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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2001 VII Legislatura
Núm. 69
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles,
12 de diciembre de 2001
De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 41, de fecha 10 de diciembre de 2001) (Número de expediente S.
621/000041) (Número de expediente C. D. 121/000050).
 

El señor LERMA BLASCO: 
En primer lugar, debo agradecer la presencia, a estas horas de la mañana, de todos los señores Senadores, empezando por la señora Presidenta, para debatir un proyecto tan poco importante como el que ahora tenemos entre manos, y agradecer también la ausencia del señor Ministro de Hacienda, porque tenemos que debatir cuestiones de escasa relevancia en esta ocasión.
Las enmiendas que hemos presentado reflejan con bastante claridad la actuación real del Gobierno actual y del Ministerio de Hacienda en particular. Ayer tuvimos ocasión de escuchar por boca del señor Ministro que, en realidad, no nos gustaba el tratamiento de las plusvalías y que siguiéramos por esta vía, porque nos había ido muy bien. En ausencia del Ministro y de la mayoría de los miembros del Senado, seguramente carece de importancia insistir en esta cuestión.
En cualquier caso, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y el texto del propio Gobierno tienen, en primer lugar, una característica bastante clara. En todo lo que son temas sociales, desde el punto de vista hacendístico, su actuación muestra un profundo carácter reaccionario. Como normalmente no se analiza el contenido real de las enmiendas, quizá no se sea consciente, pero voy a citar dos para que sepamos exactamente a qué nos referimos.
Por ejemplo, la enmienda número 309, al artículo 1, pretende garantizar la igualdad de los derechos tributarios para las personas que mantengan una relación de convivencia, que el Grupo Parlamentario Popular niega en su actual formulación. Luego les escucharemos hablar de las parejas de hecho, de los registros, etcétera: Lo cierto es que, hoy por hoy, esas personas no tienen garantizado un tratamiento fiscal similar al de aquellas cuya situación legal es diferente.
El Grupo Parlamentario Popular va a exigir intereses de demora a los casados y no separados que no reúnan unos requisitos determinados y se hayan equivocado en la declaración.


A este respecto, la enmienda número 311 justifica la conveniencia de no exigir el interés de demora para ayudar a que las personas puedan rehacer su vida después de unos años de convivencia. Con estos planteamientos se aprecia cómo el Grupo Parlamentario Popular premia fundamentalmente a las personas más necesitadas; naturalmente en perjuicio de las grandes empresas, tal y como nos venía a decir el Ministro.
La enmienda número 312, que ya hemos presentado en otras muchas ocasiones, viene a decir que los asalariados residentes en el Principado de Andorra que han ido allí a trabajar y no a defraudar tengan un tratamiento similar al que disfrutan los demás asalariados de todos los países europeos; es decir, excluir de tributación a aquellos ciudadanos españoles que realmente emigran por motivos laborales y no con finalidad de evasión fiscal.
Estas son algunas de las enmiendas que ponen de manifiesto el acento progresista y reformador del Grupo Parlamentario Popular que sustenta al Gobierno.
Voy a defender algunas otras enmiendas, ahora que estamos casi en familia. A mí, personalmente, me gustaría que estuviesen presentes los miembros del Grupo Parlamentario Popular para escuchar lo que hace su Gobierno, porque estoy convencido de que realmente no lo saben, por lo que yo voy a intentar describirlo, muy rápidamente, presuponiendo siempre la buena fe cuando digo que no lo saben, porque quizá pretenden apoyar lo que les dice el Gobierno que están haciendo.
¿Cuál es el tratamiento fiscal que ha dado el Gobierno actual a las plusvalías? El Ministro de Hacienda, reiteradamente, ha explicado en sus comparecencias, sobre todo en los foros empresariales --en otros lugares no--, que el tratamiento que está dando el Gobierno a las plusvalías, en particular las medidas fiscales que el Gobierno mantiene habitualmente son de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Ahora bien, el tratamiento fiscal que el Gobierno ha dado a las plusvalías, especialmente a las reinvertidas, es el siguiente. Como ustedes saben, las plusvalías cotizaban normalmente en el Impuesto sobre Sociedades al 35 por ciento, y ahora el señor Ministro nos ha explicado que el apoyo fiscal a la pequeña y mediana empresa se basa fundamentalmente en desgravar la reinversión de esas plusvalías 17 puntos, es decir, al 18 por ciento, y que con ello damos un apoyo fundamental a la pequeña y mediana empresa. Nos recomendó incluso que siguiéramos diciéndole a la gente que el Partido Popular y el Gobierno apoyaban a sus amigos porque eso les había ido bien.
Podría explicar algo al señor Ministro, pero como estoy seguro de que lo sabe perfectamente, voy a limitarme a explicar a los señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular cómo apoyan a la pequeña y mediana empresa.
Según el señor Ministro, este año se generarán alrededor de 700.000 millones de pesetas de plusvalías en las empresas y, el año que viene, alrededor de 850.000 millones de pesetas. De esas plusvalías que normalmente iban a cotizar al 35 por ciento, ahora cotizarán, cuando se apruebe este acuerdo, al 18 por ciento. ¿De quiénes eran esas plusvalías? Eran fundamentalmente de las siguientes empresas: Repsol YPF iba a obtener unas plusvalías de 297 millones de euros por la reducción de su participación en CLH. CEPSA también iba a contabilizar 80 millones de euros por plusvalías por la reducción de su participación. Telefónica también tenía acumulados unos «milloncetes» de plusvalías, por ejemplo, de los 2.899 millones de euros de la colocación en Bolsa de Telefónica Móviles. BBVA tuvo alrededor de 1.800 millones de euros de plusvalías. Y sobre todo grandes beneficiarias --aparte de la venta de Vodafone, con la que ya tuve ocasión de explicar en la Comisión que puede hacer que se ahorren unos 60.000 millones de pesetas en plusvalías por la nueva cotización--, entre las que tenemos a las empresas eléctricas, que tienen algunos cuantos ahorros de cientos, de miles de millones de pesetas en plusvalías latentes. Es decir, se da un apoyo fundamental a la pequeña y mediana empresa, como puede verse con este tratamiento fiscal de las plusvalías del Partido Popular que, por cierto, también apoya habitualmente Convergència i Unió con sus enmiendas, como hemos podido oír de su portavoz. Estoy convencido de que todos los contribuyentes estaremos contentos porque el apoyo a la pequeña y mediana empresa, y sobre todo al ahorro a medio y largo plazo que el señor Montoro dice habitualmente que hace, se ve con toda claridad.
¿Y qué más? Pues no hemos podido presentar enmiendas a lo que nos parece un elemento clave de esta ley de Medidas fiscales porque ustedes han presentado la enmienda fundamental teóricamente para financiar la sanidad de un nuevo impuesto que, como todo el mundo sabe, si nos atenemos al tratamiento fiscal que las plusvalías han dado y al ahorro que a las grandes empresas especialmente les puede suponer ese nuevo tratamiento fiscal, tendríamos, con las plusvalías latentes a las que se refiere el señor Ministro, aproximadamente entre 250.000 y 300.000 millones más de recaudación por el regalo del nuevo tratamiento fiscal de las plusvalías.
Si nos atenemos a las previsiones del Ministerio de Hacienda, vemos que el nuevo impuesto nos viene a suponer unos 135.000 ó 136.000 millones de pesetas de recaudación. Es decir, que el magnífico tratamiento fiscal de la reinversión de las plusvalías, que según el señor Ministro sirve para apoyar sobre todo a la pequeña y mediana empresa, supone más del doble que los ingresos que vamos a obtener por el nuevo impuesto sobre hidrocarburos. Además, como saben o deben saber perfectamente todos los ciudadanos --al menos sus señorías--, es mucho más fácil subir el impuesto sobre hidrocarburos y recaudarlo, porque ese impuesto se devenga en origen, que poner un impuesto a la venta minorista de hidrocarburos, que tiene que recaudar cada gasolinera o cada punto de venta en concreto.
Como es lógico, no hemos acudido a lo fácil; hemos acudido a lo complejo, a lo que nos cuesta más la recaudación, pero eso sí, hemos dejado muy claro --y ésa es la intención, que no lo es la de recaudar-- que la culpa de la subida de impuestos que establece este Gobierno gracias a que desgrava las plusvalías, sobre todo de las grandes empresas, la tienen las Autonomías. Eso sí está clarísimo para los ciudadanos: hay que subir las gasolinas porque las Autonomías tienen una voracidad vertiginosa a la hora de recaudar impuestos. Y, además, se hace para un buen fin, cual es el de pagar la sanidad. Una

absoluta falsedad. Como hemos podido ver, el Gobierno ha trasladado la carga fiscal del nuevo tratamiento de la reinversión de plusvalías a todos los ciudadanos, como está haciendo de manera habitual con todos los impuestos.
Por regla general, discutimos con el Gobierno --y ayer lo hicimos con el señor Ministro, al que repito que me gustaría tener hoy aquí-- si incrementa o no la presión fiscal. El imaginario popular, como es obvio, es que el Partido Popular disminuye los impuestos. Me estoy refiriendo al imaginario popular del PP, como es natural, y no al de los ciudadanos.
Sin embargo, es evidente que eso no es verdad. Pero da igual. No voy a discutir esa situación. Supongamos que el Partido Popular no sube los impuestos. ¡Ah! No los sube, pero los reparte, como acabamos de ver, de una manera diferente. Con toda claridad, carga a todos los contribuyentes que son consumidores de productos petrolíferos el dinero que les desgrava a las grandes empresas, como acabo de manifestar. Pues puede ser que no suba los impuestos de forma global. Como saben ustedes, dicen lo contrario la OCDE y todas las estadísticas de la Comisión. Pero da igual.
Vamos a suponer que no suben los impuestos, pero ¿a quién se los hace pagar? ¿Sobre quién recae la carga fiscal principalmente? Pues ahora acabamos de ver que los contribuyentes consumidores de gasolina son los que van a pagar la mayor parte de las desgravaciones fiscales a las plusvalías. Y como ésta, todas las actuaciones del Gobierno que, como he dicho, es capaz de discutir que se cobren intereses de demora a las personas que se han separado y no han hecho bien la declaración; o es capaz de cobrar a las personas que están en Andorra trabajando porque no han tenido ocasión de hacer una cosa diferente y no han querido defraudar; o es capaz de cobrar a personas que incluso tienen dificultades evidentes para su incorporación al trabajo. Eso sí lo llevará con rigor. En eso sí que no nos hará caso en las enmiendas pero, entre tanto, en todo lo demás, una generosidad espléndida, trasladando los impuestos de un sector de la sociedad a otro. Porque el tratamiento fiscal de las plusvalías pasa por otras muchas medidas. Además, ustedes saben perfectamente que se han rebajado los requisitos exigidos para la consolidación fiscal: del 90 por ciento de participación de la empresa matriz se ha pasado al 75 por ciento, lo que, como es evidente, también forma parte del apoyo fiscal a la pequeña y mediana empresa del actual Gobierno.
Como es natural, tenemos muchas medidas como éstas en las que no voy a entrar más porque parece mentira que el Gobierno se atreva a decir que apoya a la pequeña y mediana empresa con una ley fiscal o con un tratamiento fiscal como éste.
Finalmente, considero que ésta es una cuestión grave e importante que hace equívoca la situación actual; que en esta situación hay que adoptar un tipo de medidas diferentes; que nosotros no estamos por incrementar la presión fiscal, y menos en un momento en que comienza a caer el crecimiento de una manera evidente para todos los ciudadanos y para todas las empresas. Para todos menos para el Gobierno, que ha tardado seis meses en reaccionar ante una situación que conocía con bastante claridad porque sabía muy bien que no estábamos refiriéndonos a los atentados del 11 de septiembre cuando hablábamos de la recesión en los Estados Unidos y en otros países del mundo, y que esa recesión tenía que llegar aquí.
De manera que no sólo equivoca las actuaciones a la hora de subir los impuestos en una etapa en la que debería rebajarlos, como es natural, sino que se equivoca. Pero en este caso no sólo eso, sino que manifiesta quién es claramente al pasar la carga fiscal de unos colectivos a otros, y normalmente, como han podido ver ustedes, de los colectivos que tienen menor poder adquisitivo a aquellos que tienen un poder adquisitivo mayor, a los que favorece de manera indudable, como se pone de manifiesto en el tratamiento fiscal de las plusvalías que el Gobierno nos ha presentado en esta situación. Y después insisten, naturalmente, en que nosotros somos los responsables directos de muchas de las atrocidades que ocurren en la economía, y en particular de no tener claridad en nuestras exposiciones y de que la gente no sepa a qué atenerse para vencer la incertidumbre porque nosotros no tenemos una posición global.
Pues eso, obviamente, también es muy fácil de rebatir, pero, en cualquier caso, menos estabilidad que pone el Gobierno a sus actuaciones no se la he visto yo poner a nadie, con lo cual, puede decirse que mayor incertidumbre que genera este Gobierno tampoco la ha generado nadie. De un año a otro cambian las medidas habitualmente. Todavía no sabemos el resultado que ha dado una determinada medida sobre la pequeña y mediana empresa, y resulta que deja de estar en vigor al año siguiente. Y tenemos ejemplos concretísimos de ello en estos presupuestos. Y naturalmente
--esto me gusta repetirlo porque es bastante evidente--, quien más incertidumbre genera en la situación económica actual es el Gobierno porque con él no se sabe el marco de estabilidad en que se va a mover de año a año, porque con él no sabemos con claridad qué ley es la que vale, si la que aplica el Ministro de Economía para decir que es ilegal que haya paraísos fiscales en Madrid o la que aplica el Gobernador del Banco de España para decir que eso mismo es legal. Eso genera incertidumbre. Y genera mucha más incertidumbre que cualquier posición que el Partido Socialista pueda tener a favor del tratamiento de las plusvalías el que la gente vea con toda claridad que la Comisión Nacional del Mercado de Valores que tenemos, la encargada de velar por el buen comportamiento bolsístico, es exactamente lo que todos hemos podido ver que es, y además con una persona que lo que hace es recomendar sus intereses específicos y que por eso mismo dice: a éste hay que defenderle porque se ha portado bien.
Y genera también incertidumbre que no se sepa realmente cuál va ser la actuación de la Agencia Tributaria, y es que, como es bien sabido, ha tenido actuaciones brillantes a la hora de investigar a contribuyentes particulares especialmente, y en cambio, cuando ha habido denuncias específicas en los propios expedientes de Gescartera por irregularidades claramente visibles, resulta que no las ha podido investigar por falta de personal. Y además, la Agencia Tributaria, como ustedes pueden ver en estas enmiendas, no es capaz de saber qué tiene que hacer con su personal. Les pondré un ejemplo. Tenemos un cuerpo de gestión que

ha prestado servicios positivos a la Administración pública española; pues resulta que el Gobierno lleva no sé cuánto tiempo intentando reformar ese cuerpo y no sabe qué hacer con él. Y tenemos una gente que pertenece a ese cuerpo de gestión con una retribución que es menor que la mitad que la de los altos cargos de la Administración tributaria que hacen casi la misma función.

La señora PRESIDENTA: Senador Lerma, le ruego vaya concluyendo, por favor. Aún le queda un turno de portavoces.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Termino inmediatamente.
Para terminar, señorías, quiero decir que la incertidumbre se genera cuando no sabemos cuál va a ser la actuación del Gobierno, y sus últimas actuaciones nos sirven como ejemplos para demostrar de forma clara y evidente que no son las adecuadas.
Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Lerma.

 

 

 

 

 

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Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (621/000004

LERMA BLASCO , JOAN (GPS)
   Senador designado por Comunidad Valenciana
   (Alta el 05-ABR-2000)
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (621/000004) :
Fecha de presentación en el Registro de la Cámara: 22-NOV-2000

   Fase de la intervención: Aprobación
   S, Pleno, núm: 0026 de 12-DIC-2000, pags: 1281,1287

 

 
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Tiene la palabra el Senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para defender conjuntamente todas las enmiendas relativas a los artículos 1 a 21.
Esta Ley se presenta, fundamentalmente, para intentar dar coherencia a lo que significa la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para hablar de coherencia tendríamos que ver cómo entró esta Ley en el Congreso de la mano del Gobierno. Esta Ley entró en el Congreso con 59 artículos, 22 disposiciones adicionales y cinco transitorias. Salió esta Ley del Congreso con 69 artículos, 22 disposiciones adicionales y cinco transitorias. Se trata, evidentemente, de una demostración de que la coherencia política del Gobierno quedaba bastante palpable en lo que hacía referencia a la presentación del Presupuesto.
Pero no acabó ahí la cuestión. Esta ley, al entrar en el Senado, con diez artículos más de lo que había mandado el Gobierno, como he dicho, recibió, además, un número considerable de enmiendas.
Si esta ley modificaba ya unas 38 --me parece recordar--, siete reales decretos-leyes, dos reales decretos y un decreto, cuando entró en el Senado sufrió una nueva e importante modificación. Setenta enmiendas presentó el Grupo Parlamentario que sustenta al Gobierno, que tenía claramente expuesta la coherencia del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y como consecuencia de esta ley de acompañamiento posterior. Evidentemente, es una coherencia muy grande el que se modifiquen de nuevo 27 leyes sin haber entrado en vigor las 38 modificadas anteriormente.
En cualquier caso, aquí estamos con este proyecto de ley al que hemos presentado una serie de enmiendas por aquello de intentar mejorar algunas de las situaciones que plantea el Gobierno en ese proyecto coherente
--tal y como se dice siempre en la presentación que hace en este caso el nuevo Ministro de Hacienda--, enmiendas que hacen referencia fundamentalmente a que tanto las ayudas a la promoción o rehabilitación de vivienda, como las que se reciben como consecuencia de catástrofes naturales, no puedan ser desvirtuadas por estar sometidas a gravamen de IRPF. Es evidente que si por un lado les damos la ayuda y por otro las sometemos a gravamen, la ayuda claramente es menor. Y hay ayudas que están referidas también a paliar el deterioro de las rentas de los que se ven afectados por las prejubilaciones que casi nunca lo son por propia voluntad del interesado, como saben ustedes perfectamente. Ayudas que se refieren a eximir de la obligación de declarar a los pensionistas con ingresos inferiores a tres millones y medio de pesetas aunque vengan de diferentes fuentes siempre que no excedan de esa cantidad. Y es que nuestras enmiendas también tratan de evitar la injusticia que se produce por las diferentes tributaciones en el Impuesto sobre Sociedades.
Tratamos también con ellas que pueda deducirse parte del Impuesto sobre Actividades Económicas del Impuesto sobre Sociedades. Tratamos en ellas de estimular las energías alternativas, así como de establecer la tributación adecuada de los no residentes. Queremos que se aplique el tipo superreducido de IVA a todas las viviendas de protección oficial, sean declaradas por el organismo que sea, así como que se aplique a todas las obras de rehabilitación de viviendas, es decir, también a la carpintería y no solamente a aquellas que tocan ladrillos en la rehabilitación.
Asimismo, pretendemos dar un tratamiento más adecuado en el IVA a las empresas municipales que realizan un servicio público. Tratamos de potenciar la innovación en las empresas, fundamentalmente en las PYMEs, así como de potenciar las energías alternativas, como ya he dicho.
Queremos también apoyar con ellas la posibilidad de compra de vehículos para discapacitados con unas condiciones mejores que las actuales.
Queremos evitar incrementos excesivos e injustificados de la presión fiscal por la subida de tasas. Pronto verán ustedes, señorías, no ya sólo la reacción de los interesados o afectados, sino también las repercusiones negativas que esto tiene en determinadas actividades que ahora se han gravado excesivamente por parte de la actual Administración.
Tratamos a la vez de compensar a las administraciones territoriales que ejerzan funciones en materia de servicio público de telecomunicaciones, así como de compensar también por la instalación de antenas, y de clarificar la actual redacción de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Creo que con todo eso intentamos mejorar la actual Ley de medidas fiscales en lo que hace referencia precisamente a dichas medidas. Sin embargo, aunque no parece ser éste el momento oportuno, puesto que veo que hay poca atención por parte de algunas de sus señorías --naturalmente no me estoy refiriendo a quienes siguen el debate, sino fundamentalmente a todos los ausentes, y de un modo especial a la falta de representación por parte del Gobierno--, quería decir que no debería ser necesario que estuviésemos discutiendo esta cuestión. Porque estamos discutiendo de algo enormemente exagerado que contribuye tremendamente a intentar aumentar la burocracia en materia de interpretación de la legislación, y no es la primera vez que decimos que esta situación no se debe volver a repetir --poder sí que se puede mientras tengan ustedes la mayoría.
No podemos modificar en tan breve espacio de tiempo una situación que afecte, como he dicho, nada menos que a 38 leyes, prácticamente a todas las referentes a fiscalidad, a todos los impuestos. No se pueden modificar con una discusión tan breve y tan incoherente, por la cantidad de medidas sobre las que estamos discutiendo, como estamos haciendo en este momento, y menos aún con la poca atención que presta el responsable de esta situación y que es el actual Gobierno.
Y con esto no quiero insistir en la idea de la ausencia del Gobierno, porque estoy seguro de cuál va a ser la contestación: ustedes ya han gobernado y han utilizado también esta opción. Y es cierto, pero, evidentemente, no con la profusión que se está utilizando ahora y más este año especialmente, porque el año anterior el Gobierno fue sensible a este tipo de críticas, racionalmente, y presentó menos modificaciones que el actual.
Esto pone de manifiesto que pasó una legislatura y que el Gobierno anterior quizá fue más coherente que el Gobierno actual porque ha sometido a modificación constantemente, repito, sin haber siquiera entrado en vigor, la mayor parte de la legislación española con una ley discutida, a contracorriente, con muy poco espacio de tiempo y sin saber siquiera si las modificaciones que se introducen parcialmente en la mayor parte de las leyes fiscales españolas tienen una coherencia global.
Insisto en que esta situación no se puede ni se debe volver a repetir. No podemos modificar la fiscalidad de los españoles parcialmente sin someter esas leyes siquiera a una discusión ni saber qué consecuencias pueden tener posteriormente. Y eso es lo que ha ocurrido. Ha venido el señor Ministro de Economía, ha venido el señor Ministro de Hacienda, han discutido permanentemente la situación y han dicho que han rebajado los impuestos. Pero hay una serie de medidas que se están tomando inapropiadamente, porque si hubiera cualquier otro trámite parlamentario además de los que hemos vivido ya, las 70 enmiendas del Senado o los 10 artículos más que ha tenido la ley en el Congreso, se volverían a modificar. No hay una actuación coherente ni la puede haber tampoco con este tipo de actuación. La modificación de la fiscalidad requiere unas leyes discutidas globalmente y que la sociedad las pueda entender. Lo que no puede entender es que cada año se modifique parcialmente la fiscalidad española como se está modificando con esta ley. Y es que con eso, no sólo no contribuimos al beneficio del ciudadano, sino que además discutimos las propias afirmaciones del Gobierno. Porque la consecuencia de esta actuación desordenada es que el propio Gobierno, no es ya que la modifique, es que sube la fiscalidad. Y nos encontramos aquí con que el Gobierno reitera una y otra vez que les ha bajado la fiscalidad a los españoles y la OCDE tiene que venir a decirle que la ha subido nada menos que dos puntos y medio del PIB. Y es que España es el país que ha subido más la fiscalidad en los cuatro años de Gobierno del Partido Popular, y no precisamente porque recaude más, sino porque no sabe lo que hace.
Porque no lo puede saber con este tipo de planteamientos incoherentes a que nos somete cada vez que tenemos que volver a plantear una discusión de la ley de medidas complementarias, tal como estamos haciendo hoy; sin saber cómo queda globalmente cada ley que sufre una modificación parcial; sin poder saber los ciudadanos españoles cómo ver una ley fiscal porque cada año sufre al menos una modificación; sin saber tampoco qué es lo que pretende el Gobierno porque del Congreso al Senado, sin entrar en vigor, se vuelve a enmendar y, además, creo que subrepticiamente, saltándose también una obligación legal, que es de lo que algunos organismos y, en concreto, el Consejo Económico Social, se quejan, porque con tantas modificaciones como introduce el propio Gobierno en la tramitación de la ley, su informe preceptivo no tiene ningún valor, ya que del informe que da el CES al que sale posteriormente no se refieren, evidentemente, a la misma legislación. Por tantas y tantas cosas no debería pasar lo que está pasando en esta ocasión y, repito, de manera diferente al año anterior, donde al menos el Gobierno no solamente fue más coherente en la presentación, sino que fue más prudente a la hora de presentar enmiendas a su propio proyecto de ley.
En consecuencia, racionalmente, no discutamos quién tiene la responsabilidad de haber introducido la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, pues la tiene quien todos ustedes saben: naturalmente una sentencia de un Tribunal, pero la tiene también el propio Gobierno anterior. Por tanto, responsabilidad asumida, y a partir de ahí a ver si somos capaces --aunque lo dudo, porque prestan poca atención, como se puede ver, y de nuevo digo que no me refiero a ustedes, sino precisamente a los que no están-- de no volver a discutir esta cuestión, nos aplicamos más, y procuramos hacer unas leyes en las que se pueda ver su coherencia global, porque las modificaciones se hagan globalmente y porque discutamos todas ellas en las normas tributarias y no cada año, ya que eso no hay ciudadano que lo pueda entender.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que el representante del Grupo Parlamentario Popular, con muy buenas maneras, interviene pero no contesta nunca a nuestras propuestas; al contrario, utiliza siempre los argumentos tradicionales del Partido Popular para responder cosas diferentes de las que se habían planteado.
Por ejemplo, es evidente que la responsabilidad de la ley de medidas proviene de una sentencia del Tribunal Constitucional y también es evidente que nosotros la utilizamos primero; lo que ya no es tan evidente es el uso excesivo y abusivo, que lleva a la incoherencia en los planteamientos, después de las múltiples modificaciones parciales que se están haciendo aquí a las leyes fiscales y que luego, como vuelvo a repetir, nos llevan a un incremento de la presión fiscal de 2,5 puntos del PIB sin que el Gobierno se haya enterado siquiera. Esa es la situación a la que hay que dar respuesta, como también hay que promover el que los ciudadanos puedan entender la legislación, especialmente la fiscal, porque obviamente les toca el bolsillo y no carece de interés para ellos. Hay que dar respuesta y arreglar esa situación.
Además, de nuevo ha introducido una maniobra dilatoria o la misma desviación de siempre: el sofisma favorito del señor Martínez Pujalte
--antiguo conocido mío y de todos ustedes--, que es hablar de la incoherencia del Partido Socialista respecto al apoyo a la pequeña y mediana empresa; incoherencia que no es verdad. Quiero decir, con toda claridad, que incoherencia es haber dicho hace una semana que no es posible que los que tributan por módulos se puedan beneficiar también de la situación de exenciones para las nuevas tecnologías, y esta semana, llegar y plantear la cuestión como si fuera una gran innovación, máxime cuando Convergència i Unió y todos nosotros les habíamos dicho que no era coherente su postura. El gran descubrimiento y la gran coherencia del Gobierno es que lo que la semana pasada no aprobó, ahora es una de sus propuestas. ¡Vaya coherencia y vaya forma de gobernar! De esta manera sólo se demuestra a los ciudadanos que lo que no propone el Partido Popular no sirve, aunque sea positivo para todos.
Nosotros pretendemos que se apoye decididamente a las empresas innovadoras, se estimule la utilización de las nuevas tecnologías y, especialmente, de las tecnologías de la información. Hemos apoyado que no fueran empresas que gestionan hasta 500 millones de pesetas sino 1.000 millones de pesetas y aquellas que, en temas industriales, llegaran hasta 3.000 millones de pesetas. ¿Por qué? Porque estamos intentando beneficiar no sólo a las pequeñas y medianas empresas, en general, sino intentando estimular la innovación en las empresas y no, como ustedes, la discriminación entre empresas, de tal forma que unas paguen menos en el Impuesto sobre Sociedades y otras más, porque eso es, simple y llanamente, una injusticia. Nosotros primamos a las empresas innovadoras porque creemos que es bueno para este país y todas se pueden apuntar a ser innovadoras y pueden estar primadas, naturalmente si innovan y, si no es así, deben pagar el Impuesto sobre Sociedades como todas las demás porque, de lo contrario, están introduciendo una discriminación muy clara entre ellas. Pero una discriminación que no sólo tiene las consecuencias de discriminación, sino que además es perjudicial para todas las empresas, porque ustedes pagan a unas empresas que no son innovadoras, las priman estableciendo entre empresas una competencia desleal --y eso es muy grave-- cuestión que puede ayudar a hundir empresas grandes y buenas y a utilizar la subcontratación de manera permanente y exagerada como ahora, precisamente porque eso fomenta la temporalidad, la competencia desleal y la posibilidad de más accidentes laborales. Además, es contradictorio con la política que ustedes defienden de apoyo al crecimiento y a la internacionalización de la empresa española. Eso no es lo que ustedes están apoyando con esa medida, sino que, repito, es una medida discriminatoria que perjudica a las empresas porque introduce la competencia desleal. Además, hay otra cosa muy importante, y es que no solamente no se aumenta la innovación, sino que además introduce un factor de fraccionamiento de empresas, porque para acogerse al 30 por ciento muchos empresarios van a romper sus empresas en vez de intentar crecer más, con lo cual muchas continuarán siempre teniendo poca capacidad de competir; eso sí, ayudando a ganar mucho dinero a los empresarios, quienes utilizando esta ley fraudulentamente contribuirán a fraccionar sus empresas y a carecer de capacidad real de innovación.
Por eso, el sofisma del señor Martínez Pujalte --que no lo he sacado yo, pero estaba seguro de que lo iba a hacer el Grupo Popular-- no sirve, es falso. Nosotros pretendemos ayudar a la innovación y seguimos pretendiendo ayudar a las empresas que gestionen hasta mil millones de pesetas y a las empresas industriales que lleguen hasta tres mil, pero a las empresas innovadoras y no a todas en general porque, como digo, es introducir una distinción entre empresas que es desleal, injusta y, además, perjudicial para todas las empresas españolas.
Es lo que quería decir. Nada más, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)