
irreversible. El Estado autonómico comienza ya a funcionar
y a demostrar ahora que resulta ~laramenteo~erativo.
Igualmente, el asentamiento que la Autonomía va teniendo
en nuestra Comunidad aparece ya claramente como
un hecho consolidado.
No en vano el elemento clave en todo ese largo recorrido
hacia el autogobierno ha sido el pueblo valenciano, que
ha unido en una sola reivindicación la triple exigencia de
libertad, democracia y autonomía. Resulta, pues, coherente
que el sentimiento autonómico sea el aglutinante de
una abrumadora mayoría de valencianos que, por encima
de cualquier otro factor unificador. con independencia incluso
del grado de conocimiento concreto de sus instituciones,
está en estos momentos existiendo.
Esta valoración positiva viene relacionada con las expectativas
que la Autonomía sabemos que despierta en
amplios sectores sobre las posibilidades de resolver, en mejores
condiciones que desde el centralismo, los problemas
de nuestra Comunidad.
Nuestro modelo se basa en la afirmación de nuestra
personalidad, en la defensa de nuestros intereses y en asegurar
nuestra capacidad de autogobierno, en el marco de
la solidaridad con el resto de las Comunidades Autónomas
y de la lealtad constitucional. Es precisamente ésa la fuerza
de nuestra Autonomía.
Una Autonomía en condiciones de poder dar muy
pronto los resultados previstos y cuya particularidad radica
en no practicar permanentemente la estrategia de la
tensión. La Autonomía valenciana es sólo una parte, importante,
pero una parte, del Estado de las Autonomías,
cuyo modelo no es otro que el del Estado democrático que
establece la Constitución; y los valencianos participamos
no sólo de nuestra Autonomía, sino también de ese Estado
de cuya consolidación depende el futuro de España, su democracia
y su relanzamiento económico.
He dicho en otras ocasiones y quiero reiterarlo ahora
que el avance positivo de la Constitución Española de 1978
frente a la Constitución republicana es que, mientras en
aquel entonces las particularidades y especificidades de
cada pueblo eran patrimonio de ese pueblo, hoy es patrimonio
de todos los españoles. Y eso me parece un avance
sustancial e importante.
Y en ese objetivo común no debe haber enfrentamientos
ni recelos entre el Gobierno de la Nación, cuyo prestigio
político está firmemente comprometido en llevar adelante
el modelo, y los Gobiernos autonómicos que de verdad
están luchando por su Autonomía.
Pero la Autonomía, como la entendemos los valencianos
y ya hemos manifestado también muchas veces y en estas
mismas Cortes, no es, no puede ser, para nosotros nada
más limitarse a gestionar las competencias transferidas; es
para los valencianos un hecho mucho más profundo que
eso.
Uno de los compromisos que ha de presidir el período
parlamentario que hoy se abre es el de mejorar cualitativamente
la comunicación entre el ciudadano y sus instituciones
autonómicas, tanto las representativas como las de Gobierno,
lo que ha de permitir realizar el principio estatutario
de la plena participación de los valencianos en la vida
política.
Poner los medios necesarios para conseguir esa eficaz
comunicación entre representantes y representados se presenta
como una tarea institucional de primer orden que
concierne a todos.
Potenciar el claro sentimiento autonómico que parece
manifiesto en la sociedad valenciana para que actúe como
un elemento de mayor cohesión y de vertebración de nues-
- - - -
Número 37 Pag. 1.053
tra Comunidad será una contribución decisiva para que
Los objetivos de modernización de nuestra Comunidad se
cumplan.
Apostemos claramente porque nuestra Comunidad
autónoma va a ir adelante, como entiendo que lo está haciendo
ya.
Nada más y muchas gracias.
(Aplaudiments.)
EL SR. PRESIDENT. Muchas gracias. La sesión continuará
mañana, a las 4.30 de la tarde. Se levanta la sesión.
(Són les 19.06 minuts.)
|