Fase: Aprobación.
DS número 0120 de Pleno del 18/12/2002, pag: 7421,7427

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que, en primer lugar, tendríamos que llamar la atención sobre la importancia de esta ley que vamos a aprobar; una ley que sin duda podría entenderse, pero no se entiende si no es con la que aprobamos la semana pasada, de reforma de las haciendas locales, y que, dada su importancia, yo creo que hubiera requerido un consenso bastante mayor. Por desgracia no ha sido así, y diré para empezar que nosotros no estamos de acuerdo
--y así lo hemos manifestado

en las enmiendas-- especialmente en lo que refleja el artículo 14, sobre la actualización de los valores catastrales, y no estamos de acuerdo porque precisamente se le atribuyen al Gobierno competencias que nos da la impresión de que, como mínimo, son dudosas respecto a la Constitución y especialmente a su artículo 134.7.
También creo que es importante destacar, para el mayor consenso que podríamos haber logrado con esta ley, una mayor participación para las comunidades autónomas, porque si bien es verdad que los ayuntamientos están bien representados --aunque se pueda discutir la representación--, las comunidades autónomas apenas tienen un papel de colaboración y de información, y poco más, y no parece que precisamente la trascendencia del catastro inmobiliario sea tan poca en la legislación fiscal como para que las comunidades autónomas queden excluidas realmente de esta actuación.
Creo que además --y así están dirigidas nuestras enmiendas fundamentalmente-- parece sorprendente como mínimo que una ley que se tramita por el procedimiento de urgencia deje aplazada su aplicación en la mayor parte de las cuestiones al año 2006, y, por otro lado, lo relativo al catastro inmobiliario rústico se deje pendiente. Por tanto, tampoco se entiende el carácter de urgencia, y a eso van dirigidas nuestras enmiendas fundamentalmente.
Quiero llamar la atención, sobre todo en lo que respecta a la importancia de esta ley, como he dicho anteriormente, que es una ley que no es sólo una adaptación técnica; hay adaptaciones técnicas evidentes, pero ustedes saben perfectamente que ésa no es la cuestión fundamental de esta ley
--eso es, además de--, no es el objetivo fundamental que persigue. He dicho que no se entiende sin la reforma de las haciendas locales, y diré que todavía se entiende menos sin la supresión del Impuesto de Actividades Económicas para 1992, 1993, o alrededor --tal y como nos dice el Gobierno-- de los contribuyentes del Impuesto de Actividades Económicas, que especialmente --como todos saben-- quedan exentos los que declaran menos de un millón de euros.
Esta situación es bonita, en el sentido de que quien anuncia la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas para algunos contribuyentes queda muy bien --de hecho, rebaja los impuestos, teóricamente, con esta supresión--, pero hay que ir más allá.
En primer lugar, les diré que el Impuesto sobre Actividades Económicas no es una creación del Partido Socialista, como aquí a veces aduce el representante del Partido Popular, sino que fue un intento de sustituir algunos otros impuestos que ya existían e iban en el mismo sentido, como las licencias fiscales de actividades comerciales, industriales y de profesionales y artistas o el impuesto municipal de radicación. No es una invención, es una reforma que contribuye a racionalizar la imposición local, tal y como reza el preámbulo de la antigua Ley de las Haciendas Locales, y, por tanto, no era una novedad.
En segundo lugar, les diré que, efectivamente, queda bien el que hace esa supresión, pero mal el que la tiene que pagar. Por eso requería el mayor consenso, porque habrá que solucionar el agujero que provoca esa supresión. Si se venían recaudando, de acuerdo con los datos reales de 2001, alrededor de 1.414 millones de euros y eran unos 1.800 los que había que recaudar, quedan pendientes más de 600 millones de euros, que los ayuntamientos tendrán que cobrar de alguna manera.
¿Cómo se va a solucionar eso? Es lógico que los ayuntamientos pretendan una compensación y que en buena medida pueda ir a través de la participación en determinados impuestos, pero los impuestos son limitados y hay que buscar nuevas fuentes de recaudación. ¿Dónde está la nueva fuente de recaudación? Una de las nuevas fuentes, efectivamente, es la reforma catastral que aquí se propone. ¿Cuál es? Vamos a subir el catastro de una manera considerable. No le puede quedar ninguna duda a nadie, y por eso digo que esta ley requería de un mayor consenso.
El Gobierno central quedará bien suprimiendo una parte del IAE y los gobiernos municipales quedarán muy mal cobrando más a los ciudadanos por sus inmuebles. Pero no solamente quedaran mal por cobrar más a los ciudadanos por sus inmuebles, quedarán fatal --como todos ustedes saben perfectamente-- porque las revisiones catastrales siempre tienen unas consecuencias cuasi insurreccionales. Ustedes tienen alcaldes que podrán dar testimonio de esa situación, si no se consensua previamente esta actuación, tal y como yo propugno.
Además, esa revisión catastral que se queda en manos del Gobierno pero que, después, quedará como responsabilidad política de los ayuntamientos introduce un nuevo tipo de bienes inmuebles, los relacionados fundamentalmente con la producción de energía y los transportes. Es decir, dos de las cosas que nosotros pagamos más caras que nuestros competidores europeos y donde, obviamente, se pueden trasladar las subidas que vayan a aplicar al consumidor.
¿Qué significa esto? Significa, ni más ni menos, que, no solamente estamos equivocando el procedimiento de tramitación porque se debe consensuar, sino que al mismo tiempo estamos desgravando actividades que tienen a veces cierto contenido inflacionario y gravando actividades productivas que van a encarecer los costes de fabricación y van a elevar la inflación rápidamente. Ese es el sentido que tienen, además, casi todas las medidas fiscales que estamos asumiendo en los últimos tiempos.
Les quiero decir que el momento en que se va a subir el valor de los inmuebles es absolutamente inapropiado, porque estamos claramente en una burbuja, y ustedes lo pueden comprobar en los precios de las viviendas si miran a su alrededor. Si el valor máximo que vamos a aplicar es el valor de mercado, saben ustedes perfectamente que el valor está exagerado y que los ciudadanos van a explotar. Es verdad que los ayuntamientos se sentirán satisfechos porque recaudarán más y que el Gobierno se ahorrará dinero porque recaudará más y no tendrá que compensar con los impuestos estatales, pero también es verdad que el sufrido ciudadano tendrá que pagar mucho más por el valor de lo que ahora está disfrutando con un valor diferente de acuerdo con su valor de uso y no con el valor de mercado actual.
Saben ustedes que nuestro principal problema, si consultan con cualquier experto, se lo dirá, en este momento

es, por un lado, la subida desmesurada de la inflación y, por otro, la baja productividad. Es más, en estos momentos el diferencial de inflación con la Unión Europea ha ido subiendo espectacularmente, hasta tal punto que a final de año podemos tener una previsión del 3,7 en España frente al 2,3 de la Unión Monetaria, y para el 2003 y el 2004 vamos a tener también una diferencia de más de un punto porcentual. Al mismo tiempo también podemos pensar en lo que ha pasado con la productividad.
¿Qué ha pasado con la productividad? Desde el año 1995 hasta el año 2001 la productividad ha subido 0,7 puntos porcentuales, siendo el país en el que menos ha subido la productividad de toda la Unión Europea.
Con esta situación que estamos describiendo. ¿Ustedes creen que se puede ayudar a contribuir a empeorar todavía más la inflación con este tipo de planteamiento? Eso es lo que están haciendo con esta ley, porque el Gobierno está desesperado intentando algún tipo de reactivación, y lo ha conseguido con las peores medidas que podría tomar: por un lado, rebaja impuestos; por otro lado, suprime el IAE y además, con esta medida, grava la actividad productiva. El resultado, que pueden comprobar perfectamente en cualquier manual, es que tenemos una más alta inflación y que todas las rebajas se traducen en subidas de la inflación inmediatamente porque el Gobierno no está actuando adecuadamente.
Vamos a la deriva desde el punto de vista económico; no abordamos ni el problema de la productividad ni el problema de la inflación y si lo abordamos, como en este caso, lo abordamos precisamente para lo contrario, para contribuir una vez más a la subida de la inflación como ya he dicho al debatir otras leyes fiscales que se acaban de aprobar los días anteriores.
¿Cuál será la realidad? ¿Qué aduce el Gobierno frente a esto? Aduce el diferencial de crecimiento que tenemos con Europa, pero subiendo la inflación y cada vez teniendo una productividad con un crecimiento menor, ¿cuánto tiempo puede durar ese diferencial? Francamente bien poco. Una política inflacionaria, como la que estamos haciendo, y una política que cada vez descontrola más la situación económica, a pocos lugares nos puede llevar, aunque el Gobierno siga insistiendo en esa actuación.
Quiero decirles, una vez más, que la solución a esta cuestión estaba en consensuar la actuación, y consensuar la actuación pasaba, como les he dicho anteriormente, en primer lugar por no reservarse el Gobierno, de acuerdo con el artículo 14, la revisión; en segundo lugar, por acordar, siquiera fuera mínimamente, la reducción de impuestos como tenía que ser; en tercer lugar, dar una participación a las comunidades autónomas y, en cuarto lugar, no pasar todo el coste de la subida a los ayuntamientos, sino repartírse la situación, y naturalmente hacer una ley por el procedimiento de urgencia y aplazar su entrada en vigor al año 2006 o a otra ley, como el caso del catastro rústico inmobiliario, no parece comprensible para ningún ciudadano normal.
Ya les he dicho anteriormente que ésta no es una ley técnica, sino que con una ley que mejora técnicamente algunas cosas de la gestión del catastro, incluye una revisión al alza de los valores catastrales y de las cosas que están incluidas en el catastro que gravan el precio de la energía, que gravan el precio del transporte y que gravan a los ciudadanos en la vivienda que ahora están utilizando. Por lo tanto, las consecuencias son negativas y como mínimo habría que tratar de mejorar el papel que el Gobierno le ha concedido en esta ley a la oposición.
Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador señor Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Intervengo para hacer una precisión técnica al portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Decir que un Gobierno está a la deriva evidentemente no es una cuestión de retranca, sino un término marinero que quiere decir, más o menos, que está a merced de unos y otros y sin rumbo. Para ser catastrofista hubiera debido decir seguramente al garete, y tampoco hubiera sido apropiado en esta ocasión porque en este sentido la situación es

bastante excepcional, y el Gobierno ha valorado poco lo que estamos discutiendo hoy.
Efectivamente, no le voy a discutir si el Impuesto sobre Bienes Inmuebles viene de un impuesto u otro, ni tampoco le voy a discutir el IAE, aunque es evidente porque figura en el preámbulo de la anterior ley a los impuestos que sustituía y todo el mundo sabía la actividad que realmente estaba gravada. En ese tema no voy a entrar.
Sí le voy a decir, en primer lugar, que el Partido Popular --y el Gobierno que tan bien lo hace-- debe pensar que es muy raro que cuando bajan los impuestos suba la inflación, salvo que estén haciendo mal algo.
Y no es la primera ley en cuyo debate digo esto, y no por improvisar, sino por mi preocupación, porque ése, más el bajo incremento de la productividad, es el principal problema que tenemos, y no el problema fiscal, y la fiscalidad viene contribuyendo claramente en los últimos tiempos a estropear la inflación, al Gobierno y a esta sociedad. Por eso manifiesto siempre en las leyes fiscales mi preocupación al respecto y estaría bien que alguna vez el ministro de Economía y Vicepresidente se diera por enterado, porque ese es el principal problema que tiene entre las manos desde el punto de vista económico --políticamente tiene más--.
Al final resumiré haciéndole unas pequeñas preguntas.
En primer lugar, el IAE no ha desaparecido, como usted sabe perfectamente. Ha desaparecido para quienes pagan menos o para los que tienen una facturación de menos de un millón de euros, mientras que con el resto, sea el 8 o el 10 por ciento, ¿qué va a pasar concretamente?, ¿les va a bajar el IAE o les va a subir? Esta es una pregunta que hacemos al representante del Grupo Parlamentario Popular, ¿les va a subir el IAE al resto? Segunda pregunta. Después de esta revisión catastral, que es puramente técnica, como usted dice, ¿va a subir el impuesto sobre bienes inmuebles para los ciudadanos o no? Esa es la cuestión. Ya sé que me dirá usted que depende de los tipos que aplique cada ayuntamiento, pero si aplican los tipos que tiene actualmente y no los rebaja porque no tiene financiación suficiente, ¿le va a bajar o le va a subir al contribuyente el Impuesto sobre Bienes Inmuebles? Es clarísimo.
Otra cuestión, clarísima también. Los bienes inmuebles de categoría especial, ¿van a pagar igual o van a pagar menos después de la aprobación de este catastro? Ya sabe de qué le estoy hablando, de los puertos, de los aeropuertos, de las carreteras de peaje, de los tuneles, de las refinerías, de las centrales eléctricas, de la producción de energía y del transporte, fundamentalmente. ¿Van a pagar lo mismo que están pagando ahora o van a pagar más en el futuro? En este último caso, se generará más inflación y aquellos que tengan que pagar la sobrecarga que les pueda suponer esta nueva clasificación tendrán mayores dificultades para competir. Fíjese hasta qué punto es sencilla la pregunta que le formulo al Partido Popular y al Gobierno. Después, veremos si eso es así o si va a ser una medida contraproducente y los ciudadanos van a ver encarecido su recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o no. El 92 por ciento estarán muy contentos por el porcentaje que les hayan reducido pero, ¿el 8 por ciento restante va a pagar más? ¿Estarán contentos también? ¿Cómo se va a financiar que éstos no paguen? ¿Vamos a pagar todos más por las viviendas? ¿Van a pagar más todos estos bienes inmuebles de categoría especial que se crean ahora? ¿Va a suponer eso un encarecimiento real de la producción porque va a suponer más transporte y más coste de energía, lo que implica una menor competitividad? Ahora tiene ocasión de contestarnos.
Finalmente, quiero decir que no hemos visto por ninguna parte el carácter de urgencia. No hemos visto flexibilidad en relación con el hecho de que el Gobierno se asigne competencias reservadas a la ley; tampoco hemos percibido esa flexibilidad en cuanto a la participación de las comunidades autónomas; y, por ello, tengo que decirle que mi grupo parlamentario votará a favor de las mejoras técnicas, pero puesto que no se nos ha requerido al menos para hablar, no nos vamos a responsabilizar de la situación explosiva que se pueda generar. Le advierto a usted
--aunque ya lo sepa perfectamente porque lo ha calificado de «catastrazo» o de «decretazo», que son acepciones populares sobre aquellas cuestiones que hacen mal los Gobiernos-- que si no se cuenta con nosotros, no nos vamos a responsabilizar.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.