Proyecto de Ley de Medidas Fiscales

Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Tiene la palabra el Senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para defender conjuntamente todas las enmiendas relativas a los artículos 1 a 21.
Esta Ley se presenta, fundamentalmente, para intentar dar coherencia a lo que significa la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para hablar de coherencia tendríamos que ver cómo entró esta Ley en el Congreso de la mano del Gobierno. Esta Ley entró en el Congreso con 59 artículos, 22 disposiciones adicionales y cinco transitorias. Salió esta Ley del Congreso con 69 artículos, 22 disposiciones adicionales y cinco transitorias. Se trata, evidentemente, de una demostración de que la coherencia política del Gobierno quedaba bastante palpable en lo que hacía referencia a la presentación del Presupuesto.
Pero no acabó ahí la cuestión. Esta ley, al entrar en el Senado, con diez artículos más de lo que había mandado el Gobierno, como he dicho, recibió, además, un número considerable de enmiendas.
Si esta ley modificaba ya unas 38 --me parece recordar--, siete reales decretos-leyes, dos reales decretos y un decreto, cuando entró en el Senado sufrió una nueva e importante modificación. Setenta enmiendas presentó el Grupo Parlamentario que sustenta al Gobierno, que tenía claramente expuesta la coherencia del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y como consecuencia de esta ley de acompañamiento posterior. Evidentemente, es una coherencia muy grande el que se modifiquen de nuevo 27 leyes sin haber entrado en vigor las 38 modificadas anteriormente.
En cualquier caso, aquí estamos con este proyecto de ley al que hemos presentado una serie de enmiendas por aquello de intentar mejorar algunas de las situaciones que plantea el Gobierno en ese proyecto coherente
--tal y como se dice siempre en la presentación que hace en este caso el nuevo Ministro de Hacienda--, enmiendas que hacen referencia fundamentalmente a que tanto las ayudas a la promoción o rehabilitación de vivienda, como las que se reciben como consecuencia de catástrofes naturales, no puedan ser desvirtuadas por estar sometidas a gravamen de IRPF. Es evidente que si por un lado les damos la ayuda y por otro las sometemos a gravamen, la ayuda claramente es menor. Y hay ayudas que están referidas también a paliar el deterioro de las rentas de los que se ven afectados por las prejubilaciones que casi nunca lo son por propia voluntad del interesado, como saben ustedes perfectamente. Ayudas que se refieren a eximir de la obligación de declarar a los pensionistas con ingresos inferiores a tres millones y medio de pesetas aunque vengan de diferentes fuentes siempre que no excedan de esa cantidad. Y es que nuestras enmiendas también tratan de evitar la injusticia que se produce por las diferentes tributaciones en el Impuesto sobre Sociedades.
Tratamos también con ellas que pueda deducirse parte del Impuesto sobre Actividades Económicas del Impuesto sobre Sociedades. Tratamos en ellas de estimular las energías alternativas, así como de establecer la tributación adecuada de los no residentes. Queremos que se aplique el tipo superreducido de IVA a todas las viviendas de protección oficial, sean declaradas por el organismo que sea, así como que se aplique a todas las obras de rehabilitación de viviendas, es decir, también a la carpintería y no solamente a aquellas que tocan ladrillos en la rehabilitación.
Asimismo, pretendemos dar un tratamiento más adecuado en el IVA a las empresas municipales que realizan un servicio público. Tratamos de potenciar la innovación en las empresas, fundamentalmente en las PYMEs, así como de potenciar las energías alternativas, como ya he dicho.
Queremos también apoyar con ellas la posibilidad de compra de vehículos para discapacitados con unas condiciones mejores que las actuales.
Queremos evitar incrementos excesivos e injustificados de la presión fiscal por la subida de tasas. Pronto verán ustedes, señorías, no ya sólo la reacción de los interesados o afectados, sino también las repercusiones negativas que esto tiene en determinadas actividades que ahora se han gravado excesivamente por parte de la actual Administración.
Tratamos a la vez de compensar a las administraciones territoriales que ejerzan funciones en materia de servicio público de telecomunicaciones, así como de compensar también por la instalación de antenas, y de clarificar la actual redacción de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Creo que con todo eso intentamos mejorar la actual Ley de medidas fiscales en lo que hace referencia precisamente a dichas medidas. Sin embargo, aunque no parece ser éste el momento oportuno, puesto que veo que hay poca atención por parte de algunas de sus señorías --naturalmente no me estoy refiriendo a quienes siguen el debate, sino fundamentalmente a todos los ausentes, y de un modo especial a la falta de representación por parte del Gobierno--, quería decir que no debería ser necesario que estuviésemos discutiendo esta cuestión. Porque estamos discutiendo de algo enormemente exagerado que contribuye tremendamente a intentar aumentar la burocracia en materia de interpretación de la legislación, y no es la primera vez que decimos que esta situación no se debe volver a repetir --poder sí que se puede mientras tengan ustedes la mayoría.
No podemos modificar en tan breve espacio de tiempo una situación que afecte, como he dicho, nada menos que a 38 leyes, prácticamente a todas las referentes a fiscalidad, a todos los impuestos. No se pueden modificar con una discusión tan breve y tan incoherente, por la cantidad de medidas sobre las que estamos discutiendo, como estamos haciendo en este momento, y menos aún con la poca atención que presta el responsable de esta situación y que es el actual Gobierno.
Y con esto no quiero insistir en la idea de la ausencia del Gobierno, porque estoy seguro de cuál va a ser la contestación: ustedes ya han gobernado y han utilizado también esta opción. Y es cierto, pero, evidentemente, no con la profusión que se está utilizando ahora y más este año especialmente, porque el año anterior el Gobierno fue sensible a este tipo de críticas, racionalmente, y presentó menos modificaciones que el actual.
Esto pone de manifiesto que pasó una legislatura y que el Gobierno anterior quizá fue más coherente que el Gobierno actual porque ha sometido a modificación constantemente, repito, sin haber siquiera entrado en vigor, la mayor parte de la legislación española con una ley discutida, a contracorriente, con muy poco espacio de tiempo y sin saber siquiera si las modificaciones que se introducen parcialmente en la mayor parte de las leyes fiscales españolas tienen una coherencia global.
Insisto en que esta situación no se puede ni se debe volver a repetir. No podemos modificar la fiscalidad de los españoles parcialmente sin someter esas leyes siquiera a una discusión ni saber qué consecuencias pueden tener posteriormente. Y eso es lo que ha ocurrido. Ha venido el señor Ministro de Economía, ha venido el señor Ministro de Hacienda, han discutido permanentemente la situación y han dicho que han rebajado los impuestos. Pero hay una serie de medidas que se están tomando inapropiadamente, porque si hubiera cualquier otro trámite parlamentario además de los que hemos vivido ya, las 70 enmiendas del Senado o los 10 artículos más que ha tenido la ley en el Congreso, se volverían a modificar. No hay una actuación coherente ni la puede haber tampoco con este tipo de actuación. La modificación de la fiscalidad requiere unas leyes discutidas globalmente y que la sociedad las pueda entender. Lo que no puede entender es que cada año se modifique parcialmente la fiscalidad española como se está modificando con esta ley. Y es que con eso, no sólo no contribuimos al beneficio del ciudadano, sino que además discutimos las propias afirmaciones del Gobierno. Porque la consecuencia de esta actuación desordenada es que el propio Gobierno, no es ya que la modifique, es que sube la fiscalidad. Y nos encontramos aquí con que el Gobierno reitera una y otra vez que les ha bajado la fiscalidad a los españoles y la OCDE tiene que venir a decirle que la ha subido nada menos que dos puntos y medio del PIB. Y es que España es el país que ha subido más la fiscalidad en los cuatro años de Gobierno del Partido Popular, y no precisamente porque recaude más, sino porque no sabe lo que hace.
Porque no lo puede saber con este tipo de planteamientos incoherentes a que nos somete cada vez que tenemos que volver a plantear una discusión de la ley de medidas complementarias, tal como estamos haciendo hoy; sin saber cómo queda globalmente cada ley que sufre una modificación parcial; sin poder saber los ciudadanos españoles cómo ver una ley fiscal porque cada año sufre al menos una modificación; sin saber tampoco qué es lo que pretende el Gobierno porque del Congreso al Senado, sin entrar en vigor, se vuelve a enmendar y, además, creo que subrepticiamente, saltándose también una obligación legal, que es de lo que algunos organismos y, en concreto, el Consejo Económico Social, se quejan, porque con tantas modificaciones como introduce el propio Gobierno en la tramitación de la ley, su informe preceptivo no tiene ningún valor, ya que del informe que da el CES al que sale posteriormente no se refieren, evidentemente, a la misma legislación. Por tantas y tantas cosas no debería pasar lo que está pasando en esta ocasión y, repito, de manera diferente al año anterior, donde al menos el Gobierno no solamente fue más coherente en la presentación, sino que fue más prudente a la hora de presentar enmiendas a su propio proyecto de ley.
En consecuencia, racionalmente, no discutamos quién tiene la responsabilidad de haber introducido la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, pues la tiene quien todos ustedes saben: naturalmente una sentencia de un Tribunal, pero la tiene también el propio Gobierno anterior. Por tanto, responsabilidad asumida, y a partir de ahí a ver si somos capaces --aunque lo dudo, porque prestan poca atención, como se puede ver, y de nuevo digo que no me refiero a ustedes, sino precisamente a los que no están-- de no volver a discutir esta cuestión, nos aplicamos más, y procuramos hacer unas leyes en las que se pueda ver su coherencia global, porque las modificaciones se hagan globalmente y porque discutamos todas ellas en las normas tributarias y no cada año, ya que eso no hay ciudadano que lo pueda entender.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que el representante del Grupo Parlamentario Popular, con muy buenas maneras, interviene pero no contesta nunca a nuestras propuestas; al contrario, utiliza siempre los argumentos tradicionales del Partido Popular para responder cosas diferentes de las que se habían planteado.
Por ejemplo, es evidente que la responsabilidad de la ley de medidas proviene de una sentencia del Tribunal Constitucional y también es evidente que nosotros la utilizamos primero; lo que ya no es tan evidente es el uso excesivo y abusivo, que lleva a la incoherencia en los planteamientos, después de las múltiples modificaciones parciales que se están haciendo aquí a las leyes fiscales y que luego, como vuelvo a repetir, nos llevan a un incremento de la presión fiscal de 2,5 puntos del PIB sin que el Gobierno se haya enterado siquiera. Esa es la situación a la que hay que dar respuesta, como también hay que promover el que los ciudadanos puedan entender la legislación, especialmente la fiscal, porque obviamente les toca el bolsillo y no carece de interés para ellos. Hay que dar respuesta y arreglar esa situación.
Además, de nuevo ha introducido una maniobra dilatoria o la misma desviación de siempre: el sofisma favorito del señor Martínez Pujalte
--antiguo conocido mío y de todos ustedes--, que es hablar de la incoherencia del Partido Socialista respecto al apoyo a la pequeña y mediana empresa; incoherencia que no es verdad. Quiero decir, con toda claridad, que incoherencia es haber dicho hace una semana que no es posible que los que tributan por módulos se puedan beneficiar también de la situación de exenciones para las nuevas tecnologías, y esta semana, llegar y plantear la cuestión como si fuera una gran innovación, máxime cuando Convergència i Unió y todos nosotros les habíamos dicho que no era coherente su postura. El gran descubrimiento y la gran coherencia del Gobierno es que lo que la semana pasada no aprobó, ahora es una de sus propuestas. ¡Vaya coherencia y vaya forma de gobernar! De esta manera sólo se demuestra a los ciudadanos que lo que no propone el Partido Popular no sirve, aunque sea positivo para todos.
Nosotros pretendemos que se apoye decididamente a las empresas innovadoras, se estimule la utilización de las nuevas tecnologías y, especialmente, de las tecnologías de la información. Hemos apoyado que no fueran empresas que gestionan hasta 500 millones de pesetas sino 1.000 millones de pesetas y aquellas que, en temas industriales, llegaran hasta 3.000 millones de pesetas. ¿Por qué? Porque estamos intentando beneficiar no sólo a las pequeñas y medianas empresas, en general, sino intentando estimular la innovación en las empresas y no, como ustedes, la discriminación entre empresas, de tal forma que unas paguen menos en el Impuesto sobre Sociedades y otras más, porque eso es, simple y llanamente, una injusticia. Nosotros primamos a las empresas innovadoras porque creemos que es bueno para este país y todas se pueden apuntar a ser innovadoras y pueden estar primadas, naturalmente si innovan y, si no es así, deben pagar el Impuesto sobre Sociedades como todas las demás porque, de lo contrario, están introduciendo una discriminación muy clara entre ellas. Pero una discriminación que no sólo tiene las consecuencias de discriminación, sino que además es perjudicial para todas las empresas, porque ustedes pagan a unas empresas que no son innovadoras, las priman estableciendo entre empresas una competencia desleal --y eso es muy grave-- cuestión que puede ayudar a hundir empresas grandes y buenas y a utilizar la subcontratación de manera permanente y exagerada como ahora, precisamente porque eso fomenta la temporalidad, la competencia desleal y la posibilidad de más accidentes laborales. Además, es contradictorio con la política que ustedes defienden de apoyo al crecimiento y a la internacionalización de la empresa española. Eso no es lo que ustedes están apoyando con esa medida, sino que, repito, es una medida discriminatoria que perjudica a las empresas porque introduce la competencia desleal. Además, hay otra cosa muy importante, y es que no solamente no se aumenta la innovación, sino que además introduce un factor de fraccionamiento de empresas, porque para acogerse al 30 por ciento muchos empresarios van a romper sus empresas en vez de intentar crecer más, con lo cual muchas continuarán siempre teniendo poca capacidad de competir; eso sí, ayudando a ganar mucho dinero a los empresarios, quienes utilizando esta ley fraudulentamente contribuirán a fraccionar sus empresas y a carecer de capacidad real de innovación.
Por eso, el sofisma del señor Martínez Pujalte --que no lo he sacado yo, pero estaba seguro de que lo iba a hacer el Grupo Popular-- no sirve, es falso. Nosotros pretendemos ayudar a la innovación y seguimos pretendiendo ayudar a las empresas que gestionen hasta mil millones de pesetas y a las empresas industriales que lleguen hasta tres mil, pero a las empresas innovadoras y no a todas en general porque, como digo, es introducir una distinción entre empresas que es desleal, injusta y, además, perjudicial para todas las empresas españolas.
Es lo que quería decir. Nada más, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)