EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS, ADOPTADO EN SU REUNIÓN DEL DÍA 4 DE ABRIL DE 2006, POR EL QUE SE INICIA EL PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA (MÁLAGA) (S. 703/000001).

El señor PRESIDENTE: Señorías, punto quinto del orden del día.
Informe de la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre la iniciativa del Gobierno de disolución de los órganos de las corporaciones locales en relación con el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en la reunión de 4 de abril de 2006, por el que se inicia el procedimiento de disolución del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), publicado en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 4 de abril.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.
 

El señor LERMA BLASCO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, es un asunto grave y excepcional el que nos trae aquí esta tarde y nos ha llevado esta mañana a tomar una decisión en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Quiero empezar con una felicitación para todos, no por el asunto que tratamos sino porque nuestras instituciones han demostrado que funcionan. Ha funcionado la Fiscalía --a la que cabe felicitar--, ha funcionado el juez, ha funcionado la Junta de Andalucía y ha funcionado el Gobierno de España.
Esto es lo que nos trae aquí a tomar esta decisión.
Es evidente que no es una decisión agradable. No es agradable, en primer lugar, porque se trata de un caso grave de corrupción. Probablemente, la peor situación en que nos podamos encontrar es aquella en que los responsables

públicos --en este caso concreto, alcaldes y concejales-- no sean adecuados depositarios de la confianza que los ciudadanos les han otorgado en unas elecciones democráticas. Es un hecho realmente abominable.
En segundo lugar, no es una decisión agradable porque se trata de una intromisión en la autonomía municipal. Es verdad que está amparada por la legislación pero, en cualquier caso, nuestra legislación, que establece la posibilidad de disolver una corporación local en el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, como ya han recordado todos los intervinientes, ratificada a su vez en el artículo 183 de la Ley Electoral, fija, frente a la posible intromisión de otro órgano político, una garantía para la autonomía de la Administración local, que se encuentra recogida --no lo olvidemos-- en el artículo 140 de nuestra Constitución. La autonomía local es, pues, un requisito constitucional, y absolutamente respetable y defendible. El legislador ha querido poner una garantía a la intervención política que es, ni más ni menos, que el Senado. Para nosotros ésta es, por tanto, una decisión importante, una decisión fundamental para hacer respetar la autonomía local frente a la posible intromisión de otros poderes.
Éste es el primer precedente en la democracia española en cuanto a disolución de una corporación local se refiere, y hemos tenido que meditar mucho sobre ello. Pero al amparo de las pruebas presentadas tanto por la Junta de Andalucía como por el propio Gobierno de España y por los órganos judiciales, no nos cabe ninguna duda de que tenemos que actuar con respeto hacia esa autonomía local; con toda claridad afirmo que debemos actuar en defensa de dicha autonomía, que es un requisito constitucional recogido en su artículo 140.
La autonomía local es fundamental porque es el primer escalón en la credibilidad que los ciudadanos conceden a las administraciones públicas, pues son precisamente los órganos locales los que tienen el contacto directo con los ciudadanos y, por tanto, los que dan más claridad y más credibilidad a la Administración en general.
Insisto, pues, en que, en defensa de la autonomía local, de la credibilidad de las instituciones democráticas, y por supuesto, en defensa de los miles y miles de concejales de toda España y de los más de 8.000 alcaldes, tenemos la obligación de actuar positivamente dando el plácet al Gobierno de España y a la solicitud de la Junta de Andalucía.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.