La propuesta de veto número dos corresponde al Grupo
Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.
Señorías, es bastante sorprendente que un proyecto de ley de la
trascendencia de la general tributaria que vamos a discutir hoy tenga tan
escasa expectación, porque no sólo afecta a todas sus señorías, sino básicamente
a la relación de los ciudadanos con la Administración tributaria, lo
cual parece una cuestión fundamental.
La ley que vamos a liquidar es la general tributaria, que se aprobó el 28
de diciembre de 1963 y que ha tenido un papel muy importante en la
modernización de la Administración española y de la economía en
general.
Sin duda tuvo sus efectos evidentes en el sistema económico español, y
especialmente planteó cierta seguridad jurídica en la relación de la
Administración tributaria con los contribuyentes.
Posteriormente, con el transcurso de los años y especialmente con la
aprobación de la Constitución --aunque también por todas las
transformaciones económicas que han ocurrido en España--, se ha hecho
necesaria su modificación. Ha tenido muchas adaptaciones --creo que
bastante positivas-- y actualmente nos encontramos con una situación muy
diferente a la que la antigua ley contempló. Aquella ley cumplió, sin
duda, su función, y hoy la complejidad de las relaciones de la
Administración tributaria con los ciudadanos exige, sin ninguna duda
también, su actualización.
Durante estos últimos años han ocurrido muchas cosas, especialmente un
cambio fundamental en el sistema tributario español. Anteriormente era la
propia Administración la que fijaba las condiciones a los contribuyentes,
mientras que hoy prácticamente está generalizado el sistema de
autoliquidación de los impuestos. Por lo tanto, tenemos una relación
bien diferente con la Administración.
Esta ley es muy importante para el futuro de España y, si nadie lo
remedia --y no parece que vaya a remediar nadie-- saldrá sin el apoyo, ni
siquiera parcial, del principal partido de la oposición. Permítanme
recordarles que este hecho es muy grave porque la legitimidad de la
Administración tributaria es un punto fundamental para poder solicitar el
esfuerzo fiscal a los ciudadanos.
No cabe duda que, de acuerdo con las encuestas que se vienen publicando
--la última, muy recientemente--, los ciudadanos siempre creen que no sólo
no pagan más los que más tienen sino que hay muchos que ni siquiera
pagan. Tal y como se comentaba en la comisión, todos deberíamos
preguntarnos quién paga los impuestos en España; aunque la respuesta es
también bastante evidente para todos: los impuestos en España los paga
la gente que está sujeta a nóminas y las rentas de capital sometidas a
retención.
Por otra parte, la patronal ha alertado en repetidas ocasiones en el
sentido de que las actuales cotizaciones suponen un impuesto sobre el
trabajo y, sin embargo, no se ha hecho nada por remediarlo. En el modelo
de desarrollo económico que ha implantado este Gobierno los más
perjudicados son siempre los trabajadores con peor cualificación.
Recientemente, un diario de difusión nacional daba cuenta de un informe
que señalaba la desigual distribución de los funcionarios en España.
Faltan funcionarios en toda la periferia --que es muy dinámica en términos
económicos--, y sobran funcionarios en muchas provincias del interior.
La Asociación de Inspectores Fiscales permanentemente pone en cuestión
el trabajo que realiza la Inspección y las directrices marcadas por la
misma, tal y como pueden ver en Internet. El resto de los funcionarios de
la Agencia Tributaria se manifiestan en el mismo sentido pero además, por
ejemplo, se quejan de que los objetivos fijados no son reales o que la
lucha contra el fraude deja escapar fundamentalmente las ingenierías
fiscales por falta de instrumentos, de tiempo o de personal; en
definitiva, por causas que no se solucionan con la ley que ahora estamos
debatiendo. Asimismo, en la Agencia Tributaria subyacen problemas
relativos a las categorías profesionales --que ustedes no han querido
reformar a pesar de las
sucesivas enmiendas que nosotros hemos presentado en este sentido--,
debido a las grandes diferencias salariales existentes y, sin embargo, con
una formación y funciones muy similares. Cualquier experto en recursos
humanos les podría decir que una situación de este tipo tiene que
generar necesariamente un mal clima laboral en la Agencia Tributaria
--tal y como podemos apreciar permanentemente en los medios de comunicación--,
que naturalmente repercute en su eficacia. Por otra parte reconocemos que
se ha producido un gran proceso de modernización, hasta el extremo de que
se pueda comparar la informatización, por ejemplo, con la de cualquier
otra Administración tributaria europea.
Sinceramente, a mi grupo parlamentario le hubiera gustado modificar su
posición y poder avalar esta nueva ley general tributaria que, por otra
parte, ha contado con el trabajo de expertos muy cualificados. En este
sentido, quiero mencionar que ha sido defendida, entre otros, por un digno
catedrático, el señor Ferreiro, que ha sido presidente del Consejo para
la Defensa de los Contribuyentes, que ha abogado por lo positivo de esta
ley, sobre todo en lo que hace referencia al descenso de la litigiosidad.
Sin embargo, la admisión parcial de dos únicas enmiendas
--que, además, no abordaban temas sustanciales-- no es suficiente para
que el Grupo Parlamentario Socialista pueda modificar su posición.
Lejos de utilizar su mayoría absoluta, debería haber buscado el acuerdo
y, además, haber otorgado un reconocimiento al Senado, que no le da. En
los últimos años, es práctica común que las ponencias --como saben
ustedes perfectamente--, sólo sirvan para incorporar las enmiendas del
Grupo Popular a sus propios proyectos, ya que los representantes del Grupo
Popular en las mismas no tienen ninguna capacidad de negociación con los
otros grupos parlamentarios. Despreciar el papel del Senado como Cámara
de segunda lectura es un problema grave a la hora de negociar las leyes y,
sin ninguna duda, tendrá sus consecuencias; de hecho, ya las está
teniendo.
Quiero llamar su atención sobre las interpretaciones unilaterales de la
Constitución --y, en particular de su Título VIII--, a las que nos tiene
acostumbrados el actual Gobierno porque, aunque parezca que no tiene nada
que ver, también es importante y está de actualidad. El Título VIII no
quedó sin cerrar por un olvido de los constituyentes; es un punto
fundamental, como también lo es el consenso que deberían haber buscado.
Si se cierra unilateralmente, interpretando ese título, algunos pueden
percibir la sensación de que el marco jurídico les venga estrecho y
pretendan salirse del mismo. Ustedes saben que las consecuencias están
bastante claras, e incluso están anunciando un creciente proceso de
inestabilidad política. Estas son las consecuencias de la falta de
negociación y de interpretar la Constitución unilateralmente; éstas son
las consecuencias que se pueden devenir de que una ley como ésta haya
pasado, sin pena ni gloria, el trámite de discusión en el Senado.
Creo que el Grupo Popular y el Gobierno están tirando por la borda mucho
tiempo de acuerdos y mucha capacidad de negociación, de las que en otros
momentos se han hecho eco los diversos gobiernos.
Por tanto, en la defensa de esta propuesta de veto quiero intentar que el
Grupo Popular haga la siguiente reflexión: la forma apresurada de
tramitar las leyes que se utiliza últimamente no es adecuada a la situación
que estamos viviendo y a un país moderno como el que queremos.
Una vez más, no disponemos de interlocutor para hablar porque, como ya he
dicho, los senadores van a las ponencias con la intención de incorporar
las enmiendas que les dicta el Gobierno del Partido Popular, a pesar de
que en esta Cámara hay senadores que podrían buscar algún consenso,
pero o bien no están autorizados para ello o no quieren hacer el esfuerzo
que sería necesario, máxime en el caso de una ley como ésta, que
requiere de un acuerdo para tener una legitimidad mucho mayor de la que
otorga la simple mayoría del Grupo Popular.
Por otra parte, carecemos de interlocutor, porque nada menos que en la Ley
General Tributaria tenemos la ausencia del Gobierno, que podría decir
alguna cosa al respecto en este momento y remediar aquello que vamos
camino de hacer irremediable ya, y es que esta ley salga únicamente con
el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.
Creo, además, que éste es el lugar adecuado, porque como ya dije también
en comisión y no me voy a extender ahora sobre ello, este nuevo sistema
tributario es bien diferente del anterior en el sentido de que estamos
enfrentándonos no solamente al anticuado sistema tributario anterior,
sino que nos estamos enfrentando a un sistema tributario que hemos
descentralizado, un sistema tributario en el que las comunidades autónomas
tienen una gran participación en los impuestos estatales y, por tanto,
algo deberían poder decir al respecto. Lo único que saben ustedes es que
las comunidades autónomas pudieron hacer un acuerdo que se firmó hace
unos pocos días previendo la tramitación de esta ley para su participación
en la Agencia Tributaria, pero eso sí, no para tomar decisiones, únicamente
para reflexionar, y la verdad es que la importancia de los impuestos
compartidos es tan grande hoy para las comunidades autónomas que deberían
tener una mayor participación, y el Gobierno, sin duda alguna, debería
haberlos tomado en consideración. No en vano los impuestos transferidos
suponen una parte fundamental de las asignaciones de las comunidades autónomas,
y van destinados, además, a financiar servicios fundamentales para el
bienestar de los ciudadanos.
Hacer todo eso sin ninguna participación de las comunidades autónomas en
la gestión real de los tributos, en la toma de decisiones, en la Agencia
Tributaria, en la corresponsabilidad fiscal; en definitiva, creo que no es
precisamente un acierto del Gobierno actual, y viene a incidir en lo que
decía anteriormente: que nos encontramos en una situación tal, de una
interpretación unilateral del Título VIII de la Constitución, que
alguien puede tener la tentación de salirse del marco. Ustedes, después,
no podrían llamarse a engaño. La responsabilidad real no es únicamente
de la gente que se radicaliza, aunque sí es cierto que ésos son los
responsables directos, pero también hay un responsable claro, que es el
que cierra los caminos de la participación que la Constitución dejó
claramente abiertos, porque ésta tenía un carácter claramente
integrador de la diversidad que ustedes han olvidado repetidamente
durante estos últimos años de gestión. Naturalmente, después tendrán
que hacerse responsables también de las consecuencias aunque éstas, por
desgracia, afectarán a todos, contribuyentes o no, pero, en definitiva,
ciudadanos españoles.
Por último, quiero decir que las prácticas tradicionales de la Agencia,
a las que va a venir a amparar este proyecto, son prácticas que todos
ustedes conocen y que denuncian.
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor LERMA BLASCO: Estoy terminando.
... los inspectores con frecuencia: Se persigue exhaustivamente al pequeño
contribuyente y al gran defraudador o elusor no se le puede controlar
porque no hay medios suficientes, tiempo u organización. En esa situación
el fraude fiscal y la elusión cada vez son mayores y no menores, como
debería ser, como, por otra parte, sostiene no este senador sino el
Consejo de Estado en su informe, que es bastante exhaustivo y bastante
demoledor para el proyecto del actual Gobierno, y lo sostienen también,
como ustedes saben, los 1.200 de los 1.400 inspectores fiscales afiliados
a su asociación profesional.
Ciertamente hay que tener en cuenta, como digo una y otra vez, que los
impuestos compartidos hoy son una parte fundamental del sistema tributario
español, que son fundamentales para la financiación de servicios
esenciales a los ciudadanos desde las comunidades autónomas y que, por
tanto, ustedes deberían tomarlos en consideración, no sólo firmando un
acuerdo para la colaboración sino realmente dejando que las comunidades
autónomas tuvieran corresponsabilidad fiscal, pero con este proyecto no
les queda más remedio que acogerse a la generosidad, que no es mucha, del
Gobierno actual.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
Seguimos en las mismas que yo denunciaba en mi intervención: carecemos
de interlocución para resolver un conflicto. El Grupo Parlamentario
Popular se ha limitado una vez más a repetir las posiciones del Partido
Popular expuestas en la ley y lo bien cierto es que no admite que existan
otras posiciones, y lo que es peor: si las admite, admite expresamente que
no sólo no han buscado el consenso, sino que sabían de antemano que era
imposible alcanzarlo. Porque eso es lo que ha venido a decir cuando ha
hablado de que la política económica y la política tributaria están
enlazadas directamente y que, obviamente, no podemos compartir la política
tributaria porque la política económica no la podemos compartir.
Yo le quiero decir que ése es el centro de un debate importante y que
tendríamos que saber realmente cuál es la política económica del
Partido Popular para saber probablemente la política económica que se
quiere hacer y la política fiscal que se quiere hacer. Sabemos cuáles
son las dos políticas y me temo que las dos son erráticas y no
benefician al desarrollo del país, sino más bien todo lo contrario. Creo
que la situación real de la política fiscal es profundamente errática,
equivoca siempre el ciclo económico, hacen declaraciones contractivas y
políticas fiscales expansivas, que no se sabe realmente el efecto que van
a tener en la economía. Cuando las circunstancias aprietan por un lado,
se sale por el otro. En definitiva, no hay una política económica
coherente, cuando la coherencia de la política fiscal se sabe cuál es
porque los informes de la OCDE no paran de certificarlo. La bajada de
impuestos permanente a la que ustedes aluden no se justifica por ningún
lado, simplemente cambian, eso sí, destinatarios de impuestos, pero saben
perfectamente, porque así lo dicen una y otra vez los informes de la
OCDE, en los que ustedes participan y pueden certificar o no las
posiciones, que ustedes han aumentado la presión fiscal en España con
toda claridad. Y lo han hecho, naturalmente, no a través de los impuestos
directos, que son más progresivos, sino a través de los impuestos
indirectos, que contrariamente a la doctrina que ustedes defienden de la
capacidad de la gente, a la hora de pagar en esta ley resulta que no pagan
más los que más tienen, sino que normalmente ocurre una cosa diferente,
en la que por cierto, deberían haber incidido a la hora de definir el
impuesto de una manera diferente porque la capacidad no es únicamente la
justificadora de los impuestos.
Ciertamente, insisto en que ustedes han intentado no llegar a un acuerdo
en una materia tan importante como es la relación de la Hacienda pública
con los ciudadanos. Me parece francamente mal y, además, suicida, porque
ese tipo de cosas influye decisivamente en la legitimidad del impuesto.
Ustedes sabrán lo que hacen, como les he dicho también en la política
autonómica y en el Título VIII de la Constitución, pero las
consecuencias las tenemos ahí y también las tendremos en la política
fiscal. Cuando más gobiernen, seguramente estará más deslegitimada su
posición en estos asuntos. Desgraciadamente, esto es grave para todos,
aunque se empeñen en defender una y otra vez su posición, que es todo lo
respetable del mundo, incluso mayoritaria en estas Cámaras, pero que, sin
duda, no es la única que hay. Tienen que reconocer que los demás también
cuentan y que creo que, probablemente, nosotros estamos más acertados.
Usted ha reconocido aquí que no han buscado el consenso porque las políticas
económicas son diferentes, qué grave error acaban de cometer.
Además, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha certificado una
vez más el problema de esta ley y de su actuación. Han dicho que tratan
de reducir la litigiosidad que, evidentemente, es una cuestión que todos
defendemos. Ahora bien, según el informe del Consejo de Estado, que sólo
me he leído parcialmente según la representante del Grupo Parlamentario
Popular, la regulación anterior sobre el fraude era más adecuada por más
precisa y acorde con la Constitución, pero me lo he leído todo y no he
encontrado muchas cuestiones positivas para el Gobierno, pero en cualquier
caso su señoría ha dicho que el fraude de ley ha sido prácticamente
inexistente por falta de pruebas. Ha hablado de falta de pruebas, no por
falta de instrumentos legales. Eso quiere decir que no les han faltado
instrumentos legales en la ley anterior, sino que lo que les ha faltado ha
sido inspectores con tiempo o medios suficientes para poder probar que ese
tipo de ingeniería fiscal está costando muchos dineros a los
contribuyentes y, desde luego, está haciendo un sistema fiscal injusto.
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor LERMA BLASCO: Nada más he querido decir que esta ley no le ha
dado instrumentos suficientes a la Hacienda para hacer posible que
tengamos un sistema fiscal más justo.
Nada más y muchas gracias.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.
No voy a entrar en el contenido concreto de las enmiendas, sólo quiero
hacer referencia a lo que hemos pretendido hacer, y es dar instrumentos
jurídicos para combatir el fraude fiscal y contribuir a hacer un sistema
más justo y menos discrecional, lo que sin ninguna duda redundaría en
las menores necesidades de control sobre la Agencia Tributaria. Y hemos
pretendido también dar una nueva definición a los tributos que se
corresponda no con la capacidad de pago de la gente, sino con otras normas
que están en vigor en estos momentos y que forman parte del sentido de
los tributos, como la defensa del medio ambiente o las cuestiones más
relativas a la disuasión de determinadas conductas que son perjudiciales
para la sociedad.
Se trata de una definición anticuada del impuesto la que se recoge en
este proyecto, y hubiera sido más positivo --y no hubiera entrado en
conflicto sin ninguna duda con la actual política económica del
Gobierno-- haber podido solucionar esta cuestión con una negociación
sosegada en la ponencia, incluso posteriormente en comisión. Pero, en
cualquier caso, no parece haber sido ése el sentido, y así lo hemos
interpretado, por lo que no voy a insistir demasiado en las enmiendas.
Sí me gustaría decir que hay otras enmiendas positivas, de carácter técnico,
que contribuirían, sin duda, a mejorar la aplicación de la ley, porque
servirían para aclarar determinadas cuestiones; por ejemplo, nuestra
enmienda número 116, hace referencia a la entrada en vigor de las
ordenanzas fiscales de las corporaciones locales, y tendría mucha lógica
que hubiera quedado recogida también en esta ley como una simple enmienda
de adición, aunque también se ha querido mostrar como si quisiéramos
romper la política económica, cuando es tremendamente razonable y además
contribuiría a una interpretación de la ley más normal, sin entrar en
conflictos con las corporaciones locales, cosa que podría ocurrir
perfectamente por la indefinición del alcance completo de esta ley, que
no se sabe realmente hasta dónde puede llegar su aplicación: si a
corporaciones locales, si a comunidades autónomas o sólo a la
administración central. Son cosas racionales y que no suponen ningún
problema para el modelo de sociedad, como plantea el Grupo Parlamentario
Popular actualmente.
También quiero decir que hemos procurado dar instrumentos jurídicos
reales para poder combatir el fraude y la elusión, y que eso está
recogido perfectamente en nuestra enmienda número 118 --el antiguo fraude
de ley--, que nosotros hemos denominado abuso en la aplicación de la
norma, y que el Partido Popular o el Gobierno han preferido denominar
conflicto. Pero, en cualquier caso, queda absolutamente indeterminado y no
se pueden sancionar esas conductas, por lo que tampoco la actual redacción
servirá para combatir el fraude fiscal, perfectamente diseñado y
organizado, y en el que la Agencia Tributaria, por desgracia, no tiene
suficiente alcance.
En consecuencia, con estos temas --que no entraban a cuestionar para nada
la política económica del Gobierno-- se podría haber solucionado
perfectamente el problema del fraude fiscal, convenientemente organizado.
No ha podido ser; yo no le arriendo la ganancia al Gobierno, y, en
cualquier caso, le deseo lo mejor, señor presidente, para que pueda
aplicar adecuadamente esta ley, y los ciudadanos no se sientan defraudados
por un sistema tributario que cada vez, a pesar de lo que diga el
Gobierno, cobra más a los ciudadanos que pagan ya, y menos a los que
siguen eludiendo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.
Esta mañana hemos tenido un pequeño debate en torno a la totalidad de la
ley en el que ha dado la impresión de que, efectivamente, se trataba de
unas concepciones radicalmente distintas y que por eso era muy difícil
llegar a acuerdos concretos con esta ley. Esta tarde, y sin haber
profundizado demasiado, a poco que hemos podido entrar en las enmiendas,
nos hemos dado cuenta de que con ellas no estamos cuestionando el sistema,
sino que estamos procurando contribuir a mejorar la ley y muy
especialmente a hacer posible que la lucha contra el fraude vaya mejor.
Insistir una vez más en esto no tiene mucho sentido.
El Partido Popular ha decidido que esta ley no la puede votar la oposición,
me parece mal, pero esa es su decisión. Y, en cualquier caso, si no ha
tomado esa decisión lo que ha hecho fundamentalmente --como he dicho esta
mañana-- ha sido no valorar el papel que puede jugar el Senado: únicamente
sirve para introducir sus enmiendas a la ley que ellos mismos han hecho y
los demás ya no tenemos ninguna función. Porque, insisto una vez más
aquí, las ponencias sirven no para discutir las enmiendas de los demás,
sino para imponer las enmiendas que tiene el Grupo Parlamentario Popular
al propio proyecto de ley del Gobierno, y nada más, pero para eso no sé
si es necesario hacer reuniones de ponencia y perder el tiempo. Realmente
no sé si el Partido Popular volverá en alguna ocasión a traer algún
interlocutor al Senado que sea capaz de negociar las leyes que aquí
tenemos que elaborar con la misma importancia que en el Congreso; cuando
los traiga nos sentaremos y ya hablaremos con ellos a ver qué se puede
hacer.
Sigo insistiendo en que ésta es una ley demasiado importante para las
relaciones con los ciudadanos como para que salga nada más con los votos
del partido del Gobierno, por muchos que éstos puedan ser, y que la
legitimidad en materia de impuestos es un tema fundamental que el Gobierno
debería ser el primero en cuidar.
Nada más y muchas gracias.
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