--DE LA COMISION DE HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, TEXTO ARTICULADO APROBADO POR DECRETO 1022/1964, DE 15 DE ABRIL (C. D. 121/000034) (S.
621/000022).

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Punto tercero del orden del día:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Dictamen de la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.
Para la presentación del dictamen ante el Pleno, tiene la palabra el señor Del Río, designado por la Comisión.

El señor DEL RIO SANZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el proyecto de ley tuvo su entrada en esta Cámara el día 6 de abril de 2001, tramitándose por el procedimiento de urgencia, y terminando el plazo de presentación de enmiendas el día 10 de dicho mes.
Se presentaron un total de dos vetos y cinco enmiendas, repartidas de la siguiente manera. Veto primero, enmiendas números 1 a 3, del Senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto. Veto segundo, enmiendas números 4 y 5, presentadas conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de la Entesa Catalana de Progrés.
La Comisión dictaminó el proyecto de ley sin introducir modificaciones respecto al texto remitido por el Congreso de los Diputados, y vio publicado su dictamen en el «Boletín del Senado» de fecha 23 de los corrientes. Se mantienen para pleno el veto número 2 y las enmiendas números 4 y 5, presentadas conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de la Entesa Catalana de Progrés. El proyecto de ley consta de una exposición de motivos, un artículo único y una disposición final, que prevé su entrada en vigor al día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Del Río.
A este proyecto se ha presentado una propuesta de veto, que se debatirá a continuación. Para la aprobación de la propuesta de veto se requerirá la mayoría absoluta de los señores Senadores que en estos momentos componen la Cámara; dado que la Cámara está integrada por 258 Senadores, la mayoría absoluta es de 130 Senadores.
Pasamos a debatir, en primer lugar, el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo de la Entesa Catalana de Progrés, que corresponde a la propuesta de veto número 2.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Lerma, por tiempo de quince minutos.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir, con la mayor brevedad posible, para explicar que aunque este proyecto de ley contenga un artículo único, realmente es un artículo muy importante. Además, voy a debatir esta cuestión con brevedad porque, desde mi punto de vista, no es el momento más adecuado para hacerlo, pero sí quiero decir que la trascendencia de esta modificación legal va mucho más allá de lo que el debate pudiera darnos a entender.
En realidad, estamos ante la única ocasión que ha tenido esta Cámara para debatir la política de privatizaciones del Gobierno y, desde la perspectiva en la que quiero moverme, he de pedir a sus señorías un poco de atención para que escuchen, quizá, una voz diferente a las que están acostumbrados a oír con respecto a la política de privatizaciones. No lo quiero hacer desde la perspectiva de un partido de la oposición, que tradicionalmente se opone a las cuestiones que plantea el Gobierno, sino desde la preocupación por el futuro de este país y el funcionamiento de su economía.
Esta propuesta de veto no se limita a proponer simplemente la modificación de un artículo de la Ley del Patrimonio del Estado para que éste pueda reordenar sus acciones, sino que intenta que el Estado, en este caso el Gobierno, tenga un cheque en blanco para hacer lo que quiera a la hora de poner en venta las empresas públicas. Quiere plantear, ni más ni menos, que el Consejo de Ministros sea el único competente para reordenar todas las propiedades del Estado y, al mismo tiempo, poder venderlas, en una práctica que viene siendo habitual en el actual Gobierno del Partido Popular --aunque quizá ustedes no hayan caído en ello--, y que no beneficia, precisamente, los intereses generales de este país, tal y como dice alguno de sus planteamientos a la hora de efectuar las privatizaciones.
El artículo 104 bis, que se pretende añadir, modifica la Ley de Bases del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964.
El artículo 103 dice que para enajenar participaciones del Estado superiores al 10 por ciento o para perder la mayoría en las empresas públicas era necesaria una ley y, por tanto, si hubiera estado en vigor la Ley del Patrimonio del Estado del año 1964, posiblemente todo el proceso de privatizaciones no se hubiera podido llevar a cabo.
A veces, cuando los señores Senadores y Diputados escuchan que hay poca transparencia en la política de privatizaciones, se les dice que éstas se han hecho de acuerdo con la ley y por el Consejo de Ministros y, efectivamente, las aprueba el Consejo de Ministros pero, realmente, es poco transparente toda la venta de los bienes públicos de esta nación cuando se hace exclusivamente por el Consejo de Ministros. No digo que no tengan ustedes mayoría para hacerlo, pero sí digo que es fundamental para la credibilidad de las actuaciones del país el que haya que discutir en el Parlamento cada vez que se tenga que plantear una privatización y que, por lo menos, si se van a vender las propiedades del país, tengamos ocasión de expresar nuestro criterio, lo que no ha ocurrido ni una sola vez desde que gobierna el Partido Popular. Esta situación merece una reflexión importante.
La Ley del Patrimonio del Estado es del año 1964, el texto articulado se aprobó por decreto de Gobierno, porque así lo autorizaba la ley del año 1962 --pero, como he dicho, con esta restricción importante a la hora de enajenar propiedades de todos-- y, posteriormente, en 1977, la Ley General Presupuestaria autorizaba ya a unas enajenaciones superiores al 10 por ciento, simplemente con el acuerdo del Consejo de Ministros. Pero hubo una ley que permitió la posibilidad de discutir esta cuestión, precisamente en la modificación de la Ley General Presupuestaria, y los propósitos que se tenían de enajenación pudieron ser debatidos pro los representantes de la soberanía popular.
Y posteriormente ha habido otras modificaciones. La última reordenación, en concreto, es la que hace referencia a la creación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y la Agencia Industrial del Estado que, prácticamente, viene a ser una cosa similar a la que ahora se quiere hacer, pero también los señores Senadores y los Diputados --y con ellos, naturalmente, los representantes de todos los ciudadanos del país-- pudieron saber lo que el Gobierno quería hacer y se discutió entre todos. Se creó la Agencia de Participaciones del Estado y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Esa fue la última reordenación, pero fue una reordenación que, como digo, se trajo al Parlamento a discusión y, naturalmente, todos pudieron expresar su opinión.
Desde que gobierna el Partido Popular no ha habido ninguna decisión que se haya traído al Parlamento para enajenar propiedades públicas. No la ha habido porque las políticas de privatizaciones que se han hecho, al amparo de todas las modificaciones legislativas que, como digo, se discutieron con anterioridad, paradójicamente, no se debatieron en el Parlamento. Se han privatizado bienes públicos por más de cinco billones de pesetas y el Parlamento no ha tenido ocasión de conocer si ésa era una situación apropiada o no y cuál era el sentido que quería dar el Gobierno a la política de privatización.
En 1996, el Gobierno simplemente tenía la posibilidad de reordenar todas las participaciones del Estado, de hacer una política, como dijo, de modernización del sector público estatal para intentar mejorar el funcionamiento de la economía y privatizar para mejorar determinados servicios y no lo hizo. El Gobierno aprobó todas las privatizaciones que tenía que hacer --la política de modernización del sector público español, así lo llamó-- nada menos que por un acuerdo del Consejo de Ministros. Y a partir de ahí ha habido una fiebre privatizadora, desconocida por supuesto en España, pero desconocida por supuesto también en cualquiera de los países desarrollados de todo el mundo, con excepción quizá, como ustedes saben, de Gran Bretaña, que en ese sentido también tuvo una política similar, con los resultados que todos ustedes conocen.
Les he dicho al principio que no estaban escuchando a una persona que se tiene que oponer a la política gubernamental, sino a una persona que está preocupada por el futuro de este país. ¿Qué ha ocurrido con la falta de transparencia? Repito que es una falta de transparencia cuando insisto en que no es que haya habido ninguna ocultación, es que no se les ha dejado opinar a los representantes de la soberanía popular, como nunca había ocurrido en la historia democrática de este país porque todos los proyectos sobre privatización, reordenación, etcétera, del sector público español siempre habían tenido un marco legal discutido en el Parlamento, se estuviera de acuerdo o no. Y en ese sentido insisto en la falta de transparencia.
¿Qué consecuencias ha tenido esa falta de transparencia? No vamos a juzgar ahora globalmente la política de privatizaciones, pero deberíamos hacerlo, y ése es un debate que debe quedar pendiente, aunque ahora tengamos que mencionar simplemente alguna cuestión. A este respecto, las políticas de privatizaciones se hacían fundamentalmente sin ningún interés financiero por parte del Gobierno, porque, ciertamente, no se hablaba de cubrir los déficit del Estado sino, sobre todo, de intentar mejorar el sector público español.
¿Y qué ha ocurrido realmente? No es un juicio que nosotros tengamos que hacer ahora en este foro. Simplemente basta con referirnos a la literatura que ya hay --y abundante-- para decir que la conclusión, muy clara, de todos los estudios que se han hecho durante los últimos años
--muy recientes-- es que el Gobierno ha aplicado una parte muy considerable del dinero de las privatizaciones a cubrir el déficit del Estado, lo cual, como ustedes saben, no está permitido. Y eso ha sido a tal extremo que las cifras de déficit del año 1997 y las cifras de déficit del año 1998 hubieran sido más del doble que las que presentó el Gobierno, si realmente no hubiera incorporado esos beneficios extraordinarios a cubrir el déficit del Estado, tal y como lo ha hecho en esa actuación.
¿Qué ha ocurrido además con la política de privatizaciones? En buena medida ha habido una política de privatizaciones precipitada, no desde el punto de vista de la oposición política, como les he dicho anteriormente, sino desde el punto de vista de modernizar y liberalizar la empresa pública para intentar que este país funcionara mejor, y ha sido así porque si contemplamos los sectores privatizados desde la óptica de la secuencia del Gobierno, que hablaba de regulación-privatización o de liberalización-privatización, nos daremos cuenta de que los propósitos muy loables del Gobierno no responden a la realidad. Se ha privatizado antes que se ha regulado el sector, y se ha ha abierto a la competencia.
(La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Por eso hemos oído muchas veces al Ministro de Economía volver a insistir, cada vez que subía la inflación, en un grado más necesario de liberalización; tal es el caso de los carburantes, cuestión respecto a la que habrán escuchado no solamente en esta Cámara, sino en la calle muchas veces, que uno de los problemas del precio de los carburantes es precisamente que el sector no estaba suficientemente abierto a la competencia, y lo pueden comprobar ustedes perfectamente.
Aparte de la subida de los precios que hemos sufrido consecuencia de la crisis del crudo, tenemos también una subida del más del 30 por ciento de los precios de los carburantes desde que teóricamente se liberaliza el sector. Y eso lo estamos pagando en inflación.
¿Qué ha ocurrido y sigue ocurriendo con las telecomunicaciones? Anteriormente escuchábamos una interpelación relativa a esta cuestión y a las dificultades de progresar que tenemos en España en Internet precisamente por la falta de liberalización. Porque el problema de la telefonía o de la privatización de Telefónica es que se privatizó aceleradamente mucho antes de que se produjera realmente el proceso de liberalización, que no se ha conseguido todavía, y que tendremos que tomar medidas nuevas para conseguir realmente liberalizar el sector. ¿Qué está ocurriendo? Que tenemos peores telecomunicaciones que nuestros competidores, que nuestras empresas pagan más por la factura telefónica y que tenemos muchas más dificultades para acceder a Internet. Esa es la realidad que vivimos todos los días, que estamos pagando más caro Internet, que tenemos más dificultades de comunicar y que, al mismo tiempo, todas las empresas juntas invirtieron menos que Telefónica en innovación el año anterior a su privatización. Esa es la realidad que estamos viviendo con el proceso de privatizaciones; por un lado, se ha cargado a déficit cuestiones que no correspondía cargar de acuerdo con la intención del Gobierno; por otro lado, hemos privatizado realmente antes de liberalizar sectores, y lo que está ocurriendo realmente, pienso yo, es que ha habido más un proceso ideológico en la política de privatizaciones que un proceso real de liberalización. ¿Qué hemos conseguido con eso? Con eso hemos conseguido fundamentalmente dos cosas por parte de quien ha tenido esa intención: Por un lado, que los gestores nombrados por el Gobierno se mantengan en la actual dirección de las grandes empresas privatizadas y todavía con un grado de monopolio muy importante en el sector que impide la normal competencia. Y, por otro lado, hemos logrado tener beneficiarios importantes que apoyan, probablemente, la política del Gobierno porque se han beneficiado privadamente también de la privatización. ¿Pero tenemos una correcta asignación de los recursos? Evidentemente no. Estoy diciendo que pagamos combustibles más caros; estoy diciendo que tenemos peor servicio de telecomunicaciones; estoy diciendo que tenemos un problema energético muy importante porque Repsol, Endesa, Telefónica y las grandes empresas privatizadas no tenían todavía regulado adecuadamente el sector con posibilidades reales de competencia y, por tanto, con mejoras para el consumidor y para los precios.
Esa es la situación real de la política de privatizaciones. Otras evidentemente habrán tenido un mejor tratamiento, naturalmente todas aquellas que no tenían por qué estar en el sector público porque eran sectores sometidos a la competencia y abiertos. Por tanto, el Estado no tenía ninguna necesidad de estar ahí y estaba bien que se tuvieran que privatizar.
Eso no es lo que ha ocurrido en la mayor parte de los sectores de empresas que tenían posiciones monopolistas en el sector. ¿Qué está ocurriendo? Peores servicios, más dificultades de competencia, más dificultades a la hora de controlar la inflación. Esa es la situación real de muchas empresas privatizadas. De ahí que me preocupe el futuro de la economía española, porque mientras hemos asumido poder en empresas privatizadas, mientras somos todavía amigos del poder tenemos mayor dificultad en someterlas a la competencia después. Y eso --insisto-- redunda en perjuicio de nuestra competitividad. Este problema se podría haber evitado perfectamente trayendo al parlamento la cuestión y haciendo un debate en profundidad de por dónde tenía que ir la privatización.
Por eso, ahora no estoy pidiendo nada sorprendente antes de que gobernara el Partido Popular. Estoy pidiendo que hagamos posible que las cuestiones que tienen que ver con la política de reordenación del sector público, con la política de privatizaciones...

La señora PRESIDENTA: Senador Lerma, le ruego que vaya concluyendo, por favor.

El señor LERMA BLASCO: Termino enseguida.
... con la política general que puede beneficiar el funcionamiento de la economía de este país, que puede beneficiar al consumidor y que puede beneficiar a las empresas para que sean más competitivas cada vez, se traigan al Parlamento a discusión y que se haga como se ha hecho tradicionalmente, sometiendo a la soberanía popular las decisiones, discutiendo en este Parlamento y no haciendo un nuevo Decreto-ley.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Lerma.
Turno en contra. ¿Algún Senador o algún Grupo quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Senador Vallines.

Intervencion del PP
El señor VALLINES DIAZ : Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, yo también voy a intentar ser breve como el señor Lerma y voy a ver si lo consigo como él no lo ha conseguido. En muchos debates parlamentarios se aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid, sabiendo que sus aguas van al Duero y que las aguas del Duero con las del Pisuerga sobrantes van al Atlántico, para discutir sobre la influencia de las mareas atlánticas en la producción de algas marinas y su cultivo. Este ha sido uno de los casos.
Empezaré por decir, señor Lerma, que si es ésta la única ocasión que usted ha tenido de debatir este asunto de las privatizaciones también es culpa suya y de su Grupo. Tienen ustedes muchas alternativas, muchos procedimientos para plantear a nuestro Grupo Parlamentario, al Ministro de Hacienda y al de Economía todas las cuestiones que quieran sobre privatización y, sin embargo, parece ser que no lo han hecho. Una de dos, o estaban satisfechos hasta ahora mismo o han hecho un flaco trabajo de oposición.
Ha hablado de fiebre privatizadora del Partido Popular. Yo tengo aquí unos datos que le voy a dar muy sucintamente. Desde 1985 a 1993 hubo un total de 69 operaciones de privatización, bien las que conllevaban la pérdida del control de la compañía, bien privatizaciones parciales. Desde 1994 a 1999 hubo 41. Hago la salvedad de que entre las 69 no incluimos al grupo Rumasa, que ya es no incluir hablando de opacidad o de falta de transparencia. De esas 69 sólo el 16 por ciento fueron hechas por el procedimiento de oferta pública de venta. El resto fue por venta directa.
Sin embargo, en el período 1994-1999 el 46 por ciento fueron hechas por el sistema de oferta pública de venta. Ya hay ahí una diferencia en la fiebre privatizadora, y hablando de fiebres no sé qué enfermo puede tenerla más alta, si el Gobierno socialista o el del Partido Popular.
El señor Lerma ha hablado también de literatura, y yo le aconsejo, como hizo mi compañero en el Congreso de los Diputados, la lectura de un trabajo que se titula «La privatización y sus motivaciones en España, de instrumento a política», de los autores Bel y Costas. Por cierto, el señor Bel es Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y me parece que no coincide con sus apreciaciones, más bien al contrario; coincide en la inconsistencia e incoherencia de su Grupo en el pasado y la coherencia y consistencia del nuestro.
Ha dicho algo que me ha llamado poderosamente la atención, y es que el Gobierno ha destinado la caja obtenida con las privatizaciones a reducir el déficit. Eso es absolutamente falso, primero porque no ha sido así y, segundo, porque está en contra de la normativa de la Unión Europea. La caja hecha con las privatizaciones se ha destinado a amortizar deuda del Estado anterior a la gestión del Partido Popular. Por otra parte, me ha sorprendido tremendamente que usted haya dicho que por culpa de las privatizaciones y el proceso de liberalización iniciado por el Gobierno del Partido Popular en nuestro país pagamos muy caras las tarifas de Telefónica, de las eléctricas, cuando es todo lo contrario; gracias a la gestión del Partido Popular todos los ciudadanos de España pagan mucho más baratas las tarifas telefónicas, las tarifas eléctricas, todo lo contrario de lo que usted ha dicho.
Por tanto, lo que su señoría ha expuesto aquí no tiene relación alguna con la finalidad del proyecto. No hay ni mayor opacidad en las gestiones de los procesos de privatización, ni se hurta para nada información esencial a las Cámaras. Se trata simplemente de una mera posibilidad de redistribución, puramente interna, de competencias de gestión, de una acción para dotar de mayor racionalidad al sector público empresarial, cuyo fin no puede ser la opacidad. Como dice el párrafo final de la exposición de motivos del proyecto, se pretende que un cambio de adscripción ejecutado en virtud de la presente norma no suponga alteración de los niveles de solvencia o seguridad de las relaciones jurídicas en las sociedades participadas, ni implica la entrada de un tercero ajeno al ámbito societario, sino que, por el contrario, solamente supone un cambio de órgano competente con mantenimiento de la titularidad estatal. Al Ministerio de Hacienda se adscribe la Dirección General de Patrimonio y la SEPI y decide si le conviene que una compañía corresponde a una o a otra, simplemente es pasar una empresa de una a otra. Y cuando esa empresa está en otro Ministerio, la propuesta al Consejo de Ministros, que es el que lo aprueba, tiene que ser conjunta. No veo que exista aquí la posibilidad de un ningún tipo de opacidad o similar.
Se trata de la creación de un nuevo artículo 104 bis, del texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado de 1964, con un apartado uno, que es lo esencial del proyecto, y es la posibilidad del cambio de adscripción. Y luego los apartados dos, tres, cuatro y cinco permiten que esa operación tenga una neutralidad frente a derechos sustantivos y tributarios de otras personas. Así se contabilizarán con el mismo importe con que estaban en un Departamento o en otro, estará exenta de cualquier tributo o gravamen, y presenta una fuerte reducción de los aranceles fedatarios públicos. Es decir, es una operación que se puede hacer vendiendo las participaciones, por ejemplo, de la Dirección General del Patrimonio a la SEPI o de ésta a aquélla, pero sin que cueste al erario público y sin que determinados derechos sustantivos de algunos accionistas minoritarios pudieran participar en un derecho de tanteo o de compra o procesos similares. Se trata de una reordenación que está inscrita exclusivamente en la política del Gobierno porque la liberalización de los sectores productivos, señor Lerma, para facilitar la participación de los agentes económicos en unos mercados más abiertos a la competencia, constituye efectivamente uno de los principales instrumentos de la política económica del Gobierno y, dentro de esa política de liberalización, la reestructuración del sector público empresarial ocupa un lugar muy importante.
Este proyecto de ley se inscribe precisamente en el objetivo general de racionalización y optimización del sector público empresarial, que comenzó en la legislatura pasada y que continuará con la reestructuración de las empresas que aún están en el sector público, con la mejora de los métodos de gestión, e introduciendo el estímulo de la competencia, y todo ello en favor --y sólo en favor-- del crecimiento económico y del empleo.
Lo demás, puro cuento.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Vallines.
Comienza el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Quintana.

El señor QUINTANA GONZALEZ: Señora Presidenta, señorías, la imposibilidad material de asistir a1a Comisión de Hacienda que trató el tema nos ha impedido defender en este Pleno la propuesta de veto y las enmiendas que teníamos presentados al proyecto de ley. Aun así, pretendemos dejar constancia, en este turno de portavoces, de la posición del Bloque Nacionalista Galego respecto a este proyecto de ley que se está considerando.
Desde nuestro punto de vista, es la propia Constitución la que establece cuáles son las finalidades que debe perseguir la intervención pública en la economía. Son, por lo tanto, funciones del sector público la asignación eficiente de recursos, la redistribución equitativa de la renta y de la riqueza, y contribuir, desde esa participación pública, a estabilizar los ciclos económicos. Para cumplir este cometido, resulta fundamental la red empresarial de titularidad estatal que, como patrimonio público de todos, asegura la regulación de sectores estratégicos de la economía.
Desde hace años asistimos a una política de desmantelamiento del sector público empresarial, un proceso de privatización que en estos instantes está prácticamente culminado. Y es ahora, justo en este momento político en el que casi todas las empresas públicas han sido privatizadas, cuando, a nuestro modo de entender, se pretende reducir aún más, a través de este proyecto, el papel del Estado en la economía, relegándolo a la ostentación de meras funciones de supervisión y de regulación en algunos sectores, pero sin capacidad real de intervención y de influencia decisiva en ellos y, desde luego, no en aras del interés general. No se trata en ningún caso de hablar de cursos de agua ni de recursos hídricos ni de aprovechar la ocasión para hablar de aquello en lo que no consiste el proyecto de ley, sino simplemente de dibujar el escenario político que se nos presenta en él. Porque estamos convencidos por completo de que sólo aquellos que consideran que la regulación de la economía debe guiarse sólo por los criterios y dinámicas del mercado pueden, por coherencia con ello, dar el siguiente paso de considerar totalmente superflua la intervención de la representación genuina de todos los ciudadanos en este control, y a eso es a lo que estamos asistiendo ahora con este proyecto de ley, último paso de toda una política que no se marca por criterios económicos, sino ideológicos.
Por si todo esto fuera poco, se pretende ahora eliminar el papel preponderante del Legislativo, evitando cualquier control sobre el Ejecutivo en esta materia. Tal y como ha sucedido durante el proceso de privatización de empresas públicas, con este proyecto de ley asistimos a una relegación de las Cortes Generales en la política de reestructuración de sectores económicos, otorgándoles sólo un papel secundario, limitado a conferir autorización.
Desde la perspectiva de la oposición, y utilizando los mecanismos parlamentarios a nuestro alcance, claro que podemos pedir cuentas al Gobierno sobre lo que consideremos oportuno, pero con la dinámica que se ha establecido y con lo que hoy se pretende santificar con la aprobación de este proyecto de ley lo que se impide es el debate en sí mismo sobre la conveniencia de las iniciativas que se toman.
Además de eso, y en un término que para nosotros también es muy importante, se soslayan solamente las competencias socioeconómicas de las Comunidades Autónomas al negarles la oportunidad de contribuir a la planificación general de la economía que la Constitución les atribuye, puesto que en el proyecto no se les concede ninguna posibilidad de participación en el proceso de transferencia de participaciones accionariales a la SEPI, optando por una gestión de la política económica totalmente centralizada --y no en el sentido socialista, sino en el sentido territorial--, lo que entra en conflicto con el esquema institucional de la Constitución, fundamentada en la división de poderes y en la descentralización territorial.
Desde el Bloque Nacionalista Galego consideramos que esta posición centralista pudo ser corregida durante la tramitación parlamentaria del proyecto favoreciendo un papel más activo de las Comunidades Autónomas en el proceso de privatizaciones con el fin de que puedan defender sus intereses socioeconómicos en el marco de la reordenación de los grupos societarios públicos, sobre todo cuando estas empresas estén estrechamente vinculadas a sus territorios o tengan una fuerte implantación en el mismo.
En definitiva, señorías, el núcleo de este proyecto, desde nuestro punto de vista, consiste en conceder al Consejo de Ministros poderes adicionales en la gestión de la política económica, despreciando el papel institucional de determinación de la planificación general que les corresponde a las Comunidades Autónomas y a las Cortes Generales en lo relativo a decisiones de importancia y de significación económica capital.
Por estos argumentos manifestamos nuestro voto negativo a este proyecto de ley.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra la Senadora Morales.

La señora MORALES RODRIGUEZ: Buenas tardes, Presidenta.
Señorías, intervendré brevemente simplemente para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Desde nuestro Grupo entendemos que la modificación que plantea este proyecto de ley a la Ley del Patrimonio del Estado va a permitir agilizar y flexibilizar la gestión desde el ámbito del sector público estatal, permitiendo el traslado de las participaciones accionariales detentadas en sus distintos centros o departamentos ministeriales desde la Administración General del Estado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales o en sentido inverso, así como desde otros organismos públicos adscritos a otros departamentos ministeriales a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Con esta Ley lo que se pretende --y con ello estamos de acuerdo-- es establecer un procedimiento rápido que permita adoptar decisiones de reubicación de las participaciones societarias en función de criterios de organización y racionalización de los recursos existentes. En este sentido, nos parece positivo que se rentabilice la experiencia de conocimientos y dotación de medios humanos y técnicos de que dispone la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para la implantación de criterios de gestión empresarial en sociedades que producen bienes y servicios en el mercado de cara a la modernización, eficiencia y mejora de la competencia del sector público empresarial.
En definitiva, entendemos, y por eso vamos a votar a favor, que esta ley lo único que pretende es dotar de una mayor racionalidad a la adscripción de las empresas en el sector público en función de sus características y necesidades.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Morales.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Aleu.

El señor ALEU I JORNET: Gracias, señora Presidenta.
Prácticamente ya está todo dicho. Sabemos perfectamente de qué trata el proyecto de ley que estamos debatiendo. Alguien lo verá como un intento de racionalización, pero nosotros continuamos viéndolo, después de todo lo que se ha expresado, como un intento de ganar opacidad y, por lo tanto, estaremos a favor del veto y en contra del proyecto de ley.
Sólo quiero añadir una cosa y es el tema relativo a la urgencia.
Modificar un decreto de 1964 por urgencia a estas alturas resulta un poco ridículo; no parece muy explicable.
También voy a hacer una sola consideración, señor Vallines. Normalmente usted es más riguroso de lo que ha sido hoy, porque ha leído unas cifras que no tienen valor: el número de empresas privatizadas. Usted debería haber leído el valor de las empresas privatizadas, y entonces podríamos haber hablado con seriedad.
Nada más. No voy a continuar hablando en este debate. Pero, insisto, normalmente usted actúa con más rigor que hoy. Se ha limitado a leer un artículo, y eso no vale.
Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aleu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Beguer.

El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señora Presidenta.
Este proyecto de ley de modificación de la Ley de Patrimonio del Estado, a nuestro entender y pensamos que al de la mayoría de la Cámara, es una consecuencia lógica de la unificación en el Ministerio de Hacienda de las empresas de la SEPI enmarcadas antes en el Ministerio de Industria y Energía y de las empresas públicas que pertenecían a la Dirección General de Patrimonio dentro del Ministerio de Hacienda; en la actualidad, todas se hallan enmarcadas en el Ministerio de Hacienda.
Por tanto, este proyecto de ley no puede extrañar a nadie si nos regimos por los principios de eficiencia y economía, por una parte, porque todos, el Estado, el Gobierno tenemos la obligación de gestionar estas empresas del mejor modo y administrarlas con eficacia y, por otra, porque si se ha de proceder en algún momento a su reestructuración o privatización, a consecuencia de este proyecto de ley se realizará de un modo más ágil.
En cualquier caso, se trata de la incorporación de estas participaciones accionariales de titularidad de la Administración General del Estado o de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en un sentido u otro y, por tanto, es lógico que se puedan llevar a cabo unas operaciones que principalmente podemos calificar de reordenación interna y que a la vez en el proyecto de ley se prevean las correspondientes desgravaciones fiscales y de reducción de pagos de fedatarios públicos del Registro Mercantil, del Registro de la Propiedad, etcétera.
En cambio, a nuestro juicio, los planteamientos de las propuestas de veto van más allá; formulan un debate que entendemos ajeno a este proyecto de ley y, en consecuencia, no van a obtener nuestro apoyo porque en todo caso sería un debate de forma que habría que llevar a cabo en su momento, quizás con anterioridad, pero no en el día de hoy. Lo que se plantea en el día de hoy es mucho más sencillo, simplemente la redistribución dentro del Estado de las participaciones de las empresas de titularidad estatal.
Por tanto, nuestro Grupo va a votar en contra de la propuesta de veto y, en su momento, lo hará en favor del proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir en primer lugar para decir que no puedo entender que un artículo 104 bis, después de unos artículos 103 y 104 que hablan de la política de privatizaciones, no tenga nada que ver con éstas. Parece poco razonable ese planteamiento.
En cualquier caso, quiero decir que he procurado intervenir en este debate con seriedad, probablemente con excesiva vehemencia, y pensando fundamentalmente en lo que decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en el mejor funcionamiento de la economía, en la competitividad de España y en la generación de empleo, y no en hacer una oposición ideológica a la privatización. Una posición ideológica es pensar que las empresas, por estar en el sector público o privado, funcionan mejor. La mía no es así. En eso soy más accidentalista, si se me permite que lo diga.
Pero como el portavoz del Grupo Popular, con una cierta osadía --osadía que también le reconozco al señor Martínez-Pujalte, obviamente--, ha citado a don Germá Bel y a don Antón Costas para avalar su posición, voy a leer lo que dice Germá en el mencionado artículo para avalar la política del Partido Popular. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Dice así: Podemos deducir la existencia de una mayor carga ideológica en la política de privatización de la tercera etapa... --se refiere a la del Partido Popular-- ... en la medida en que la evidencia empírica no revela la evidencia de la superioridad sistemática de la gestión privada en empresas de gran dimensión que operan en sectores poco sujetos a la competencia. También dice: Los responsables del PP situaron siempre en segundo plano el aspecto financiero de la privatización. Sin embargo, el estudio Vergés 1998, que analiza con detalle las cifras de aplicación de ingresos por privatizaciones a la reducción de déficit, estima que en 1997 el déficit público estatal se redujo aproximadamente a la mitad de la cifra que aparecería de no existir los ingresos procedentes de las operaciones de privatización, y en 1998 la reducción habría sido proporcionalmente mayor. Asimismo indica: Los ritmos temporales de la privatización de las operadoras dominantes en sectores de red también muestran inconsistencia con la idea de secuencia: reestructuración, liberalización y privatización, avanzada por el Gobierno en 1996. Tales casos son los citados de Telefónica o Endesa, en los que no se había liberalizado el sector antes de la privatización. Y el Gobierno evidentemente no justifica la mejora de la asignación de recursos.
Estas son las tesis --muy recortadas, como es lógico-- que refiere en su artículo don Germá Bel, quien, como he dicho, ha sido aludido para avalar su posición. Y como sus señorías han citado a un socialista, yo voy a citar a un «popular» amigo de todos ustedes, y mío también, para avalar la mía. El señor Gamir, Presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones, al hablar del marco jurídico de las privatizaciones, y en la página 373, dice así: En las legislaturas anteriores a 1996 no se habría producido un planteamiento directo y global de las privatizaciones. Parecía necesaria una ley general reguladora... --que es precisamente lo que yo he pedido, como ustedes recordarán-- ... o bien unas normas de base sobre el proceso privatizador que aclarasen sus objetivos e incrementasen las garantías formales y materiales del proceso privatizador.
Y yo añado: Y el Gobierno se equivocó, por lo menos democráticamente; optó porque fuera una decisión del Consejo de Ministros todo el proceso de privatización de más de cinco billones de pesetas del patrimonio público de todos los españoles. Nada más y nada menos; así de transparente, y con ese aval del Partido Popular, que ya he dicho que en la séptima edición de la política económica de España relata en el capítulo correspondiente a las privatizaciones.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Vallines.

El señor VALLINES DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a hacer unos breves comentarios, empezando por la intervención del señor Quintana. Señoría, efectivamente, usted no pudo defender su veto y las tres enmiendas de modificación. Y como prácticamente ha repetido ahora lo que se contiene en la motivación de sus enmiendas, le diré que lo que se sugiere es un modelo de planificación económica que desde luego no se compadece con el que nosotros podemos aplicar y en el que creemos, y mucho menos con el que debe corresponderse con una economía moderna en un contexto de competitividad, como en el que estamos inscritos en la Unión Europea. Yo creo que el suyo obedece a modelos ya periclitados.
Asimismo, aprovechando lo de las aguas del Pisuerga, desde una perspectiva autonómica, es decir, desde el punto de vista de Galicia, pide para usted para las Comunidades Autónomas una intervención en un asunto menor, y que, por otra parte, no afecta en absoluto --al menos desde el punto de vista de las competencias de las Autonomías, no desde el de éstas en sí mismas-- a lo que prevé el artículo 131 de la Constitución en lo relativo a la planificación económica y la participación de las Comunidades Autónomas, que en el apartado 2 del citado artículo atribuye a éstas.
Pero permítame decirle una cosa: yo creo que a la Administración central del Estado se le debe reconocer la misma capacidad y autonomía para disponer o actuar en su propio patrimonio que la que se le debe reconocer también a las Comunidades Autónomas en uso del suyo propio. Es decir, no quiera la Comunidad Autónoma, institución, participar en disposiciones sobre el patrimonio dependiente de la Administración central del Estado, ni tampoco al revés, seguro que no lo quiere.
Agradezco a la señora Morales, de Coalición Canaria, su postura en contra del veto.
Señor Aleu, la verdad es que pretendo ser riguroso; lo he sido y quiero seguirlo siendo. No me he equivocado en las cifras; no las he dicho todas, naturalmente, aunque podría haber dicho muchas más. Pero fíjese que he dejado aparte Rumasa, y fíjese también que lo que he querido destacar es el procedimiento y no las cuantías. Y en lo que al procedimiento se refiere --hablando de opacidad o de transparencia--, es indudable que una oferta pública de venta es algo mucho más abierto, da más cantidad de oportunidades que una venta directa. Eso es lo que he querido destacar y no otro tipo de cosas.
En cuanto a la urgencia, le diré que en el Congreso de los Diputados esto fue tramitado como proyecto de ley en lectura única, cosa que sí permite la simplicidad y el propio contenido de este proyecto de ley, pero aquí ha sido tratado por el procedimiento de urgencia no sé por qué. De todas formas, ha habido más oportunidad de debate que con el sistema de lectura única.
Agradezco al señor Beguer su posición.
Señor Lerma, me cita al señor Gamir relacionándolo con que yo cité al señor Bel y al señor Costas. Usted también los ha citado y ha leído lo de la tercera etapa. Pues yo le voy a leer lo de la primera. Abarca el período 1985-1991; luego hay una segunda etapa que abarca el período 1991-1993, que es el núcleo duro de las privatizaciones. Dice así: Las motivaciones para privatizar fueron básicamente de carácter financiero, reducir gastos públicos y financiar política de expansión empresarial.
Entonces sí que se podía reducir o financiar el déficit con la privatización, con la caja hecha, pero en nuestra época no. En nuestra época cuadran las cuentas. Se dice que el déficit va a ser una cifra en concreto, y así ocurre. A ustedes, a pesar de contar con esa financiación extra de las privatizaciones, no sólo no les cuadraba en absoluto ninguna cifra de déficit, sino que todo se les iba por encima y se gastaban lo que tenían y lo que no tenían, lo que generaban mediante las privatizaciones, y que ahora estamos pagando entre todos con la política de austeridad que el actual Gobierno está llevando a cabo.
Por tanto, ¿cómo los que han votado en contra, es decir, los señores del Grupo de Entesa, del Grupo Socialista y del Grupo Mixto, pueden negar que una persona, en este caso una persona jurídica, que es la Administración central del Estado, pueda vender unas participaciones? ¿Cómo le pueden negar el derecho a cambiar su titularidad de un departamento a otro? No puedo entenderlo. Puedo entender su crítica a las privatizaciones, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; puedo debatir con usted lo que quiera en ese sentido, pero lo que no puedo comprender es que, en plena coherencia elemental, nieguen ustedes que quien tiene capacidad para vender una participación no pueda cambiarla de destino en uno u otro de sus departamentos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Vallines. (El señor Lerma Blasco pide la palabra en función del artículo 87 del Reglamento.) Senador Lerma, puede hacer uso de la palabra por un minuto.

El señor LERMA BLASCO: Quiero decir exclusivamente que no negamos el derecho del Estado a reordenar ninguna participación estatal. Lo que queremos saber es cuáles quiere reordenar y para qué. Ahí está el sentido de las enmiendas que hemos presentado. Que se nos diga para qué se quieren reordenar y podremos discutir si nos parece bien o no la finalidad, es decir, si se cumplen los fines. Y a continuación, si nos parece bien, votaremos a favor. El derecho no se lo negamos. Lo único que queremos es que nos diga para qué se quiere hacer y que se sea transparente. Y nada más.
Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Lerma.
Finalizado el debate del veto vamos a llamar a votación. (Pausa.
--La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a votar la propuesta de veto. Como saben, para la aprobación del veto se requiere mayoría absoluta.
En primer lugar, corresponde votar el voto particular número 1 de los grupos parlamentarios Socialista y de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 175; a favor, 52; en contra, 123.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto número 2, correspondiente a los votos particulares del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El voto particular número 1, correspondiente a las enmiendas números 4 y 5 del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, se da por defendido. Por lo tanto, supongo que no hay turnos ni a favor ni en contra ni de portavoces.
Votamos, entonces, las enmiendas números 4 y 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 175; a favor, 52; en contra, 123.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas por tanto las enmiendas números 4 y 5, que correspondían al voto particular número 1.
Ahora vamos a votar el artículo único, la disposición final y la exposición de motivos, según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 175; a favor, 123; en contra, 52.

La señora PRESIDENTA: Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.
Señorías, quiero recordarles que el próximo día 8, a las once de la mañana, habrá una sesión conjunta con motivo del viaje del nuevo Jefe del Estado de Luxemburgo, y que la reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión de Medio Ambiente, prevista para el jueves 26, a las diez, se celebrará hoy al finalizar este pleno en la sala 20.001 B.
Se levanta la sesión.

Eran las diecisiete horas y quince minutos.