| Proyecto de Ley General de
Estabilidad Presupuestaria (621/000033)
y Organica complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (621/000034)
Fase Dictamen de la Comisión, fecha 12/11/01
Comisión de Hacienda
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Aroz.
A continuación corresponde la defensa de la propuesta de veto número 5
al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria y número 4 al
proyecto de ley orgánica complementaria a la ley general de estabilidad
presupuestaria, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su
defensa, tiene la palabra el Senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.
Vista la actitud del Grupo del Gobierno, quizá procediera decir únicamente
que sostenemos las enmiendas y los vetos para el Pleno, y hemos terminado;
sin embargo me parece que de aquí al Pleno queda una oportunidad más de
reflexión, como también quedaba --y por desgracia ya hemos liquidado--
desde la Ponencia hasta esta Comisión. Yo voy a insistir una vez más en
desvelar --si se quiere-- dos planteamientos antes del Pleno, porque me
parece muy importante la ley y, por lo tanto, también la reconsideración.
En mi opinión este proyecto de ley, aun siendo oportuno en lo que a la
voluntad de conseguir la estabilidad presupuestaria se refiere, presenta
tres problemas. El primero se deriva de la definición de la propia
estabilidad presupuestaria, no sólo rigurosa, sino en mi opinión también
contraproducente en la actual situación económica, cuando más necesaria
se hace la intervención de los poderes públicos para evitar caer en una
recesión. Me parece bastante evidente que disminuirá la recaudación de
los impuestos, de acuerdo con la previsión del Gobierno, y que se
plantea-rá el déficit público. Por tanto, si de verdad queremos
mantener el empleo y conseguir un cierto nivel de estabilidad tendremos
que hacer compatible la caída de los ingresos con el descenso de los
gastos; y, obviamente, los gastos que se van a reducir son los gastos de
inversión, con lo cual, seguiremos profundizando en la recesión.
Así pues, como digo, un primer problema se presenta con la definición de
estabilidad, algo que ha tenido claro la Unión Europea dejando para ello
un margen del 3 por ciento, que este Gobierno no quiere asumir. Y aunque
me parece bien que en una época de crecimiento se intente hacer lo
posible por tener bien hechos los deberes, considero suicida que en un
momento económico como el que vivimos sostengamos ese planteamiento.
El segundo problema que presenta este proyecto de ley se deriva de la
voluntad del Gobierno de asumir competencias que no le son propias. Esta
no es sólo mi opinión, sino que el propio Consejo de Estado hace en su
informe una serie de recomendaciones --que el Gobierno no ha asumido--
para evitar la inconstitucionalidad, que a mi entender está muy clara en
el caso de las Comunidades Autónomas
y también en el de la Administración local. Se dice en dicho informe que
se hace primar claramente el principio de coordinación sobre el principio
de autonomía financiera; cosa que podría ser razonable si se debiera a
la voluntad del Gobierno de vigilar el cumplimiento de la estabilidad
presupuestaria de acuerdo con los pactos suscritos con la Unión Europea.
Pero no es así: se debe a una decisión política rigurosa del Gobierno y
no a la vigilancia de unos acuerdos desde el punto de vista del pacto de
estabilidad.
Y el tercer problema, que me parece el más importante, consiste en la
torpeza con que ha sido llevada esta ley. Si nos atenemos a las demandas
de los grupos nacionalistas de esta Cámara --a lo que podríamos
denominar reivindicaciones territoriales--, podemos observar por los
planteamientos de las enmiendas de dichos grupos que tenemos un
funcionamiento muy razonable del Estado de las Autonomías. Así, los
grupos nacionalistas aceptan que, por ejemplo, un órgano mixto como es el
Consejo de Política Fiscal y Financiera --en el que, como todo el mundo
sabe, el Gobierno tiene una amplia representación-- sea el garante de que
las Comunidades Autónomas y el Estado cumplan los pactos de estabilidad.
Por tanto, en función de esas enmiendas considero más bien modestas las
pretensiones de los grupos nacionalistas, dicho sea con todos los
respetos, y creo que sería muy inteligente por parte del Gobierno el
aceptarlas. Creo que con eso ganaríamos mucho, porque conseguiríamos un
pacto interno de estabilidad presupuestaria muy claro con todos los
agentes implicados, algo que de alguna forma ya hemos conseguido ya que
esta ley es redundante tras la actuación por parte de las
administraciones territoriales, las cuales, afortunadamente, han cumplido
en general el pacto de estabilidad. Estamos hablando, pues, de una ley teóricamente
innecesaria. Pero, además, a través de sus enmiendas los grupos
nacionalistas admiten claramente la posibilidad de que el Gobierno
controle esa estabilidad. Repito, pues, que son reivindicaciones muy
modestas para conseguir algo tan importante en estos momentos como es un
pacto de estabilidad consensuado con todos los territorios e
instituciones.
Por tanto, ya adelanto que considero muy razonables esas enmiendas, que
estoy dispuesto a aceptar todas ellas, y le digo al Gobierno que si no
acepta esos planteamientos perderemos una gran oportunidad, no sólo para
conseguir un pacto de estabilidad interna que nos hace falta para llegar a
la estabilidad presupuestaria, sino también un pacto muy importante para
el funcionamiento del Estado de las Autonomías, pacto que hasta ahora,
lamentablemente, no hemos podido conseguir. Insisto en que me parece torpe
el no tomar la palabra a los enmendantes de esta ley para así conseguir
ese pacto de estabilidad. Yo sería partidario de reconsiderar esa posición,
porque creo que ganaríamos mucho tanto económicamente como desde el
punto de vista del funcionamiento del Estado. No hacerlo es perder una
gran oportunidad y una torpeza sin límites que yo, desde luego, no estoy
dispuesto a cometer.
Por último, con el planteamiento de no tomar prácticamente ninguna
decisión en Comisión, salvo el mantenimiento de las enmiendas, de alguna
forma estamos subvirtiendo el orden normal del funcionamiento de esta Cámara,
lo cual hace excesivamente extensos los plenos y acorta excesivamente los
plazos de la Comisión.
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, he de reiterar mi convicción de que la única forma real
de mantener el déficit presupuestario en esta situación va a ser
recurrir al recorte de inversiones lo que, sin ninguna duda, va contra la
voluntad de España de hacer posible la convergencia real con Europa y
contra la competitividad necesaria para alcanzarla.
Por otro lado, esa situación me parece tan grave como el recorte
competencial a que se somete a las Comunidades Autónomas porque, además,
he de insistir en la idea de que se trata de reivindicaciones modestas y
con una voluntad clara de coordinación, por lo que el hecho de perder
esta oportunidad es, desde mi punto de vista, más que torpeza un despropósito.
Voy a recomendar, una vez más, que se busque el consenso ya que hay
muchas posibilidades de alcanzarlo, de acuerdo con las reivindicaciones
planteadas. Creo que el Gobierno tiene la capacidad necesaria para
impulsar ese consenso con Comunidades Autónomas y administraciones
locales, que también se ven tremendamente afectadas por esta ley, y
pienso que, en este momento, tenemos en la mano un instrumento muy
positivo para conseguir un pacto de estabilidad.
Por lo demás, los desequilibrios de la Unión Europea, como ha dicho el
portavoz del Partido Popular, no cabe relacionarlos con la política de déficit,
sino con otras muchas causas que habría que analizar en algún momento
detenidamente, pero el déficit no es lo que ha provocado la subida de los
tipos de interés, sino más bien decisiones totalmente ajenas a los
problemas que generaron el déficit. En cualquier caso, este debate lo
dejaremos para el Pleno.
Nada más y muchas gracias.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
En una defensa conjunta de todas las enmiendas diré, como ya he
mencionado en mi intervención general del veto, que la gravedad de estos
proyectos requiere un tratamiento diferente al que se ha tomado, porque no
se trata solamente de dos proyectos de ley más, ya que en este caso
incluso pueden llegar a poner en cuestión el pacto constitucional, hecho
que a mí me parece de una gravedad tremenda.
Por lo demás, en las enmiendas hemos establecido un proyecto de
coordinación del Gobierno de una nación con las Comunidades Autónomas y
los ayuntamientos con respeto a la Constitución. Pero también estamos
dispuestos a discutir cualquier otro procedimiento de coordinación que se
nos plantee, hecha la salvedad, naturalmente, del que contiene el proyecto
de ley porque, como ya he dicho, desde nuestro punto de vista, contiene múltiples
aspectos de inconstitucionalidad y dificultades graves en su seno, que harán
muy difícil, no ya la coordinación, que sin este proyecto de ley ya se
ha hecho efectiva, sino que, además, pondrán en cuestión tanto la
autonomía de los entes locales, como, sobre todo, la autonomía
financiera de las Comunidades Autónomas, incluso poniendo en cuestión la
voluntad de cumplimiento del contenido de esta ley.
Por tanto, no deberíamos perder una nueva oportunidad para intentar
definir cuáles son esos mecanismos de coordinación, aceptados por todos
y con respeto a la Constitución, de aquí a la discusión del Pleno, con
la mejor voluntad de acuerdo porque de esta forma ganaríamos dos cosas:
fundamentalmente el mejor funcionamiento del Estado de las Autonomías y
la posibilidad de coordinación y, simultáneamente, un mejor
funcionamiento de la economía. Es evidente que no es lo mismo el
crecimiento sostenido de los últimos años, que una etapa donde el
crecimiento, como mínimo, se empieza a ralentizar. Y lo que se puede
hacer cuando los ingresos se van cumpliendo de acuerdo con las previsiones
e, incluso, se supera esa posibilidad, precisamente porque la economía va
mejor, no se puede hacer, y mucho menos con imposición, cuando la economía
comienza a crecer algo menos y todas las economías del entorno comienzan
a tener dificultades evidentes. Es una situación que requiere un
tratamiento diferente y, sobre todo, una mayor flexibilidad.
En realidad, como hemos puesto de manifiesto en la presentación de las
enmiendas, este proyecto viene a fijar otro procedimiento de déficit pero
no acabar con él, como no podía ser de otra manera.
Por otra parte, también hemos presentado alguna enmienda dirigida a un
objetivo muy importante, aunque quizá pase por alto el proyecto de ley, y
es que el hipotético superávit se aplique necesariamente a aquello que
lo ha generado, y no que se dedique, como ahora hace el Gobierno, a
financiar el déficit del Estado con la Seguridad Social o con los fondos
del desempleo, que no nos parece bien.
Muchas gracias.
El señor LERMA BLASCO: Gracias.
Pienso que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha equivocado la
intención del Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros no tenemos ninguna
pretensión de encabezar una protesta política contra el Gobierno por
este proyecto de ley. Si el problema fuera exclusivamente de discusión
política, hubiéramos podido empezar perfectamente por preguntar qué
quieren ustedes corregir, porque probablemente los mayores déficit les
corresponden a las Comunidades Autónomas donde gobiernan ustedes y a los
propios ayuntamientos; pero me parece que ésa es una discusión banal en
este momento con lo que estamos enfrentando. O podríamos discutir
perfectamente sobre la política keynesiana o la política que han hecho
ustedes, y tendríamos que preguntarnos qué han corregido ustedes de déficit,
porque ustedes lo que han hecho ha sido vender, privatizar sin liberalizar
las mejores empresas españolas, con lo cual, en realidad, ustedes de
corrección de déficit nada de nada. Podríamos entrar por ese camino --y
yo creo que tendríamos razón--, pero no es ése el problema que yo estoy
planteando aquí.
El problema que estamos planteando es más serio que la estricta política
coyuntural, y lo reitero una vez más sin ninguna voluntad de confrontación.
Nosotros tenemos establecido un procedimiento de funcionamiento democrático
en España que hasta ahora ha ido bien; pues modifiquemos las cosas que
van mal, pero las que van bien procuremos mantenerlas o perfeccionarlas
todavía. No es, repito, mi propósito abanderar ninguna oposición; mi
propósito
es que las reglas de juego en las que hemos estado de acuerdo hasta ahora
las procuremos mantener, y creo muy sinceramente, sin manipular ningún
tipo de información --además el informe del Consejo de Estado está a
disposición de todos--, que está bastante claramente expresado que
tengamos cuidado con las reglas de juego.
Por lo demás, insisto en que en este proceso se trata ni más ni menos
que de hacer honor al papel constitucional del Senado, que es la Cámara
de representación territorial. Seamos capaces de que esa representación
territorial funcione correctamente aceptando los pactos --generosos, creo
yo, insisto-- que ofrecen los grupos nacionalistas de la Cámara al
Gobierno, y en este caso también al principal partido de la oposición, y
funcionemos mejor, que es de lo que se trata, siendo un poco más abiertos
en la concepción del Estado de las Autonomías que diseña la Constitución.
Nada más y muchas gracias.
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