CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO Año 2002 VII Legislatura Comisiones. Núm. 395 COMISION DE HACIENDA PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SIXTE CAMBRA I SANCHEZ celebrada el miércoles,4 de diciembre de 2002 DICTAMINAR EL PROYECTO DE LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO (621/000098.) COMISION DE ECONOMIA, COMERCIO Y TURISMO PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE SEGUI DIAZ

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.
Podría comenzar la defensa de nuestras enmiendas insistiendo en la redacción del artículo 14 de este proyecto de ley, sobre la actualización de valores catastrales, o en las facultades que se le conceden al Gobierno para la refundición de la ley. Asimismo, podríamos hablar del escaso papel que en este proyecto se concede a las comunidades autónomas, y buena muestra de ello son prácticamente todas las enmiendas que han presentado los grupos territoriales en la Cámara. Por último, podría llegar a criticar la declaración de urgencia de esta ley, cuando su contenido tiene que entrar en vigor en 2006, e incluso, digamos más, el catastro inmobiliario queda pendiente de una ley que determine el momento de su aplicación, de ahí que la urgencia sea absolutamente ininteligible.
Pero no voy a criticar esas cuestiones, las cuales, por cierto, forman parte del contenido de nuestras enmiendas, sino que mi intervención se va a centrar en mi visión sobre este proyecto de ley. Ya he dicho en otras comisiones, e insisto ahora, que estamos en una situación de tremenda productividad legislativa en el caso del Ministerio de Hacienda.
Ciertamente, la ley de presupuestos viene obligada por el año, y la ley de medidas, por una sentencia, pero en cualquier caso considero excesiva esa producción legislativa.
Al margen de eso, en estos momentos hemos tramitado precipitadamente, con urgencia, la ley de haciendas locales, lo que considero grave para un sistema de financiación, puesto que éste debe dar estabilidad al funcionamiento de los municipios. No he intervenido durante el debate de la ley anterior, pero me parece que está muy directamente relacionada con la ley que ahora estamos debatiendo. (El señor vicepresidente, Alegre Escuder, ocupa la Presidencia.) En concreto, el Impuesto sobre Actividades Económicas está muy directamente relacionado con el catastro, ya que precisamente por el hecho de que se va a suprimir dicho impuesto se debe modificar el tema catastral.
No es el catastro, como se suele decir habitualmente, una cuestión técnica ni una mera reforma de un registro para modernizar su actividad.
Tampoco es, a pesar de que no me he negado a la tramitación directa de este proyecto de ley sin designar Ponencia, una ley técnica. Esta es una ley muy política y, en mi opinión, de muy graves consecuencias económicas. Y lo explicaré, anunciando de entrada que no estoy haciendo una defensa partidista de esta cuestión, como procuro no hacer en ninguna intervención, sino que voy a dar mi visión sobre lo que interesa a la economía española.
Acabo de decir que esta ley está muy directamente relacionada con el Impuesto sobre Actividades Económicas, que, por cierto, no se ha suprimido completamente, sino solamente para los contribuyentes que declaren menos de un millón de euros. ¿A cuántos de ellos afecta? En ocasiones el Gobierno ha dicho que al 93 por ciento, pero no lo sabemos realmente; y precisamente de eso adolece la supresión: de no saber demasiado de sus efectos. Al igual que dice el viejo principio, tampoco el dinero se crea ni se destruye, sino que se transforma, por lo que es evidente que no estamos en una situación de supresión del IAE a cambio de nada.
¿Cuál es la respuesta? No una compensación a los municipios, cuestión que, como es lógico, les preocupa, y aquí ya hemos tenido una visión municipalista de ese hecho: los municipios están preocupados por sus ingresos y quieren que el Gobierno les compense por la merma del IAE.
Pero la compensación no es neutral, y el Gobierno ha ideado una fórmula, aunque no sabemos realmente lo que se va a ingresar, porque en esta ley queda todo pendiente. En cualquier caso, como digo, el catastro no es sólo un registro y tampoco es neutral, porque posteriormente tiene que incidir directamente en la aplicación de los impuestos que tienen su base en él.
¿Cómo se ha solucionado el asunto? Yo diría que de la peor manera posible Ñy pido perdón, porque no quiero molestar al partido del Gobierno--, porque se ha hecho a través de la creación de unos bienes inmuebles especiales. ¿Cuáles son éstos? Los que tienen como consecuencia la producción de energía eléctrica y gas, los del refino de petróleo, o las centrales nucleares. Y no todos los municipios pueden alardear de contar con éstos, aunque sí de otros, por ejemplo, las presas, los saltos de agua y los embalses, incluidos su lecho o vaso. Todos estos son bienes de características especiales que se crean expresamente a través de esa definición catastral. (El señor Sánchez Sánchez-Seco: Ya estaban.) Efectivamente, estaban contemplados, pero no cotizaban como ahora pueden cotizar. También entran en esta categoría de bienes las autopistas, las carreteras de peaje y los aeropuertos y puertos comerciales. Como digo, no sabemos qué tratamiento van a tener todos esos bienes. Precisamente se ha dicho que algunos de ellos ya estaban creados, pero no tenían estas características, y contaban con una exención que me parece recordar es del 95 por ciento, exención que a partir de ahora no sabemos cuál será, aunque, obviamente, no puede ser la misma si hemos destruido una clara fuente de ingresos.
Con esto quiero decir que vamos a suprimir el IAE para mucha gente:
profesionales --estupendo--, comerciantes --también estupendo--, y para todas aquellas personas que facturan menos de un millón de euros. Todos nos apuntamos a eso. Ahora bien, ¿qué consecuencias va a tener esa medida? Unas consecuencias económicas muy claras: vamos a gravar, para compensar, fundamentalmente lo que he dicho: la producción de energía y el transporte, algo que rápidamente se trasladará al consumidor. Es decir, vamos a desgravar actividades que normalmente no son productivas para gravar aquellas que sí lo son, y además lo haremos horizontalmente, porque esa medida afectará a los comerciantes o profesionales que se han librado del IAE y también a todas las actividades productivas, con lo que facilitaremos que la gente, en lugar de aumentar su dimensión económica, la reduzca para no estar incluida en el grupo de los que sí tienen que pagar el IAE. Es decir, estaremos haciendo lo contrario de lo que deberíamos: ayudar a las empresas a crecer, y simultáneamente, gravar a las

empresas productivas. ¿Qué resultado obtendremos con ello? Pues obtendremos el resultado que ya he avisado que tendríamos en todas las intervenciones que estamos haciendo a propósito de las leyes fiscales:
más inflación y menos competitividad, e iremos perdiendo peso paulatinamente respecto de la modernización del país.
¿Pero es que nadie piensa globalmente en las consecuencias macroeconómicas de las actuaciones de Hacienda? Porque me parece bien que un alcalde defienda su financiación, pero el Gobierno tiene otra obligación, que es defender el interés general, y con este tipo de actuaciones no sólo no se defiende el interés general, sino que se lucha por incrementar la inflación. El ministro de Economía ya ha reconocido algo que negó anteriormente, y es que al menos medio punto de la inflación actual es consecuencia de la subida de impuestos indirectos del año anterior, aunque en mi opinión no es sólo medio punto, sino bastante más. Cuando esta ley entre en vigor en el año 2006, la inflación subirá mucho, porque la pérdida de ingresos que se experimenta ayudando a actividades no productivas y gravando las productivas se ha de notar necesariamente.
Y sobre este tema es sobre el que quería llamar la atención de sus señorías. Las enmiendas se han presentado y ya he dicho sobre qué versan fundamentalmente, en mi opinión las mismas podrían ser tomadas en consideración, pero el hecho más grave de la cuestión --no ya desde el punto de vista municipalista, que tiene que garantizar sus ingresos-- es que se trata de una ley que, de acuerdo con la aplicación de la nueva legislación hacendística, va a generar más inflación, y la inflación es el impuesto más regresivo de todos porque afecta a quienes no se pueden defender, que son los que no están organizados, los que están dispersos y tienen menos posibilidades de protestar.
Nada más, y muchas gracias, señor presidente.